El contundente resultado de las PASO del 11 de agosto condicionó la transición hacia octubre y delimitó los márgenes de una campaña inusual. La fuerza triunfadora debió (y deberá) sortear hasta el 27 de octubre la invitación inicial del oficialismo a gestionar una posición cercana al co-gobierno frente a la crisis. Tras el zigzag inicial derivado de la derrota, la Casa Rosada intenta, en tanto, hilvanar un delicado equilibrio entre la gestión y la posición de candidato en campaña con la que Mauricio Macri aspira a dar pelea por su reelección.
Con la tercera posición diluida (Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert), la disputa entre el candidato del opositor Frente de Todos, Alberto Fernández, y el Presidente ocupa el centro de la escena. El territorio electoral encuentra límites en la crisis económico-social, sus derivaciones y efectos tras la estampida del dólar post PASO y el fallido plan de contención del poder central.
En ese contexto, el debate presidencial –uno de los hitos de la campaña hacia octubre que este año deberá realizarse por fuerza de ley- volvió a quedar en las últimas horas en primer plano. “En estas circunstancias el debate puede ser un problema. Porque el Presidente va a tener que debatir con tres personas que hacen hincapié sobre la economía y la crisis económica. Yo no sé cuál va a ser el resultado en los mercados al día siguiente de cada debate. No lo entiendo. Lo digo pensando en la Argentina”, reflexionó Fernández.
En declaraciones a la señal de noticias C5N desde la provincia de Córdoba, el candidato del frente opositor amplió: “Si vamos al debate, iremos con toda la franqueza y toda la transparencia con la que siempre hemos planteado las cosas. Las preocupaciones que tenemos son centralmente económicas; y lo que lamento es que al gobierno le cuesta encontrar las respuestas suficientes frente a la crisis económica”.
La advertencia del candidato opositor puso blanco sobre negro una discusión subterránea sobre el marco que tendrá esa doble pulseada pública: el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe; y el 20 de ese mes –siete días antes de la elección nacional- en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA, en Buenos Aires. En caso de balotaje, se sumará una tercera instancia.
Sucede que, tras el duro revés en las Primarias del 11 de agosto, las versiones sobre una posible derogación de la norma que instrumenta los llamados comenzaron a circular en los pasillos y despachos oficiales. La evaluación de Fernández actualizó ese diagnóstico. “La ley no contempla una suspensión”, confrontaron este lunes desde el comité asesor.
«No hay ninguna posibilidad de suspender el debate, salvo que se derogue o cambie la ley. La ley establece la obligatoriedad y contempla sanciones para quien no se presente. Desde el punto de vista legal no está contemplado suspenderlo», afirmó a Tiempo Carlos March, miembro de ese cuerpo.
Además, March reclamó pensar al debate presidencial «desde el punto de vista democrático, como una política pública que promueva el voto informado; es un instrumetno a largo plazo». Y agregó: «Tal vez en estas elecciones se perciba que no define nada, pero en cuatro años tal vez pueda aportar de manera considerable. Hay que darle un enfoque de perspectiva más amplia que la coyuntura».
March también apuntó que los seis equipos de los candidatos que participarán de esa intervención «están trabajando para dar el mejor debate; es un dato concreto de la realidad».
La convocatoria a dos debates presidenciales previo a las elecciones nacionales es obligatoria en virtud de la Ley 27.337, sancionada por la Cámara baja en noviembre de 2016. La norma establece que esa instancia tiene como principal objetivo “dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas de los partidos, frente o agrupaciones políticas”. Todos los candidatos que lograron superar en las PASO el 1,5 por ciento de los votos mínimos para seguir en carrera deberán dar el presente.
Aunque todavía no era obligatorio, el antecedente inmediato de debate presidencial recrea la escena de 2015. Para numerosos analistas políticos esa instancia dejó algunos de los hitos de la campaña que terminó con la elección de Macri y la derrota del candidato del Frente de la Victoria, Daniel Scioli, quien evitó participar en el primer turno, pero aceptó el reto en la última instancia previa al balotaje.
Una frase marketinera -“en qué te has convertido Daniel, pareces un panelista de 6-7- 8”-, las promesas de cambio gradual sin pérdida de derechos, y el beso con su esposa, Juliana Awada, fueron los puntos que Macri capitalizó en aquella oportunidad. Cuatro años después, la oposición emparenta los supuestos logros de esa comunicación electoral con varias de las señales más firmes de la “estafa electoral” del gobierno de Cambiemos.
