La fiscal penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, Celsa Victoria Ramírez, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura porteño por «ordenar tareas de inteligencia ilegal a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en el marco de la persecución y criminalización sistemática contra trabajadores de espacios públicos, especialmente migrantes senegaleses».
El planteo forma parte de un pedido de remoción presentado por el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, que la acusa de impulsar una serie de «irregularidades y situaciones de abuso de poder para el ejercicio de la violencia institucional» coordinados con empresas multinacionales como Nike y Channel.
Ramírez está al frente de la fiscalía penal y contravencional número 35. Según la denuncia la funcionaria desempeñó tareas ilegales durante «una serie de allanamientos ilegales en (el barrio porteño de) Once, realizados por Ramírez, a pedido de la apoderada de Nike, que dejaron a más de 100 vendedores ambulantes sin su fuente de trabajo el 22 de diciembre, en la semana previa a Navidad».
Según aseguran desde la CTEP la funcionaria ya tiene seis denuncias en su contra radicadas en el organismo de nombramiento, control y enjuciamiento de magistrados del poder judicial porteño.
Los denunciantes sostienen que Ramírez utiliza «figuras penales como asociación ilícita o contrabando» con el objetivo de «justificar su intervención en casos donde no tiene competencia y así consolidar la persecución al servicio de las multinacionales».
En los allanamientos «del pasado 22, la propia fiscal invocó a la “ley de marcas” 22.362 cuya aplicación es competencia de la justicia federal», cuando «la jurisprudencia considera que la actividad de manteros y vendedores ambulantes no viola dicha ley». De ese modo, la funcionaria judicial es acusada de mantener abierto el expediente sin razones jurídicas válidas, pero que le sirven para ordenar nuevas investigaciones y coordinar nuevas acciones hasta que interviene el gobierno porteño.
Según el escrito «este procedimiento va de la mano con el accionar sistemático del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, junto con las fuerzas de seguridad de la Ciudad, que usan la Ley de Marcas y los delitos de Resistencia a la Autoridad y Lesiones para perseguir y encarcelar a trabajadores que se ganan la vida en la calle».
De acuerdo al planteo presentado este miércoles al Consejo de la Magistratura, la cartera porteña, que conduce Clara Muzzio y Ramírez «conforman un auténtico esquema de criminalización de trabajadores pobres y sus organizaciones». Se trata, según los denunciantes, de un mecanismo «similar a las mesas judiciales que tuvieron lugar durante el gobierno de Cambiemos en el ámbito nacional para perseguir dirigentes populares y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para perseguir a dirigentes sindicales, tal como quedó evidenciado esta semana».
