La investigación por la tragedia de Beara, el derrumbe de un entrepiso en un boliche del barrio porteño de Palermo que causó la muerte de dos jóvenes, quedó definitivamente encaminada al juicio oral y público, con ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno entre los acusados. Pero el tribunal que debe llevar adelante el debate tiene dos cargos de jueces vacantes y los postulantes a ocuparlas -propuestos por el propio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano- están en la etapa de entrevistas en el Senado, el paso previo a sus designaciones.
El juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento firmó días atrás la elevación a juicio del caso para los imputados Ronaldo Fliess, Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Martín Kattan Coria y Julio Alfredo González, todos vinculados con la sociedad que explotaba Beara. A fines del año pasado, la Cámara del Crimen había despejado el camino para que también fueran a los comisarios Rodolfo Nicolás Cabezas y Luis Eduardo Acosta, el subcomisario Julio Alfredo González y el sargento Gustavo Flaminio. En idéntica situación ya estaban los ex titulares de la Dirección de Habilitaciones, Martín Diego Farrell; los jefes de Habilitaciones Especiales y Esparcimiento, Pablo Damian Saikauskas y Norberto Juan Cassano; el Perito Verificador de Habilitaciones, arquitecto Isaac Rasdolsky; el Inspector municipal Carlos Gabriel Mustapich, y la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Vanesa Berkowski.
Un improvisado entrepiso de Beara repleto de gente se derrumbó en la madrugada del 10 de septiembre de 2010, causando la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, y lesiones graves a otros concurrentes.
El expediente ya llegó al tribunal número siete. Allí hay un solo juez titular, Gabriel Vega, y el fiscal será Oscar Ciruzzi, ambos de larga trayectoria en los procesos orales. Actualmente los acompañan dos subrogantes (jueces que integran al mismo tiempo otros tribunales orales): Alejandro Becerra y Gustavo Rofrano. Pero esos interinatos podrían terminar pronto, porque en un paquete de casi 70 candidatos a jueces que el actual gobierno propuso para designar antes del final del mandato figuran Nicolás Ramón Ceballos, juez de Garantías de Pilar y presidente del Colegio de Magistrados de San Isidro, y la fiscal penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires Valeria Lacman.
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Ninguno de los dos es, como dicen corporativamente los magistrados, “NyC”, nacidos y crecidos en los tribunales orales. Y ambos forman parte de una larga lista de candidatos a jueces que están desfilando por el Senado buscando la última aprobación para asumir sus cargos. Aún con el amplio margen de negociación con que cuenta Cambiemos en la Cámara alta, algunas postulaciones hicieron sonar las alarmas y hoy esas designaciones masivas –que suenan a cobertura de retirada- parecen frenadas. Uno de los casos que más ruido generó fue el del joven fiscal Ignacio Mahiques, exportado del fuero penal de instrucción al federal para acompañar a Gerardo Pollicita en la elaboración de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner para el juicio que comenzó esta semana. Su nombre figura como candidato a juez federal de Mercedes.
La fiscal Lacman intervino en la causa contravencional por los disturbios en el superclásico por la Copa Libertadores en el que hinchas de Boca arrojaron gas pimienta a jugadores de River. El club presidido por Daniel Angelici sufrió un “chas chas” en la cola y asunto (judicial) terminado. Fue una de las que apoyó a Julio Conte Grand cuando la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lo propuso para procurador general de la provincia. Ceballos es cercano a Compromiso Judicial, una agrupación interna de la Asociación de Magistrados con vínculos con el ministro de Justicia, Germán Garavano. Fue uno de los que avaló la llegada del juez federal porteño Sergio Torres a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
