Durante cerca de medio año, entre noviembre de 2015 y hasta abril de 2016, el fiscal Guillermo Marijuán presuntamente ordenó a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina que efectúe tareas de inteligencia en ocho sedes del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires sin que medie la orden de un juez, medida que viola la Ley de Educación Superior.
Por este motivo, estudiantes de la UBA presentaron el jueves 12 de julio una denuncia penal contra el fiscal Guillermo Marijuan, por supuesto espionaje ilegal dentro de la institución. Según los alumnos, que se movilizaron a los Tribunales de Comodoro Py, el representante del Ministerio Público utilizó a efectivos de la PFA vestidos de civil para realizar «discretas tareas de inteligencia» sin ninguna orden judicial.
El presunto espionaje se llevó a cabo en el marco de una causa abierta en 2015 tras la denuncia del abogado radical Ricardo Monner Sans contra los entonces co-presidentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires -el organismo que representa a los estudiantes – Adrián Lutvak y Julián Asiner, y contra extitular de la Inspección General de Justicia, Diego Martín Cormick, por presunta administración fraudulenta en la organización estudiantil.
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Como contexto, los presidentes de la FUBA resultaron acusados por el fiscal mientras la Federación concretaba una campaña de denuncia contra la designación como vicerrector de Darío Richarte, exnúmero dos de la SIDE durante la presidencia de Fernando De la Rúa, que terminó en su renuncia al vicerrectorado.
La denuncia por espionaje ilegal fue presentada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de los jóvenes, quien también pidió la nulidad de lo actuado contra los extitulares de la FUBA, quienes dejaron el cargo hace pocas semanas, tras una polémica votación.
«Como abogada de derechos humanos y docente de la UBA, no puedo dejar de alarmarme por la medida ilegal de Marijuan, que nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia reciente», señaló Gómez Alcorta sobre el caso.
«Si el fiscal actuó de esta manera por desconocimiento de la Ley de Educación Superior, con más de 20 años de vigencia, indica que no estaría en condiciones de mantenerse en su cargo. Y si la conocía y, de modo voluntario y decidido, llevó a cabo esas tareas sin la orden judicial, indica aún más la arbitrariedad y la ilegalidad de su accionar en la causa”, afirmó la letrada.
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En este sentido el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, determina que la fuerza pública no puede ingresar en las universidades nacionales, salvo que cuente con orden escrita previa y fundada de un juez o solicitud expresa de la autoridad académica.
Ingreso de fuerzas de seguridad y espionaje
“Lo que sí viene siendo evidente es cómo ha aumentado el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades en el último tiempo, pero siempre en casos en los que el ingreso responde a una decisión de la policía, que se zarpa. Nunca por orden deliberada de un fiscal para realizar inteligencia”, marcó Gómez Alcorta.
Lutvak, por su parte, expresó: “No es casual que esta causa se haya iniciado cuando la FUBA realizó una campaña contra la designación del ex SIDE Darío Richarte como vicerrector de la UBA, que tuvo que renunciar por el rechazo estudiantil. Tras estar dormida durante meses, la reactivación de esta causa en este momento, de la mano de una avanzada mediática contra la FUBA, tampoco es una coincidencia. Recientemente Cambiemos y el rectorado avanzaron en una maniobra fraudulenta para usurpar la FUBA, truchando delegados y recordándonos las peores épocas de Franja Morada en la UBA”, acusó el dirigente de la agrupación La Mella, quien deberá declarar en agosto próximo según Página/12.
Asiner, dirigente del Partido Obrero, señaló: “A 100 años de la Reforma, la persecución y la represión al movimiento estudiantil no pasarán. Llamamos a repudiar este gravísimo ataque y a cerrar filas en defensa de la universidad pública”.
Marijuan tiene, además, el antecedente de haber denunciado, en enero de 2017, a 52 universidades públicas nacionales por presunta malversación de fondos. Esa denuncia generó el repudio del Consejo Interuniversitario Nacional que remarcó que se trató de «un ataque generalizado al sistema de educación superior pública» y de «una denuncia indiscriminada, con argumentaciones generales». Ahora, suma el presunto espionaje a estudiantes.
