Sin que Javier Milei hubiera asumido aún, diversos sectores de la producción comenzaron a anunciar suspensiones y despidos en grandes plantas industriales y en obras de infraestructura.
Se trata de un adelanto de lo que podrá pasar en los próximos meses a partir del modelo económico que, en líneas generales, se espera que aplique la nueva gestión.
Un día después del balotaje, el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, reconoció que las empresas del sector ya habían decidido enviar telegramas a partir de la intención de congelar la obra pública. El sindicato Uocra de Neuquén confirmó una semana después el despido de 500 trabajadores en los obradores ubicados en Vaca Muerta contratados por las constructoras Techint y SACDE. La CGT de Río Cuarto denunció el envío de cien telegramas de despido a los trabajadores de la constructora Luciano S.A. que se desempeñaban en la autovía que unirá esa ciudad con Holmberg. BTU S.A. cesanteó a más de veinte obreros que realizaban obras de mantenimiento vial en Las Cejas, Tucumán.
Para la entidad sindical, los despidos en el sector vinculados con el yacimiento de Vaca Muerta podrían llegar hasta los 10 mil trabajadores antes de fin de año a la vez que se encuentran afectados a obras con financiamiento público unos 300 mil trabajadores que se desempeñan en poco más de 2300 obras en ejecución y unas 615 en fase de proyecto.
El impacto sobre el empleo indirecto es difícil de establecer, pero la paralización de la obra pública afectará toda la cadena de valor y de provisión de insumos en gran parte garantizada por Pymes metalúrgicas y de otros sectores.
A la vez, el Grupo Mirgor, vinculado a la familia del ministro de Economía entrante, Luis “Toto” Caputo, anunció en Tierra del Fuego la cesantía de casi mil trabajadores contratados y la suspensión del personal de planta en sus tres fábricas de electrodomésticos, aires acondicionados y autopartes. La compañía asegura tener dificultades para acceder a los insumos que necesita por el freno a las importaciones y los límites para el acceso de divisas.
Sin embargo, los lineamientos generales del plan económico auguran una apertura comercial que podría tornar obsoleto todo el parque industrial provincial que se agravaría si, además, en el marco del ajuste fiscal que preparan, se modifica de alguna forma el régimen de promoción industrial que implica un gasto tributario (exenciones impositivas) de poco más de un billón de pesos, equivalentes al 0,33% del PBI.
En la misma provincia el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia) también denunció incipientes suspensiones y despidos. Su titular, Rodrigo Cárcamo, adelantó a medios provinciales que “la apertura indiscriminada de importaciones para nuestro sector sería brutal. Si se cumplen estos planes de ajuste va a ser muy difícil transitar esta etapa”. El dirigente textil recordó la época de los expresidentes Carlos Menem y Mauricio Macri, en los que “prácticamente desapareció la industria nacional. Tememos que eso mismo vaya a ocurrir en este gobierno de (Javier) Milei”.
El laboratorio norteamericano Pfizer despidió esta semana medio centenar de trabajadores aunque lo atribuyó a un ajuste a escala global. La clínica Virreyes en la Ciudad de Buenos Aires anunció el cierre de sus puertas y el despido de sus 400 trabajadores. La entidad, denuncian sus trabajadores, forma parte del Grupo Económico Octubre que, entre otras actividades, participa en el sector de prensa (Página/12, Canal 9, IP Noticias) que también podría verse afectado de manera directa si el gobierno confirma su intención de poner fin a la pauta pública indispensable para el modelo de negocios en los medios de prensa.
Los afectados
Las cesantías, está visto, se produjeron especialmente en aquellos sectores que presumen un impacto directo de las medidas que se cree puede tomar el equipo económico de Javier Milei. A esos sectores afectados por medidas de apertura económica y austeridad fiscal deberán añadirse las decenas de miles de empleados públicos nacionales que la gestión planifica dar de baja valiéndose en particular de las contrataciones precarias que priman en el Estado y que podrían no ser renovadas. Más allá de la situación particular de los trabajadores afectados, las cesantías impactarán en el consumo y la actividad económica y, a su turno, en el empleo de otras actividades que pudieran no estar afectadas en forma directa.
La Unión Industrial Argentina (UIA) emitió esta semana un informe en el que aseguran que el 16% de las empresas redujo su personal durante este año y que, pronostican, la situación se agravará en 2024. «
La primera ola
Construcción. Ya hubo 500 despidos en los obradores y caleras de Vaca Muerta y podrían llegar a 10 mil hasta fin de año.
Metalúrgicos. El Grupo Mirgor en Tierra del Fuego suspendió a todo su personal y despidió a los empleados contratados por tiempo determinado. Temen apertura de importaciones y fin del régimen de promoción.
Textiles. El gremio planteó una situación de alerta y denunció despidos y suspensiones. Temen repetir la experiencia de los gobiernos de Menem y Mauricio Macri.
Estatales. Ya hubo conflictos para que el gobierno saliente firme la renovación de contratos pero los gremios temen despidos masivos.
