La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, encabezada por Alejandro Amor, realiza entre jueves y viernes un Seminario Regional sobre el uso de la fuerza, el rol de la Justicia y políticas de seguridad en el marco de estándares internacionales. La organización fue desarrollada en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Alejandro Amor, inició la jornada reivindicando el rol de la Defensoría como una casa de defensa y promoción de derechos y garantías, en particular los Derechos Humanos y agregó que si bien es un lugar neutral para las discusiones y las propuestas, «esa neutralidad se abandona cuando se incumplen derechos, en particular de los sectores más vulnerables».
La discusión sobre el uso de la fuerza pública en contextos de movilizaciones sociales ocupa un lugar especial en la agenda política luego de las diferentes represiones en las que la policía actuó de manera especialmente violenta, como en las jornadas parlamentarias en que se discutió la ley previsional, pero también en casos como el del agente Luis Chocobar que como consecuencia de matar a un ladrón en fuga fue recibido por el presidente Mauricio Macri.
La diversidad de las mesas y de los posicionamientos de los expertos asegura que temas tan sensibles como los mencionados puedan ser debatidos en profundidad por representantes de instituciones nacionales e internacionales. En una amplia sala con concurrencia masiva en el primer piso de la institución, se presentaron los diferentes expositores, del panel central participaron figuras como León Arslanian -ex miembro de la Corte Suprema y ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires-, Xavier Mena representante de la ACNUDH-, Juan Manuel Olmos presidente del instituto i-ciudad y Marcela de Langhe actual rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se forman los policías de la Ciudad-, ente otros.
El rol de la seguridad y los Derechos Humanos, además, cobra inesperada relevancia frente a la voluntad del Ejecutivo nacional de utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Si bien este tema no estaba presente cuando se armaron las jornadas inevitablemente fue mencionado, por ejemplo, en el panel central por Juan Manuel Olmos, quien señaló la vuelta de temas saldados en la discusión pública como una actitud sistemática en la Argentina.
En su intervención también planteó que la paz social no se discute en el vacío y que el contexto nacional es el acuerdo con el FMI y su pretensión de reducir el déficit fiscal en 20 mil millones de pesos, lo que inevitablemente llevará al conflicto social. Frente a esta situación se preguntó por la eficacia de la justicia como árbitro para asegurar la paz social, tomando como ejemplo el caso de la jueza López Bergara que intervino en la segunda jornada haciendo cumplir la ley 5688 de Seguridad Pública, cuando finalmente sí se voto la ley previsional. Pero Olmos se adentró en el tema planteando si no era más efectivo que, como pide la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia llamase a concurso público para nombrar un defensor policial, tal como dice la ley. Y que esas dos instituciones de garantías las dos Defensorías junto con una mesa previa con los Movimientos Sociales se llegase a acuerdos para encontrar la verdadera herramienta para transitar los meses que vienen, que no van a ser para mirar para otro lado. Hay que pasar a la acción, confío mucho en la Defensoría del Pueblo para que encause el diálogo en un año que se prevé muy conflictivo.
El ex camarista León Arslanian habló con Tiempo Argentino luego de su intervención, en la que valoró la discusión que estaba en proceso porque toca temas espinosos y actuales como es el uso de la fuerza por parte de la policía. Especialmente en este momento de tantas movilizaciones que generan situaciones de conflicto no menores. Creo que de acá van a salir criterios, puntos de vista para surtir soluciones y estrategias a los actores que tengan que intervenir.
En su intervención Arslanian ahondó en el tema Chocobar, porque es un tema que judicialmente no se lo está justificando, pero que el Poder Ejecutivo está utilizando como gesto para una opinión pública ávida de seguridad. Me parece que fue más un gesto que una definición institucional.
Gabriel Fuks, defensor adjunto del Pueblo, también dialogó con este medio al finalizar la mesa central, y consideró que este debate del uso de la fuerza y los mecanismos democráticos de resolución de conflictos es crucial para el momento que vive Argentina, sometida a tensiones sociales y políticas. Al respecto agregó que es necesario profundizar el debate: El ejemplo es el de la jueza López Bergara, que simplemente dijo que había que cumplirse con la ley, votada por 57 de 60 legisladores, por lo que el oficialismo también acordó. Es decir que una cosa es la simplificación que se hace ante las cámaras y otra lo que las normas indican y lo que el derecho internacional indica, como dijo el representante de la ACNUDH.
Sobre todo después del 18 de diciembre, es necesario tener en claro que dentro de la ley de la ciudad existen mecanismos claros que no es necesario ratificar permanentemente sobre el aprestamiento de las Fuerzas de Seguridad frente a la protesta social: las mesas de negociación, no utilizar armas letales, la identificación de los policías, entre otros afirmó el ex titular de los cascos blancos, y concluye: Ahí vamos a encontrar una lógica consistente para que las protestas que seguramente seguirán desarrollándose no terminen en situaciones con víctimas y heridas. El trabajo de este seminario está vinculado a esto.
Respecto al debate que trae el gobierno de la participación de las FF. AA. en seguridad interior: Todos los días desde el Ejecutivo Nacional hay un corrimiento de límites sobre las lógicas vinculadas a la seguridad interior. Primero con la Doctrina Chocobar, después con este tema que es un claro retroceso, que va en contra de las recomendaciones del rol de las FF. AA.
