Diversas organizaciones relacionadas a los Derechos Humanos denunciaron ante instituciones internacionales que tanto el gobierno nacional argentino como algunos provinciales están implementando normativas que violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante. La última semana, las provincias de Jujuy y Chubut tomaron medidas antiinmigrantes: mientras que la provincia del noroeste el oficialismo aprobó una nueva ley que determina el arancelamiento de los servicios de salud a los migrantes que se establezcan allí de manera transitoria, en la provincia patagónica, el gobernador sacó un decreto que prevé la expulsión de todos los migrantes que tengan antecedentes penales.

La presentación denuncia que el cambio de políticas migratorias llevado a cabo por el gobierno de Mauricio Macri llegó “a un punto de extrema gravedad en los últimos días” y que utilizan información falsa o distorsionada para asociar migración a crimen en la opinión pública. Las normativas de Jujuy y Chubut se enmarcan en un “enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes” y pone como ejemplo el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modifica la ley Nacional de Migraciones.

Tal como viene informando Tiempo Argentino, organizaciones como Amnistía Internacional, ANDHES, CELS, CEJIL, entre otras mencionan tanto en el caso de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva que fue expulsada junto a su hijo argentino de dos años como en los casos antes mencionados. Pero agregan otros casos como el de una ciudadana paraguaya internada “en estado delicado” en un hospital público y que tiene dos hijos argentinos, una de ellas una niña de siete años.

El escrito, que lleva por título “Graves medidas regresivas en materia de derechos de las personas migrantes en la Argentina” se dirige a diferentes funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presentación denuncia que las medidas que viene llevando adelante el gobierno nacional y algunos provinciales “no sólo son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migraciones sino también incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes”.

El texto no deja de mencionar la utilización de datos estadísticos falaces por parte de la ministra Patricia Bullrich, e indica que los porcentajes de crímenes cometidos por migrantes no ha tenido variaciones: “El 6% del total de la población recluida en establecimientos federales y provinciales es extranjera. Además, representan solamente el 0,3% de la población migrante total en el país”.

La presentación culmina con el pedido de que se le solicite al Estado argentino un informe con Información precisa las medidas que está tomando el Estado para evitar los discursos xenófobos por parte de autoridades y funcionarios públicos; para derogar el DNU 70/2017, tal como le fue requerido por el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño;  para la derogación del decreto de Chubut; para revisar las órdenes de expulsión considerando los derechos en juego y, en especial, levantar aquellas que violan el derecho a la vida familiar, la unidad familiar y el interés superior del niño y; para impedir, en el ámbito provincial y nacional, que se lleven a cabo reformas normativas que discriminen a la población migrante en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras.