El Interventor del Enargas, Federico Bernal, presentó una nueva denuncia penal contra el exministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis exfuncionarios de su cartera, por supuestas anomalías detectadas en las auditorias y revisiones que habrían producido un perjuicio a los usuarios por más de US$ 1.343 millones, a través de los incrementos injustificados de tarifas.
El Enargas informó que la decisión fue tomada tras las auditorías realizadas a las empresas Transportadora Gas del Sur y la distribuidora Camuzzi Gas, a lo que se habría sumado «una serie de irregularidades y vicios administrativos», lo que llevó al ente a recomendar al Poder Ejecutivo Nacional «declarar nulas las resoluciones de la Revisión Tarifaria Integral» para ambas licenciatarias,
En la presentación, junto con la recomendación de carácter administrativo, Bernal imputó a Aranguren y otros funcionarios por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta debiendo responder en calidad de coautores.
En las imputaciones están mencionados también Daniel Perrone, exsubinterventor y posterior director de Enargas; Andrés Chambouleyron, exsubsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; David Tezanos, exinterventor de Enargas; Andrés Ferraris, exdirector nacional de Política Tarifaria y luego director Nacional de Economía de los Hidrocarburos. La presentación comprende además a Juan Manuel Carassale, exjefe de Gabinete del Ministerio de Energía, y Graciela Cristina Bevacqua, exdirectora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Según la denuncia, se habría «manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la base tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente».
Este mecanismo habría permitido derivar en «ingresos excepcionales e ilegales a las empresas de transporte y distribución del gas por un mínimo de 1.343 millones de dólares» que impactaron en las tarifas de los usuarios, aseguró Bernal en la denuncia.
El interventor precisó que la denuncia «incluyen mails en los que los mismos exfuncionarios denunciados hablaban que el factor de actualización debería rondar el 24, o menos, sin embargo el número que se tomó fue de 33, y es lo que hoy se sigue reflejando en las facturas. Ese incremento artificial significó un incremento del 3.300% para este componente tarifario», aseveró el funcionario.
De acuerdo con lo expresado por la intervención del Enargas, esta disposición habría permitido «asegurarles a dichas empresas un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas».
