El partido Izquierda Popular denunció penalmente por abuso de poder a Mauricio Macri por la presunta venta ilegal de tierras. Según indicaron los dirigentes Rafael Klejzer y Jonatan Valdiviezo, se trata de un negociado que el macrismo impuso en la Ciudad de Buenos Aires y que desde agosto del año pasado busca imponer en toda la Argentina, e incluso en el exterior, donde varias propiedades como algunas embajadas quedaron en la mira.
La denuncia penal quedó en manos del juzgado federal Nº 10 que deberá esclarecer la legalidad de tres decretos del presidente por los cuáles se autorizó la venta de tierras fiscales o inmuebles del Estado.
El único que puede decidir la venta de terrenos o propiedades nacionales es el Congreso. Sin embargo, Macri se aferró a una ley de la dictadura, que no está vigente, para vender unas 50 hectáreas, precisó a Tiempo Klejzer, referente del Movimiento Popular La Dignidad, quien aseguró que el oficialismo hizo lo mismo durante ocho años en la Ciudad, donde según calculamos que entre privatizaciones y ventas se deshicieron de unas 300 hectáreas.
Los denunciantes sospechan que es una maniobra para hacerse de recursos y financiarse políticamente. Es muy perverso porque generan fondos con endeudamiento externo y la venta del espacio público, agregó Klejzer.
El comprador serial de estas tierras es IRSA, que son los socios del gobierno, y el que construye sobre ellas es Nicolás Caputo, el testaferro del presidente, concluyó Klezjer.
El abogado especializado en temas urbanos y ambientales, Valdiviezo, militante también de Izquierda Popular, sostuvo: Los tres decretos en cuestión son del año pasado y que Macri intenta sustentarlos en la ley 22.423 de la dictadura, que caducó en 2010 porque no fue prorrogada. La misma fue creada para delegarle a Rafael Videla las atribuciones del Poder Legislativo. Nefasto.
Valdiviezo, quien además es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, recordó que el 14 de diciembre, la jueza Andrea Danas del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 19, frenó la subasta pública del histórico edificio del Instituto Antártico, en Cerrito al 1200, que pretendía realizarse al otro día, por intermedio del Banco de la Ciudad.
Este remate que todavía no pudo ser fue incluido en el decreto 952/2016 del 18 de agosto del año pasado que contemplaba 17 inmuebles, 13 en Capital Federal y cuatro repartidos en La Matanza, San Isidro, General Pueyrredón y La Plata. Por lo menos tres de estas propiedades van a ser subastadas en marzo.
El 5 de octubre, a través del decreto 1064/2016, Macri autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a enajenar 33 inmuebles del Estado Nacional, según consta en la denuncia a la que Tiempo tuvo acceso. En este caso, mencionan 25 propiedades en Argentina y ocho en el exterior. Por un lado, se venderían once de Capital; diez en la provincia de Buenos Aires (una en Vicente López, otra Lobos, cuatro en La Matanza, dos en Bahía Blanca y otras dos en Necochea); una en Santa Fe; dos en Córdoba; y una en Jujuy. Además, una en Colombia, otra en Brasil, cuatro en Estados Unidos y dos en Uruguay.
Por último, el 15 de noviembre, por el decreto 1173/2016 se busca rematar tres propiedades: una en capital, otra en Campana y la última en Mendoza capital.
En el segundo decreto, se contempla la venta de Empalme Norte, unas siete hectáreas entre Retiro y Puerto Madero, en el lugar más valioso de Buenos Aires para que su propio primo, Ángelo Calcaterra, realice una obra inútil para complacer a Horacio Rodríguez Larreta, se quejó Valdiviezo.
