Organizaciones sociales de Jujuy continúan en alerta y movilización para denunciar que el Estado provincial, a cargo del gobernador radical Gerardo Morales, no les brinda una respuesta a la urgente situación económica, a pesar de cientos de concentraciones y marchas que hicieron. También reclaman por la imputación en causas judiciales armadas a dirigentes populares y militantes con testigos falsos.

“En nuestro pueblo el panorama actual no difiere mucho al de hace tiempo atrás. Acá la situación respecto a la economía se viene agudizando cada vez más y ahora están ahogando a las familias jujeñas”, contó a Tiempo Roberto Aragón, periodista de Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. La problemática del acceso a los “derechos básicos como la alimentación, el trabajo, la salud y la educación sigue empeorando y no hay una respuesta de parte del gobierno provincial”.

“Tampoco hay ningún tipo de política ni programa para dar respuesta al brutal empobrecimiento que estamos sufriendo por culpa de la mala gestión política”, aseguró Roberto. Continuó relatando que muchas organizaciones sociales “están marchando todas las semanas, peticionando a las autoridades pero no son escuchadas”.

“A esto se le suma como agravante que venimos sufriendo el aumento desmedido de las tarifas de luz, demás impuestos y servicios públicos (…) Por eso las organizaciones sociales seguimos en pie de lucha, planteando al gobierno y pidiendo que genere algún tipo de cambio para mejorar la calidad de vida de la gente”, exigió Roberto.

“Es importante recalcar que la persecución política sigue teniendo una gran escalada contra las organizaciones sociales”, denunció el trabajador de prensa. Explicó que lo dice porque el gobernador Gerardo Morales, quien “está firme en seguir demonizando al pueblo, a militantes y cualquier persona que se atreva a plantear una crítica”.

Causas armadas

“No paran de armar causas judiciales a los dirigentes populares. Los policías reprimen e interfieren todo el tiempo en los espacios sociales, sindicales y de Derechos Humanos”, aseveró Roberto Aragón. Hace un fuerte y oscuro señalamiento “sobre las prácticas propias de las organización comunitaria y eso pone en riesgo a los principios democráticos, no solo de nuestra provincia sino de todo el país”.

“Armaron una mega causa contra los dirigentes, los acusan de extorsión, amenazas, malversación de fondos y hasta de enriquecimiento ilícito”, explicó el periodista. Siguió contando que -desde el primer momento- en todas las causas plantean “irregularidades gravísimas y pruebas falsas”.

Durante los últimos días, el juez Rodolfo Miguel Fernández -titular del Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración- misteriosamente se apartó de las causas y de elevarlas a juicio: ”Todo esto muestra que el Poder Judicial de Jujuy no tiene independencia política, responde solo al gobernador, nosotros leímos el expediente y es vergonzoso”, dijo el periodista.

“Los testigos están puestos por la misma justicia, la causa muestra que son siempre los mismos quienes acusan a todos los dirigentes y militantes”, señaló Roberto. Continuó dejando al descubierto que es imposible “que una persona pueda estar atestiguando en distintos lugares el mismo día y a la misma hora. Esto muestra claramente que usan un servicio de inteligencia policial contra las organizaciones populares”.

“Tuvimos a policías infiltrados en nuestros espacios de trabajo y militancia: en Radio Pueblo que es comunitaria, en la organización Asamblea Trabajo y Dignidad y la biblioteca popular Niños Pájaros”, recordó. Estas son problemáticas que “hemos ido visibilizando y sacando a la luz porque muestran la persecución política-judicial que hay contra quienes militan”.

El rol de los medios de comunicación

“Realizaron un montaje mediático para seguir estigmatizando y demonizando a quienes militan para mejorar la situación del pueblo jujeño que sufre mucha hambre y tiene muchísimas necesidades básicas insatisfechas”, denunció el trabajador de prensa. Siguió apuntando que esto se ve “cuando mediáticamente condenan la autogestión, la organización popular, criminalizan el trabajo comunitario”.

“Entonces todo ese movimiento y esfuerzo humano que se hace desde los distintos colectivos populares para enfrentar la crisis es inútil, es como si te pasaran por arriba con una topadora”, ejemplificó Roberto a este diario. La criminalización de la pobreza existe en todo el mundo, “pero en Jujuy es muy fuerte y se siente el desprecio que existe por la vida humana”, lamentó.

“Gerardo Morales sigue con sus maniobras para destruir la organización popular, es su política de gobierno”, sostuvo el periodista. Desde hace tiempo que “vinimos visibilizando la protesta social y evidentemente la maldad sobre el pueblo avanza cada vez más”, advirtió.

“Sabemos en forma clara y precisa que todas las causas fueron cajoneadas porque no tuvieron ningún tipo de avance”, se quejó. Lo único que les comunicó la Justicia es que “se hará una reiteración de oficio para que el Ministerio de Seguridad provincial responda”.

“Es por todo esto que seguimos en pie de lucha y estaremos así hasta que se haga justicia social en nuestro pueblo”, subrayó el periodista. Finalizó asegurando que “queremos que se conozca la verdad y que el gobierno deje de perseguir a las personas que militan”.