Daniel Arroyo: «Macri quebró toda la estructura social, lo que deja es una catástrofe»

Su nombre fue una de las primeras fichas que Alberto Fernández ubicó en el organigrama del futuro gobierno. Esa posición tuvo incluso una señal confirmatoria 20 días antes de la victoria del Frente de Todos (FdT) en las elecciones generales: la presentación del plan «Argentina contra el Hambre», el 7 de octubre en la Facultad de Agronomía de la UBA, lo señaló como pieza clave del programa que el presidente electo busca instituir como la política pública angular de la etapa inicial de su mandato.

Desde entonces, ofició de puente en el diálogo con empresarios de la cadena alimenticia, organizaciones y movimientos sociales, las Iglesias Católica y Evangélicas, sindicatos y universidades. Intercambió y listó tareas y roles con el amplio universo al que Fernández busca comprometer en una plataforma transversal para atender las urgencias en materia social que heredará de la administración de Mauricio Macri.

Daniel Arroyo todavía prefiere responder a esas señales con diplomacia. «Alberto anuncia el Gabinete el 6 de diciembre. Estaré donde él crea que sea útil y necesario», puntualiza.

La locación de la entrevista con Tiempo relativiza esa posición de prudencia: el diputado y ex viceministro de Desarrollo Social en la primera etapa kirchnerista repasa los avances parciales y desafíos de «la primera política de Estado del siglo XXI» desde las amplias oficinas de Puerto Madero donde Fernández ultima el diseño de su equipo.

El séptimo piso del condominio de Encarnación Ezcurra 365 tiene en sus espacios más amplios cierta estética de redacción despojada y la dinámica de una mudanza reciente. Reuniones en paralelo y la entrada y salida casi permanente de dirigentes y asesores confirman que el rompecabezas del nuevo gobierno todavía está en construcción.

–El gobierno de Macri termina con más pobreza, desocupación y desigualdad. No hay una crisis acotada a una zona del país, a un sector o una industria; hay una catástrofe social. Se quebró toda la estructura social: los más pobres tienen problemas de hambre; los que hacen changas están trabados porque no hay movimiento económico; hay 300 mil personas que se quedaron sin trabajo formal; al que tiene trabajo las paritarias le quedaron por debajo de la inflación.

–En ese contexto, ¿cuáles son los indicadores de atención urgente?

–Uno es el aumento permanente durante cuatro años del precio de los alimentos. Eso agravó los problemas del hambre y la malnutrición. El segundo problema crucial es el endeudamiento de las familias que hoy no están en cero, están en menos diez. En los estratos más pobres bajó el consumo de leche: la gente se endeudó y dejó de comprar alimentos; algo que es vergonzoso. Además, estamos yendo a una generación de chicos petisos y obesos porque están basando su dieta en fideos, harinas y arroz. Vamos a terminar con un 40% de pobreza hacia fin de año y casi un 30% de desocupación entre los jóvenes en el Conurbano. Antes de las PASO la situación estaba complicada, pero con la última devaluación en apenas 60 días la gente en los comedores aumentó en un 20 por ciento.

Manual para una política de Estado

El agravamiento post PASO de la crisis económico-social enfocó las prioridades del FdT en la anticipada metamorfosis de alianza política en campaña a futuro equipo de gobierno. La atención a las demandas urgentes de los sectores vulnerables apareció como prioridad en ese proceso de gestación.

A principios de septiembre, Fernández regresó de una gira por España con la decisión de poner al flagelo del hambre como el principal desafío de la nueva etapa política que había comenzado a bosquejar el resultado de las Primarias. Su agenda en la península ibérica había incluido un encuentro con el escritor y periodista Martín Caparrós, que sirvió de inspiración final. «Estando en Madrid me pidió una audiencia y vino con un librito de él que se llama El hambre. Me hizo una pregunta y gracias a Dios que me la hizo: ¿por qué la Argentina, con todo el potencial de producción de alimentos que tiene, no se pone de pie para terminar con el hambre», reconstruyó tiempo después.

El hoy presidente electo le encomendó a Arroyo pulir en formato de una política de Estado el paquete de iniciativas en las que venían trabajando desde que, a principios de 2018, el diputado por Red Argentina decidió tomar distancia del espacio liderado por Sergio Massa para acercarse al proyecto de unidad del peronismo que comenzaba a militar Fernández.

Politólogo, conocedor de la geografía bonaerense –también ocupó la cartera de Desarrollo Social durante la gestión de Daniel Scioli–, el legislador comenzó a potenciar los lineamientos que ya había sintetizado en la redacción de la plataforma del frente PJ-kirchnerista. El triunfo de octubre aceleró los tiempos: reuniones de trabajo con los diferentes sectores involucrados, articulación con los futuros equipos técnicos y armado del Consejo Consultivo que debutó el 15 de noviembre pasado.

–¿Cuáles son las medidas y anuncios para el 10 y 11 de diciembre que involucran al programa?

–En la primera etapa, del 10 de diciembre hasta fin de año, vamos a hacer un acompañamiento fuerte de asistencia alimentaria en merenderos y comedores. Los argentinos tuvieron un año muy negativo y malo en términos de ingresos; las familias llegan exhaustas y cansadas a fin de año.

–¿Esa primera asistencia contempla la implementación de la tarjeta alimentaria?

–La tarjeta alimentaria comienza a funcionar en febrero. Hoy, en la Argentina hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria de distinto tipo a través del Estado, organizaciones sociales o iglesias. El 20% son madres de chicos menores de 6 años. A partir de febrero ese sector contará con la tarjeta de alimentos que sólo permitirá comprar alimentos sin extraer dinero del cajero. 

