Era demasiado hasta para ellos. La lógica de entregar el picaporte de la prisión para los dirigentes del anterior gobierno a los jueces federales de Comodoro Py comenzaba a convertirse en un botón de ojiva nuclear al alcance de un adolescente díscolo e influenciable por sus propios humores.
El camarista Martín Irurzun parió la doctrina que extiende los límites de la discrecionalidad de un juez para determinar cuándo un imputado debe ir a la cárcel. Pero el jueves pasado su colega Eduardo Farah generó un anticuerpo: es irrazonable la consideración en abstracto de pretendidas relaciones residuales o influencias fundadas en los cargos públicos que desempeñó otrora (el ex vicepresidente, Amado) Boudou para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento. Para Irurzun, el hecho de haber tenido poder en el pasado hace presumir que puede conservar algún remanente en el presente. Para Farah es poco menos que un disparate. Mucho más si se lo coteja con la realidad.
La denominada doctrina Irurzun, no obstante, no se ha terminado. La excarcelación de Boudou, y las que de ella podrían derivarse, no es más que un límite a la locura, el dislate y la venganza.
Dos hechos relevantes ocurrieron en la segunda semana de feria judicial en Comodoro Py 2002. La más relevante no fue la excarcelación de Boudou sino la del ex canciller Héctor Timerman. Cuando, al amparo de la Doctrina Irurzun el juez Claudio Bonadio dispuso la prisión domiciliaria de Timerman acaso no advirtió que podía estar firmando su sentencia de muerte. El juez sabía que Timerman necesitaba viajar a Estados Unidos para atender el cáncer por el cual él, Bonadio, le había concedido el arresto domiciliario. Los jueces no tienen obligación de conocer las leyes migratorias extranjeras, pero sí de extremar el cuidado cuando sus decisiones pueden afectar el derecho humano esencial en cualquier tiempo y lugar: el derecho a la vida.
Como juez de feria, Sergio Torres apagó el incendio como pudo. Pero el daño ya estaba hecho. Para quien cuenta su supervivencia probablemente en días, cada uno de ellos multiplica su valor hasta el infinito.
El otro fallo, el de Boudou, causó un efecto dominó. Por insólito que parezca, el ex vicepresidente fue detenido de madrugada, filmado, fotografiado, exhibido con chaleco antibalas y casco, pero dos meses después de estar encerrado todavía no fue procesado. Es decir: lo detuvieron y lo metieron preso, pero no recayó sobre él el documento señero que presume su responsabilidad en un delito. Preso sin causa. Una ilegalidad sólo equiparable a lo que ocurrió durante la última dictadura con los desaparecidos puestos a disposición del Poder Ejecutivo.
Pero Boudou no quedó libre de inmediato sino que debió esperar un día más porque estaba detenido en otro expediente, en el que sí está procesado por la presunta rendición irregular de tres viáticos cuando era ministro de Economía, hace más de seis años. Mientras Miguel Etchecolatz, con media docena de condenas sobre sus espaldas, está en su casa del bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, Boudou, sin siquiera una condena, estaba preso por la rendición de tres viáticos.
Era demasiado, incluso para ellos. «
