La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lleva adelante una investigación ilegal y paralela sobre la población mapuche de Chubut desde el año 2015, que incluyó la individualización y seguimiento de unas 30 personas, entre periodistas, docentes, activistas, funcionarios y hasta un concejal del departamento de Cushamen, la misma localidad donde la Gendarmería Nacional desató una feroz represión el 1º de agosto, para desalojar un corte de la ruta 40. Desde ese día se desconoce el paradero del joven artesano Santiago Maldonado, cuyo destino es investigado por el juez federal de Esquel Guido Otranto, el mismo magistrado que en febrero de este año procesó, sin prisión preventiva, al comisario de la policía chubutense Adrián Alejandro Muñoz, al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, al fiscal general de la Circunscripción Esquel del Poder Judicial local Fernando Luis Rivarola, y a la fiscal jefe de esa dependencia del Ministerio Público María Bottini. Los cuatro siguen procesados por haber violado la Ley de Inteligencia Nacional y relacionarse con un espía de la Delegación Trelew de la AFI, que tomó contacto con los cuatro para ofrecerles la información que había relevado con el fin de insertar los datos obtenidos ilegalmente y blanquearlos en el expediente que investigaba la toma de un terreno en la zona Leleque – Cushamen, que fue denunciada por usurpación por la empresa Compañía de Tierras del Sur S.A., que pertenece a la multinacional Benetton.

La existencia de la información de inteligencia interior realizada por el espía de la AFI, fue denunciada por primera vez en una audiencia realizada el 28 de agosto de 2015 “en la causa por la presunta usurpación de tierras”, instruida por el juez de Garantías Martín Zacchino. En esa audiencia, la defensora oficial de la provincia denunció que “en el legajo fiscal, entregado en calidad de copia digital por la Fiscalía interviniente, figuraban documentos que daban cuenta de producción de inteligencia ilegal con fichas sobre “activistas antimineros en zona de la comarca andina” que contenían fotos y datos de personas del movimiento “No a la mina”, de Esquel”. El antecedente forma parte de la presentación que hicieron las organizaciones que confirman la “Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI)”, que presentó un pedido ante el juez federal Otranto para ser “amicus curiae” del tribunal en la investigación.

Entre los principales impulsores del ICCSI, figuran la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre (FVL) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). En diálogo con Tiempo, la politóloga María Sidonie Porterie, vicepresenta de ILSED, explicó que “en el expediente hay evidencias que la actividad de inteligencia ilegal contra vecinos de la zona alcanza a unas 30 personas, con un agente de la AFI, que lleva adelante esas tareas desde 2015”. “Hay un video de la reunión que mantuvieron con el agente de la AFI, que fue aportado como prueba de parte de Rivarola, el fiscal procesado. Pero es un aporte raro, porque lo utilizó para dar cuenta que no había avanzado con el uso de esa informacion, pero le jugó muy en contra porque confirma que ellos aceptan la colaboración del agente para la identificación de las personas que estaban en la ocupación de Leleque”, agregó. En esa reunión, que también fue denunciada por la fiscal federal de Chubut Silvana Ávila, el espía “les confirmó que estaba haciendo tareas de inteligencia y le advirtió al fiscal que en caso de querer usar o judicializar iban a tener que tomar los canales correspondientes”, reveló la especialista, es decir, blanquear la información que estaba siendo relevada ilegalmente.

Los detalles del expediente revelan que los fiscales aceptaron fichas personales de los investigados, con sus actividades políticas, además de filmaciones de asambleas e infiltración de las organizaciones involucradas. “El circuito es que el agente ofrecía la información, y los fiscales entraban en ese intercambio de favores mutuos. Cuando la información requiere ser judicializada, buscan que haya un pedido por oficio del juez, y así aparece oficializada la colaboracion de la AFI, como si fuera legalmente obtenida, y obviamente nunca lo fue”, concluyó Porterie. El caso sigue abierto, y los procesamientos fueron apelados por los acusados, pero las investigaciones comenzaron en 2015 y seguirían en pie, en una clara demostración de la autonomía que mantiene el aparato de espionaje y la utilización que ahora hace Cambiemos. «