El depuesto administrador general de la Corte Suprema, el contador Héctor Marchi, denunció hoy que es víctima de persecuciones laborales, amenazas, intimidaciones y seguimientos por haber revelado en varios informes las irregularidades de la obra social del Poder Judicial (OSPJN). El grado de sorpresa y conmoción que generaron las expresiones de Marchi llevaron a la Comisión de Juicio Político -el ámbito en el que describió episodios institucionalmente preocupantes- a buscar la forma de garantizarle su seguridad personal, la de su familia, y especialmente las de sus ahora ex colaboradores.
«A algunos los amenazaron con mandarlos a Siberia», graficó Marchi, en una expresión textual que encerró una metáfora sobre el destino laboral que le espera a quienes hasta la semana pasada se desempeñaron en la Administración General bajo su conducción. De hecho, el propio Marchi ya experimentó una suerte de «Siberia personal»: de ocupar durante tres lustros uno de los cargos más importantes (por fuera de los jueces) en la Corte, pasó ahora sin funciones asignadas a la Cámara de la Seguridad Social, el fuero donde tramitan los juicios de jubilados y pensionados por ajustes, deudas y actualizaciones contra la ANSES.
Marchi, un hombre de estrecha confianza del juez Ricardo Lorenzetti, embistió especialmente contra Silvio Robles, el secretario, principal asesor y una suerte de alter ego del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Denunció que por una orden de Robles fue eliminado el e-mail interno oficial de Rosatti y toda la información dirigida al presidente de la Corte (y del Consejo de la Magistratura) debe ser canalizada a través de su colaborador.
¿Ello significa que Robles «filtra» información a Rosatti? Según Marchi, sí. A modo de ejemplo, citó que de sus cuatro informes sobre la situación de la OSPJN, el último, el número cuatro, no fue distribuido al resto de los jueces, pese a que estaba dirigido a todos ellos. Ese informe, reveló Marchi, contenía cuestionamientos al desempeño de uno de los directores de la Obra Social, el médico Mariano Altabe, «quien fue designado directamente por Rosatti».
«El informe número cuatro yo lo entregué. Primero hubo reticencia a recibírmelo, un poco lo mandé de prepo. Esa fue la verdad. Lo mandé a presidencia y lo recibió Robles. A Lorenzetti no se lo mandó; no me consta si se lo mandó a los demás ministros. ello obedece al grado de informalidad con que se está manejando la Corte. En el Informe Cuatro está la punta del ovillo. Robles escondió ese informe. Por más amenazas que tengo, yo lo voy a decir». Ante esa expresión de Marchi, la Comisión comenzó a buscar la forma de protegerlo.
Marchi fue desplazado de su cargo la semana pasada, en una situación que Tiempo contó en su edición del domingo. (https://www.tiempoar.com.ar/politica/las-disputas-entre-los-jueces-de-la-corte-se-agudizan-con-el-avance-del-juicio-politico/). Pero el ahora ex administrador fue más allá: describió una situación de ruptura en la comunicación interna, advirtió sobre la «informalidad» que rige los mecanismos de ¿control? en la cabeza del Poder Judicial, responsabilizó directamente al juez Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la obra social y defendió su propia gestión, como una garantía de organización e institucionalidad que -opinó- se está perdiendo.
Incluso pronosticó que «la Corte va a terminar como la obra social». Y prometió que va a «luchar contra eso» porque su interés es «defender al Poder Judicial».
Marchi fue citado casi de urgencia en las últimas horas, a propósito de la situación que eclosionó el jueves pasado, cuando fue eyectado del máximo tribunal. «No vengo acá porque quiera volver a la Corte; no quiero, no me interesa. Sólo me interesa la independencia del Poder Judicial».
Tras esta primera exposición, habrá una segunda, la semana que viene, en la que -además de la situación de la obra social- expondrá sobre otras cuestiones administrativas que estuvieron a su cargo durante estos 15 años.
Antes de que compareciera, la troika dominante de la Corte (Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Maqueda) remitieron un escrito a la Comisión de Juicio Político dando su versión de los hechos. En resumidas cuentas, involucraron a Lorenzetti en las irregularidades y recordaron que hasta 2018 -cuando un golpe palaciego lo desplazó de la presidencia del máximo tribunal- las decisiones las tomaba el presidente en soledad. Y el presidente era, justamente, Lorenzetti.
«La Secretaría General de Administración debía reportar al presidente de la Corte, en el ámbito de la superintendencia. Desde 1961 esas atribuciones de superintendencia -toda materia no jurisdiccional- fueron ejercidas indefectiblemente con la firma del presidente del tribunal y recién con el dictado de la Acordada 44/18, en diciembre de 2018, las resoluciones de superintendencia pasaron a requerir de una mayoría de tres de sus miembros, siempre previa intervención de la Secretaría de Administración». Traducido: las irregularidades de la obra social hasta fines de 2018 fueron responsabilidad exclusiva de Lorenzetti.
¿Y las posteriores? La tríada sostiene que desde entonces implementó cambios (incluidos los de la semana pasada) en pos de transparentar y colegiar la gestión.
Está todo roto. Y, a menos que prime el característico corporativismo judicial, amenaza con romperse aún más.