–¿Con qué monto?

–Eso lo vamos a anunciar a partir del 10 de diciembre. La tarjeta organiza y complementa la compra de la canasta básica de alimentos. La tecnología nos juega a favor para el seguimiento y control nutricional. Cuando la familia usa la tarjeta, la compra se codifica: sabemos qué productos compra y los nutricionistas tienen la información para aconsejar de qué manera mejorar una dieta.

–¿Habrá equipos para supervisar cada casa de familia?

–Absolutamente. Tenemos en la cabeza el modelo Bolsa de Familia aplicado en Brasil. El Estado va a las casas, a los hogares, en términos de apoyo nutricional y de salud porque tenemos un problema de hambre y también de malnutrición.

–¿Implementarán la devolución del IVA sobre la compra de algunos productos o será un mecanismo universal?

–El actual gobierno hizo una devolución universal en el medio de una devaluación del 30% y no sabemos en qué parte de la cadena o producto quedó. Nosotros pensamos en un proceso automático de devolución del IVA a las personas que tienen la tarjeta de alimentos, no es universal.

–¿Cómo se financiará el programa?

–Con reasignaciones presupuestarias. Los planes del programa no tienen un costo fiscal adicional. Este año se destinaron al área 27 mil millones de pesos y el Presupuesto de 2020 está previsto en 40 mil millones en cumplimiento de la Ley de Emergencia Alimentaria.

Actores y antecedentes

El Plan Alimentario Nacional (PAN) de Raúl Alfonsín, el Jefas y Jefes de Hogar en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde y la Asignación Universal por Hijo (AUH) en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner aparecen como referencias ineludibles de una rápida genealogía de los intentos para hacer frente a la deuda social. Qué diferencia a esas políticas –»serias y ambiciosas», según el futuro ministro de Desarrollo Social– del programa que impulsa Fernández. El equipo del Frente de Todos responde que se trata del primer plan de Estado que integra las áreas de salud, desarrollo social, educación, tecnología y agricultura, entre otras. «Es transversal. Se crea un Consejo Consultivo que vincula a todos los sectores en forma directa con el presidente y un observatorio que, también por primera vez, realizará un seguimiento en tiempo real de una política pública», precisa Arroyo.

–¿Qué rol tendrán las escuelas?

–Se planteó la posibilidad de que los controles de peso y talla se puedan hacer en las escuelas. También es el mejor lugar para plantear contenidos y capacitaciones nutricionales.

–¿Van a permanecer abiertas durante el verano en los puntos más críticos?

–Eso es parte de la estrategia que se va a definir en los próximos días, teniendo en cuenta que estamos ante una emergencia, que todos tenemos que colaborar y que cada día hay más gente en los comedores.

–Es imposible pensar en el acceso a los alimentos sin precios justos… ¿Qué nivel de acuerdo se alcanzó hasta ahora con los empresarios?

–Tuvimos reuniones con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), con entidades del agro, las cerealeras y los supermercados. Todos coinciden en que en la Argentina no puede haber hambre. Hay un consenso.

–¿En qué van a contribuir en términos concretos?

–Esto se enmarca en un Pacto Social alrededor del conjunto de las variables de la economía. Y en este punto hay mucho consenso y mucha predisposición; estamos avanzando en acuerdos técnicos sobre los 13 rubros básicos de la canasta.

–¿Qué rol ocuparán las organizaciones sociales en el nuevo gobierno?

–Los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina. Van a formar parte de la gestión institucional de la política social, sobre todo en lo que tiene que ver con economía popular y redes de comercialización para convertir a los planes sociales en trabajo en sectores clave como la construcción, producción de alimentos, textil y reciclados. Esa es la forma de reconstrucción de la Argentina, de abajo hacia arriba.

–¿Cuándo se verán los primeros resultados del plan?

–El actual gobierno arruinó el mundo de los plazos con las promesas del segundo semestre y pobreza cero. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Los temas estructurales como peso y talla no se pueden resolver sustantivamente en el corto plazo, pero a partir de la implementación de la tarjeta de alimentos vamos a tener un seguimiento inmediato de la calidad nutricional en cada familia.

Los equipos del Frente de Todos diseñan la asistencia alimentaria más inmediata en base a un mapa que visualiza mil áreas críticas ubicadas en los «Conurbanos» de los grandes centros urbanos.  «Tenemos ubicados unos mil barrios donde se vive una situación de emergencia. Son manchones en el Conurbano bonaerense, el Gran Rosario y Córdoba»,  señaló Arroyo en diálogo con Tiempo.

El nuevo gobierno planea llegar con asistencia alimentaria a todos esos barrios durante el mes de diciembre y enero, y con la implementación de la tarjeta alimentaria a partir de febrero.

Aunque ninguno de los instrumentos y programas que incluye el plan «Argentina contra el hambre» requiere de ratificación parlamentaria, Alberto Fernández buscará que la iniciativa quede institucionalizada en el Congreso Nacional. «El plan va a tener una ley. En el Parlamento vamos a discutir y escuchar las opiniones de todos sobre el tema», confirmó el principal referente del área.

«El plan no trata de ser fundacional; trata de construir una política de Estado sobre un territorio sobre el que se hizo mucho en la Argentina. En las Iglesias y los movimientos sociales se operó la resistencia durante cuatro años de mucha tensión, presión y violencia», completó.

La convocatoria a las fuerzas de la oposición quedará formalizada a partir del 10 de diciembre. «Estamos teniendo pre-reuniones, pero muchos dirigentes llaman y comunican su voluntad de participar», afirmó Arroyo.