La represión a los trabajadores de Cresta Roja en diciembre indicó un camino en la resolución de las protestas gremiales en la nueva gestión. En enero, la Policía Bonaerense dejó en claro frente a la Municipalidad de La Plata que emplearía la misma brutalidad para desactivar protestas de los nuevos desocupados. La detención esta semana de diez jóvenes militantes kirchneristas de entre 18 y 22 años por pintar un mural en la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner en primer plano el rol de las fuerzas de seguridad.

El primer Registro de Casos de Violencia Estatal (ReCaVe) difundido por organismos de Derechos Humanos marca que la mayor cantidad de casos de agresiones de parte de las fuerzas de seguridad están relacionados con la represión a protestas y las detenciones arbitrarias. El informe del ReCaVe es una radiografía de la violencia ejercida de arriba hacia abajo que realizó el Centro de Estudios en Política Criminal y DD HH (Cepoc), con la colaboración de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). A falta de datos oficiales, los organismos relevaron notas periodísticas y en el informe detallaron que detectaron 113 episodios, en su amplia mayoría represiones y detenciones sin motivos. El período analizado fueron los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.

Los números que arrojó el estudio no son nada alentadores: de los 113 casos de violencia estatal verificados, 20 episodios (17,7%) fueron represiones a manifestaciones sociales, a los que se suman otras cinco represiones (4,4%) a trabajadores ambulantes. Es decir el 22,1% de los casos fueron episodios de represión de la protesta social. Lo siguen las detenciones arbitrarias que suman 15 casos (13,3%) y las muertes causadas por uniformados que suman el mismo número (13,3 por ciento).

Pero la violencia estatal es también a diario en la calle. El estudio detectó casos de excesivo e injustificado uso de armas de fuego; saturación policial; razzias; controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa; trato abusivo, hostil y amenazas y persecución ideológica, entre otras prácticas ilegales de las fuerzas de seguridad. Y detalla que en el 68,1% de los casos (77 en total) se utilizó la violencia física. Y en la mitad de los casos existió «uso de la violencia verbal por parte de los funcionarios», agregaron.

«Estos hechos no suceden por decisión de uno o de algunos malos funcionarios públicos, sino que constituyen prácticas ilegales y cada vez más sistemáticas, sostenidas por el aparato del Estado de modo formal», explican en el informe. En ese sentido, remarcan las señales del poder político como la sanción de la Emergencia en Seguridad o el protocolo antiprotestas, y las de la justicia que, en la Ciudad, habilitó el «olfato policial» para pedir documentos, el aval de la Corte Suprema para el uso de las picanas Taser o la detención política que la justicia jujeña dictaminó sobre Milagro Sala.

El abogado Fernando Martínez Forlon, integrante del ReCaVE, explicó que el informe surgió al advertir un «desplazamiento» de las actividades ilegales de las fuerzas de seguridad en el control social «hacia un segmento social que antes no estaban considerados en la mano policial». En ese camino, advirtió que el aval de la justicia «da señales hacia las fuerzas de seguridad y la sociedad que hace que esto se naturalice y se institucionalice». Y advirtió que «lo peligroso es que la sociedad se acostumbre».

En sus conclusiones, el relevamiento del ReCaVE advierte sobre «la existencia de acciones sistemáticas orientadas a la construcción de un ‘Estado policial'» que se apoya en dos pilares: «la instalación de un modelo de ‘enemigo ideal’ en el imaginario social y la concesión de facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para combatirlo». El combo es fatal para trabajadores sindicalizados, desocupados, pobres, jóvenes y militantes opositores: ellos son la «otredad peligrosa» ajena a los sectores medios que se busca construir. «