A pesar de la gravedad de la crisis y las dificultades de un sector de la población para comprar los alimentos de la canasta básica, dos municipios detectaron que hay comerciantes que sacan provecho de los consumidores que van a comprar mercaderías con la nueva tarjeta alimentaria.
Las irregularidades fueron detectadas por las municipalidades de Almirante Brown, en el sur bonaerense, y de Concordia, en Entre Ríos, a partir de las denuncias que recibieron por parte de distintos beneficiarios sobre “intentos de cobro de una comisión del 10% por el uso de la tarjeta y el intento de imposición de tener que gastar el total del monto de la tarjeta”, en vez de permitirles utilizar la tarjeta para realizar compras parciales, según informó el ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La cartera de Desarrollo Social impulsa que los municipios profundicen sus controles para evitar “avivadas” de almaceneros barriales y de las cadenas de supermercados, que configuran un punto estratégico para el funcionamiento de la tarjeta AlimentAR.
“Ningún comerciante debe cobrar recargo o comisión por la tarjeta. No vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares. Esta es una política de Estado, que encabeza el presidente Alberto Fernández, para un país que tiene un problema de hambre y de malnutrición. No puede haber hambre en la Argentina”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
En el caso de Almirante Brown, la dirección General de Inspección de su municipalidad detectó que un supermercado ubicado “en las calles Vucetich y Lahille de la localidad Ministro Rivadavia”, le cobraba el 10% de recargo en los precios a los beneficiarios de la tarjeta y los obligaba a utilizar todo el monto de una sola vez. La firma fue clausurada y multada.
En Concordia (Entre Ríos) también hubo clausuras aunque no hubo precisiones sobre la cantidad de aprovechadores.
