El Ministerio de Desarrollo Social anticipó que los beneficiarios de la tarjeta Alimentar recibirán un refuerzo durante el mes de diciembre que duplicará el cobro mensual. De esta manera antes de fin de año un millón y medio de familias percibirán entre 4 y 6 mil pesos adicionales (según la cantidad de integrantes) que podrán gastar exclusivamente en alimentos. La medida busca paliar la delicada situación de pobreza que según los datos del INDEC afecta al 56% de los menores de 14 años.
Cuatro de cada diez pesos del presupuesto 2020 de la cartera conducida por Daniel Arroyo fueron destinados a comprar alimentos y combatir la emergencia alimentaria que atraviesa el país. Según los datos que maneja el ministro, en lo que va del año se llevan invertidos 94 mil millones de pesos en asistencia alimentaria, un número que es 3,3 veces más alto que el gasto de todo 2019 en el área. El incremento en insumos está directamente vinculado a la mayor cantidad de personas que dependen del Estado para garantizarse su alimento. De acuerdo a cifras oficiales, hasta marzo eran 8 millones y hoy ya son 11 millones.
Según precisaron a Tiempo, el 78% de la inversión que hizo el ministerio para comprar comida se distribuyó a las personas a través de la tarjeta Alimentar. Este programa, lanzado por la gestión de Arroyo antes de la llegada del Coronavirus, permite a madres o padres con hijas e hijos de hasta 6 años que reciben la AUH contar con una tarjeta que solo puede ser usada para comprar alimentos. También reciben este beneficio personas con discapacidad que cobran la AUH y embarazadas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo.
El sistema también permite al Ministerio analizar los hábitos alimentarios de la población que recibe este programa. Y los datos también encienden las alarmas en términos nutritivos. En los últimos meses cayó la compra de carne, leche, frutas y verduras; mientras aumentó la adquisición de arroz, fideos y otros productos con harinas. Al principio del programa se registraba un promedio de dos compras grandes mensuales en supermercados. Y hoy se realizan hasta seis compras pequeñas en almacenes de cercanía, donde los precios suelen ser mayores.
Salir de la pandemia con urbanización y trabajo
La llegada del Coronavirus obligó a todas las áreas del Estado a concentrar sus esfuerzos en revertir la crisis provocada por la pandemia. Sin embargo, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, en Desarrollo Social ya piensan en un 2021 con otros objetivos. Entre los principales proyectos se encuentran la urbanización de 400 barrios populares y la generación de 300 mil puestos de trabajo nuevos a través del programa Potenciar-Trabajo.
“Estoy seguro de que el RENABAP se transformará en una política de Estado que trascenderá los gobiernos”, plantea Arroyo al referirse a las obras de urbanización villas y asentamientos que planea iniciar antes de fin de año. En los hechos esto ya es así puesto que el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana se creó por ley en 2018 y toma como base el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Allí se habían identificado hasta 2016 unos 4.416 barrios populares de todo el país. Por eso, aún cumpliendo la promesa de avanzar en la urbanización de 400 barrios por año, completar el registro llevaría al menos una década.
La definición de cuáles serán los primeros barrios a urbanizar será tomada colectivamente con los ministros de Desarrollo Social de las provincias. Se establecerán prioridades y la idea es avanzar antes de fin de año, adelantaron fuentes ministeriales a Tiempo. Para ello se espera que la semana que viene ya quede constituido el fideicomiso que permitirá empezar a trabajar. Se hará con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que quedará a cargo de administrar el fondo, y tendrá entre sus integrantes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que estará a cargo de la normalización dominial.
La urbanización de barrios populares había quedado bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que dirige María Eugenia Bielsa. Pero a fines de septiembre el presidente Alberto Fernández decidió trasladar el RENABAP a la cartera de Desarrollo Social. Hasta el momento, cuentan en el entorno de Arroyo, solo se habían iniciado 46 expedientes de obras. El 10% de lo que ahora plantean hacer en un año.
Para avanzar en estas obras el Estado cuenta con 8000 millones de pesos procedentes del presupuesto nacional y el impuesto PAIS que se le aplica a la compra de dólares. Pero el monto podría ampliarse en caso de que se apruebe el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. El 15% de los fondos recaudados serían destinados a los barrios populares. Eso representaría, al menos, unos 450 millones de pesos más.
Arroyo también adelantó que el Registro de Barrios Populares se volverá a abrir para aquellas villas y asentamientos que no hayan sido incluidas originalmente. Pero eso, aclaró, no está vinculado con las recientes tomas de terrenos. “Se consideran barrios consolidados con viviendas construidas”, explicaron.
Planes sociales con contraprestación
«No es posible pensar en un ingreso universal sin contraprestación laboral», explican en el entorno del ministro Daniel Arroyo. Por eso el programa Potenciar-Trabajo es la gran apuesta de la cartera de Desarrollo Social.
En ese sentido, la urbanización de los barrios populares servirá también como forma de reactivar la economía en las villas y asentamientos. Según establece la ley, al menos el 25% de las obras deben ser adjudicadas a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular que estén formadas por los habitantes de los barrios populares. Estos proyectos pueden a su vez aspirar a recibir planes Potenciar-Trabajo que aportan hasta el 50% del salario mínimo vital y móvil de los trabajadores.
Hoy son 600 mil los beneficiarios de este programa. Las principal actividad que realizan está vinculada a la construcción y por eso la urbanización puede generar la demanda laboral necesaria.
Otro objetivo para 2021 que plantea Arroyo y que podría traccionar empleo es la realización de obras en 800 jardines de infantes en barrios populares. Según explican en Desarrollo Social, en todas las villas y asentamientos funcionan estos espacios que permiten a los padres dejar a sus hijos al cuidado de terceros mientras salen a trabajar. Ahora buscan darle condiciones adecuadas para la tarea. En este caso el Potenciar-Trabajo no solo complementaría el salario de los trabajadores de la construcción, sino también el de las personas que realicen las tareas de cuidado.
