Luego de que la Corte Suprema rechazara intervenir sobre el uso de las pistolas Taser, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se prohíba a la Policía Metropolitana la utilización de estas armas por considerarlas elementos de tortura. La presentación fue acompañada por organizaciones de derechos humanos y sindicales.
Esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales, manifestó la ODH.
La denuncia fue presentada este lunes al secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y le imputa al Estado argentino la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica, como el derecho a la vida, la salud e integridad física. Además de violarse el deber del Estado de prevenir la tortura.
En petición a la CIDH se presentan organizaciones de derechos humanos y gremios como afectadas por estas violaciones de derechos humanos: entre los firmantes están el premio nobel Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Vera Jarach, Rosa Nair Amuedo, Enriqueta Maroni y Haydeé Gastelú; además de Lita Boitano y Irma Scrino de Morresi por Organización Familiares de Detenidos Desaparecidos y el pianista Miguel Angel Estrella.
También figuran la APDH, UTE Ctera, ATE Capital, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), el CODESEDH, el CEPRODH y SITRAJU, entre otras.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad cuestiona la utilización de las pistolas Taser X26 desde 2009, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri aprobó la compra de las armas para la Policía Metropolitana.
Al conocerse la noticia, el ODH junto a HIJOS Capital realizó un amparo para frenar la utilización. Se destacaban los antecedentes de muertes de personas que padecían diversas afecciones e incluía los reparos de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, organizaciones que exhortaban a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad por considerarlas elementos de tortura.
El amparo fue aceptado en primera instancia así como por la Cámara en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad. Pero al llegar al Superior de Justicia de la Ciudad, estele dio la razón al Gobierno de la Ciudad y revocó las decisiones de las instancias inferiores.
En marzo pasado, la Corte Suprema dejó firme la decisión al negarse a analizar el fallo.
Luego del fallo de la Corte Suprema, que cierra la posibilidad de seguir la discusión en el ámbito nacional, hemos decidido presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana para que conozca esta situación que entendemos configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura, señaló la ODH.
