La gobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo y de Justicia, Gustavo Ferrari, fueron denunciados penalmente por “abandono de persona seguida de muerte” y “estrago”, por la muerte de diez personas que se encontraban detenidas en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría, en Transradio, pese a que la justicia había clausurado e inhabilitado para alojar detenidos. 

La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal en lo Penal y Correcional N˜1 de Lomas de Zamora por el Diputado Nacional por el FPV-PJ, Horacio Pietragalla Corti, por las muertes ocurridas luego del incendio que se produjo en el sector de calabozos de esa seccional el 15 de noviembre pasado, que dejó como saldo una decena de muertos. 

«Denunciamos a Vidal, Ritondo y Ferrari por los delitos de abandono de persona seguida de muerte y estrago, ya que son directamente responsables de las muertes”, subrayó el legislador y nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.

Pietragalla explicó que la gobernadora y sus funcionarios habían sido notificados de que había detenidos en lugares que habían sido clausurados pero que no hicieron nada. “Estamos frente a la masacre en Comisaría más grave de la historia, que puede repetirse en cualquier momento ya que la situación estructural es gravísima», remarcó.

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En la denominada Masacre de Esteban Echeverría murieron Fernando Martín Arguello (de 33 años), Jeremías Rodríguez (19),  Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59),  Juan Carlos Fernández (31), Walter Barrios (21), Elías Soto (20), Miguel Ángel Sánchez (31) y Carlos Ariel Corvera (25). 

Todos estaban encerrados en los calabozos de la seccional de Transradio, en las que estaban hacinadas un total de 27 personas, y que se encontraba en funcionamiento pese a que  la justicia había dictado una orden de clausura, una inhabilitación de los calabozos y había ordenado trasladar a los detenidos. 

La clausura había sido dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Maffucci Moore, quien por el oincumplimiento por parte del Ejecutivo Provincial, debió intervenir –casi un año antes de la masacre, el 30 de enero- en un habeas corpus en el que ordenó el traslado de todos los presos alojados en la esa dependencia y la prohibición del ingreso de otros, por la clausura previa. 

La resolución fue debidamente notificada al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia Gobernadora. Pero fue desoída y dos meses después el mismo magistrado debió volver a ordenar el traslado de los detenidos alojados en las seccionales Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, y Quinta de Esteban Echeverría. 

Esa orden tampoco fue acatada y el resultado fueron las muertes. “Hay que señalar, además, que la Comisaría en la que diez personas perdieron su vida en el marco de un incendio, se encuentra lindante a un destacamento de Bomberos Voluntarios”, remarcó el diputado al comunicar la denuncia.

A principio de mes, legisladores de Unidad Ciudadana FPV-PJ pidieron interpelar al ministro Ritondo para que de explicaciones de lo ocurrido en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría y de la situación general de los presos en comisarías. Hasta ahora, la única respuesta del gobierno fue la decisión de Asuntos Internos de separar preventivamente a el subcomisario y cuatro agentes que estaba de guardia en la seccional cuando ardió el sector de calabozos. 

Según reconstruyó la CPM, el incendio se produjo en el marco una protesta de los presos por las condiciones de alojamiento. Los relatos recopilados por el organismo coinciden en que la policía cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música, y que esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento –como la falta de colchones–, derivó en una protesta. La respuesta de los efectivos de la Bonaerense fue cerrar el suministro de agua a los calabozos. 

En el lugar donde murieron los detenidos había doce personas en un espacio reducido con un metro cuadrado por persona, en el que tenían que hacer turnos para acostarse a dormir.

Poco antes de la masacre, el ministro había declarado a los medios que prefería » a los delincuentes amontonados y no en libertad», al ser consultado sobre el hacinamiento en cárceles y comisarías, que según la Comisión Provincial por la Memoria suman 47.000 personas en todo el territorio bonaerense. 

Asimismo, según los seguimientos del organismo de derechos humanos provincial, los presos en comisarías aumentaron un 14% en el último año y acumula un 93% desde diciembre de 2015. Además remarcan que hay 252 comisarías inhabilitadas (el 55% del total), de las cuales 109 siguen siendo utilizadas para alojar detenidos. Y que las seccionales están sobrepobladas en un 246%.