Volvió a suceder y ya sorprende cada vez menos. Desde que asumió Mauricio Macri la represión se convirtió en una metodología habitual. Esta vez la brutal paliza tuvo como destinatarios a los 20 trabajadores de la empresa recuperada RB, ubicada en una coqueta zona de Martínez, en San Isidro. La empresa se conformó como cooperativa en 2004 y se dedica a la producción de instrumentos de medición y control y es proveedora de firmas como Metrovías y Edenor.
El jueves por la noche, un grupo de la Policía Bonaerense, Infantería de la Bonaerense y la Gendarmería ingresaron al establecimiento con el objetivo de desalojar y reprimir a los trabajadores. Lo mismo habían hecho hace dos semanas, el 8 de junio, amparados por una orden tomada por el Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, que dirige el juez Orlando Abel Díaz. Pero según los trabajadores, el desalojo sin notificación fue ilegal: en 2007 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación y la ley fue prorrogada en 2012 por cinco años más, por lo que se encuentra vigente.
Fue por eso que el jueves, los trabajadores nucleados en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) junto a la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se convocaron en la planta para recuperar la fuente de trabajo. Pero la policía irrumpió y no dudó en disparar balas de goma dejando varios heridos. Dieciocho fueron detenidos entre ellos Julián Ríos, concejal del Movimiento Evita de San Martín, así como el Eduardo Murúa, referente del MNER.
Poco después, la represión continuó frente a la comisaría 1ª de San Isidro, en Centenario y Alsina, donde acudieron cerca de 400 manifestantes de varias organizaciones sociales y políticas que fueron a pedir información sobre sus compañeros arrestados. «Nos recibieron con una lluvia de balas de goma», contó uno de ellos a El Argentino Zona Norte (EAZN). Minutos después, cortaron la calle e hicieron una barricada con fuego. Una de las víctimas de los balazos fue un reportero gráfico de la agencia Télam, Raúl Ferrari, que cubría el episodio.
La jornada se tornó más violenta y con mayor incertidumbre. Tres trabajadores permanecieron desaparecidos durante cinco horas, hasta que sus compañeros lograron ubicarlos: estaban detenidos en la Comisaría 7ª de San Isidro. Ellos y el resto de los detenidos, alojados en la Comisaría 10ª de Martínez y en la primera y segunda de San Isidro, fueron liberados a lo largo de la madrugada.
«Presentamos un hábeas corpus y denunciamos a la Policía por el abuso de autoridad. Nosotros nos estábamos manifestando de forma pacífica, dijo Ricardo Perea, uno de los trabajadores de RB a EAZN. «Estuvimos hasta las tres de la mañana cuando liberaron a todos.» Perea indicó que el herido de mayor gravedad es Daniel Zakuski, trabajador de la planta: «Le dieron en la cara, estaba desfigurado.» La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) está trabajando en el caso.
«Acá hay algo más, claramente la idea es no poner de ejemplo a las fábricas recuperadas. Nos están persiguiendo por todos lados, con las tarifas, con todo. Cada vez se parece más a 2001 esto, y peor aún. Vamos a seguir resistiendo y ocupando la fábrica», explicó Daniel, del MNER.
Lo cierto es que todos saben que detrás del desalojo la verdadera intención es construir un emprendimiento inmobiliario, algo que se convirtió en uso y costumbre en la zona norte del Conurbano bonaerense. «El terreno en donde está ubicada la empresa vale millones de dólares, está al lado de una planta de IBM, es una zona de suelos muy caros, por eso está la complicidad entre los dirigentes, la policía y la justicia», explicó Bruno Chiodi, de Patria Grande Zona Norte.
En la planta no quedó nadie y está custodiada por la Infantería. A los largo de estas horas, los trabajadores definirán cuáles son los pasos a seguir. Pero saben que el proceso de lucha será largo y complejo fuera de la fábrica. «
*El Argentino Zona Norte
