Continúan las audiencias públicas por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante toda la semana expusieron personas de manera virtual, que casi en su totalidad, rechazaron el proyecto que ya tiene aprobación en primera lectura y que permite la construcción de edificios de alturas que oscilan entre 18 y 29 metros en 12 manzanas de la costa del Río de La Plata. Uno de los ejes de estos días fue la responsabilidad de los legisladores y las legisladoras en preservar los espacios verdes con fuertes críticas a los bloques del Partido Socialista, dirigido por Roy Cortina, y a la UCR-Evolución, que tiene como referente al senador nacional Martín Lousteau. Ambos bloques tienen discursos en sintonía con los reclamos ambientales, pero fueron importantes para que Vamos Juntos consiga los votos.
Mauro Sbarbati, integrante de la organización Basta de Demoler, criticó la actitud de ambos espacios políticos ante el “delirio urbanístico” que se pretende imponer. “Solamente es explicable si atrás hay un montón de dinero dando vueltas, sino no se entiende la actitud del gobierno y los legisladores, ¿en qué ciudad viven? Cualquiera de nosotros que hemos transitado las plazas estos días nos damos cuenta que están saturadas en su capacidad de carga. Repudio a los legisladores con doble discursos, desde los socialistas hasta Martín Lousteau, que antes las cámaras de televisión hablan loas de la protección del espacio público y hacen todo lo contrario a la hora de votar”, afirmó el vecino.
En esa misma línea también se expresó el jueves Martina Larumbe, vecina de Caballito de 19 años. “Los legisladores Cortina y los del bloque de Lousteau hicieron campaña hablando de los espacios verdes y ahora van a votar a favor de este proyecto de privatización. Es imborrable y es muy importante que seamos conscientes de esto. No vamos a renunciar a nuestros derechos, necesitamos espacios verdes para tener aire puro y la pandemia lo dejó muy claro”, sostuvo la joven.
Según datos del Colectivo de Arquitectas, hasta inicios de esta semana el 99,1% rechazó la privatización de la ribera. Expusieron 740 personas y sólo 3 lo hicieron a favor de la iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta. Durante la mañana de este jueves se escuchó a Graciela Cajal, vecina de Agronomía e integrante del grupo Salvemos al barrio, que se emocionó al decir que la Ciudad se está volviendo expulsiva de las personas con menos recursos. “La misión del legislador es la de velar por el bienestar de la mayoría de la población y no de un grupo minúsculo y privilegiado que se estaría apropiando de la costanera. Apoyo la iniciativa de crear un parque público de libre acceso, por favor, háganlo realidad. Mi propuesta es que los que menos tenemos, tengamos posibilidades en la ciudad. Se está transformando en una ciudad excluyente, van a lograr que los que nacimos en esta ciudad debamos emigrar a lugares más amigables, con costos más acordes a nuestros ingresos”, advirtió.
Durante la audiencia del jueves, Juan Martín Bravo, de 22 años, se quejó de la actitud del Gobierno porteño que, a pesar de que aún no se sancionó la ley, incluyó una partida en el Presupuesto 2021 para infraestructura. “En el proyecto aprobado destinan 4800 millones de pesos para infraestructura en Costa Salguero. Hasta acá parece que poco les importa la opinión de ciudadanos y ciudadanas en esta audiencia pública histórica. Seguimos pidiendo que escuchen a la juventud”, comentó en referencia al Plan Plurianual de Inversiones para ‘Infraestructura en Costa Salguero’ que se planea ejecutar entre 2021, destinando 1715 millones, y 2022, con 3085 millones.
Por su parte, el miércoles habló la coordinadora Área Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos, Guadalupe Granero, quien fue refutando los argumentos oficiales.
“El punto central de este proyecto es una falacia, esta idea de que se convierte espacio privado en espacio público. En primer lugar, porque se desconoce qué era público, con lo cual no estamos hablando de una conversión sino de una recuperación. Cambian el eje”, describió.
“Cuando se plantea el argumento de que para que para usar el espacio público tiene que ser seguro y para que sea seguro tiene que incorporar usos comerciales y gastronómicos, es otra falacia. Esta idea es ‘ampliar el espacio público’ pone de manifiesto una mirada clasista sobre como es el espacio urbano que asocia la seguridad con el consumo. Esta idea de ‘llevar vida a través de los usos gastronómicos’ es una forma de garantizar el transporte y los servicios para poder llegar. Esto invierte el sentido que es que garantizar la movilidad es una manera de generar la accesibilidad. Y la accesibilidad es la precondición del uso. Los lugares no son accesibles porque se usan, se usan porque son accesibles”, agregó la urbanista.
