El falso abogado Marcelo D’Alessio está a punto de afrontar su primer juicio oral y público. El juez federal Luis Rodríguez elevó a la etapa de debate una parte de la causa en la que está investigado por el intento de extorsión del agente aduanero Gabriel Traficante, en el marco de la causa conocida como “mafia de los contenedores”.

El tribunal oral federal número dos, integrado por Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (el tercer cargo está vacante y deberá designarse a un integrante para el juicio) quedó a cargo del caso. Pero por la pandemia del coronavirus la fecha de realización del debate es aún incierta.

El juez Rodríguez mandó a juicio a D’Alessio junto con el suspendido fiscal de la localidad bonaerense de Mercedes,  Juan Ignacio Bidone, y los ex agentes de inteligencia Claudio Oscar Álvarez y Rolando Hugo Barreiro. En este expediente fue indagado el periodista del diario Clarín Daniel Santoro, pero todavía no fue resuelta su situación procesal.

Según el auto de elevación a juicio, al que tuvo acceso Tiempo, Rodríguez resolvió elevar el expediente al tribunal oral teniendo en cuenta que D´Alessio “se encuentra detenido a disposición de este Tribunal desde el 06 de marzo de 2019, es decir más de un año, lo cual implica otorgar incluso mayor celeridad al proceso en estos tiempos de emergencia sanitaria originados por la aparición del COVID-19. Es que pese al aislamiento social, la Cámara Federal de Casación Penal estableció el protocolo necesario para que las causas en las que hubieran personas privadas de su libertad pudieran avanzar hacia la etapa de debate oral y público”.

Los cuatro imputados llegarán a juicio por “la extorsión bajo intimidación sobre Gabriel Traficante desde el periodo comprendido entre el 2/11/2016 hasta el 9/12/2016 aproximadamente, con el objeto de obligarlo a que le entregue distintas sumas de dinero”.

“Durante tal periodo, D´Alessio estableció contacto con Traficante y, bajo la presión de que, en sus propias palabras, podría parar el desarrollo de una ‘investigación irregular’ en su contra, como la mención de su nombre en el diario Clarín por intermedio del periodista Daniel Santoro, le exigió el pago de distintas sumas de dinero. Todo ello tuvo lugar gracias a la información privilegiada obtenida por el imputado, lo cual le permitió contar con un listado de llamadas del Sr. Traficante, los dominios de dos vehículos que se vincularían a personal policial que según le dijo a Traficante lo estarían persiguiendo, datos que lo implicarían al intimado en una investigación conocida como ‘la mafia de los contenedores’”.

Los montos de dinero exigidos quedaron reflejados en las transcripciones de los diálogos telefónicos y vía Whatsapp que D’Alessio mantuvo con Traficante: oscilaron entre los 600 mil y los 90 mil dólares, en un marco de insólitos regateos.

D’Alessio “le manifestó que de no ‘limpiar’ todo, a cambio del dinero requerido, podría ser objeto de ‘escrache’ en los medios con fotos suyas y de su familia, dado que había gente muy poderosa detrás de estos temas”.

A Bidone se le reprocha que, en su condición de fiscal de Delitos Complejos, “requirió a la empresa AMX Argentina SA (CLARO) bajo un número de Investigación Penal Preparatoria el listado de comunicaciones entrantes y salientes de Traficante. Que el resultado fue entregado a D´Alessio, con conocimiento de la maniobra ilícita en la que contribuiría e incumpliendo con los deberes propios del cargo”.

Con ese listado, más la presión de los agentes de inteligencia, D’Alessio presionaba a Traficante para sacarle dinero a cambio de una supuesta gestión para “limpiar” la causa que llevaba adelante el juez Marcelo Aguinsky y “frenar” la publicación de notas en el diario Clarín firmadas por Santoro.