El demorado acceso del gobierno argentino, a través de la Afip, a la información provista por la OCDE sobre 950 cuentas en el exterior por 2600 millones de dólares no declarados acumula sospechas sobre el rol y la responsabilidad que tuvieron los dos últimos directores del organismo fiscal durante la gestión de Mauricio Macri: Alberto Abad y Leandro Cuccioli. Según la información que aseguran tener los voceros de la agencia que conduce Mercedes Marcó del Pont, los datos fueron entregados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2018 y comenzaron a ser procesados a partir de este año. Sin embargo, la expectativa previa que generó Cambiemos sobre ese intercambio aumenta los interrogantes sobre la demora y la responsabilidad penal de los involucrados.
La llegada concreta de la información es parte de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Federico Delgado, a partir de un pedido del economista y tributarista Jorge Gaggero. Dentro de la AFIP ese procesamiento de los datos ya derivó en el levantamiento de la feria fiscal para intimar a los evasores que surgen de ese padrón de cuentas off shore. El objetivo estratégico es que esos millonarios dejen de evadir y paguen impuestos al fisco de ahora en adelante y también durante el tiempo que ocultaron sus bienes. Ahí radica la importancia de la fecha en que el Estado argentino supo sobre la existencia de esa enorme evasión.
A principios de abril de 2017, Abad celebró el resultado del «sinceramiento» lanzado en julio de 2016. Fueron blanqueados 116.800 millones de dólares. Se trató de la mayor cifra declarada en una amnistía fiscal e implicó una recaudación de 9.522 millones de dólares. La adhesión fue posible por las ventajas que se ofrecieron y porque en esos días el gobierno aseguraba que con la llegada de los datos de la OCDE los evasores no tendrían escapatoria ante los sabuesos de la AFIP y el entrecruzamiento que iba a hacer la Unidad de Información Financiera, conducida en ese momento por Mariano Federici. La fecha de llegada de los datos todavía es materia de investigación, pero en el actual ejecutivo señalan que la UIF tampoco hizo absolutamente nada para acelerar la entrega. Todo un contraste con el empeño que Federici decía poner para investigar las redes de lavado internacional de capitales.
Hasta ahora los anuncios del interés de Abad por obtener los datos tampoco coinciden con los resultados. En agosto de 2017, cuatro meses después de anunciar la cifra del blanqueo, Abad se encargó de anunciar que la AFIP comenzaría a «recibir en septiembre la información de las cuentas bancarias de los argentinos en más de 49 territorios”. Esa base de datos iba a permitir realizar «un cruce con las declaraciones juradas del período 2016 y la información que aporten estos 49 fiscos para detectar eventuales inconsistencias».
El periodista Gabriel Morini reveló esta semana en Ámbito Financiero que los datos llegaron a Buenos Aires en diciembre de ese año (2017) y fueron recibidos por la Unidad de Fiscalidad Internacional de la AFIP que estaba terminando las herramientas informáticas para procesarla a través de un sofware llamado Módulo Electrónico de Intercambio Automático de Información. No pudo activarse porque el país no había pagado una cuota de 50.000 dólares de membresía para obtener las autorizaciones para implementar el sistema.
Ese olvido aumenta las dudas sobre el interés que tenía la conducción política de la AFIP en obtener los datos con celeridad. Cuando lo revirtieron, en enero de 2018, según cuenta Morini, Abad, el subdirector de Auditoría Néstor Sosa y el subdirector general de Fiscalización Marcelo Costa «convocaron al personal del área con la orden de que trajeran impreso un reporte con los listados de nombres procesados hasta el momento por el sistema». Abad recibió la información «en mano» pero los nombres de los poseedores de las cuentas no aparecieron cuando el software comenzó a funcionar por una decisión interna del área de Auditoría.
Si esa escena inusual es reconstruida por la Justicia sería el segundo caso de desaparición de información sensible en manos del mismo sospechoso. Este diario contó en su última edición que Abad, cuando había asumido por primera vez la dirección general de la AFIP, durante el interinato de Eduardo Duhalde, protagonizó un hecho similar. Los testigos de esa época le adjudican en 2002 la «destrucción de un trabajo que le entregó la Unidad de Inteligencia Fiscal de AFIP con toda la información sobre las transferencias realizadas a guaridas fiscales por parte de grandes contribuyentes que estaban evadiendo las obligaciones tributarias». Los datos provenían de la información aportada por el trabajo sobre fuga de capitales elaborado en el Congreso por la comisión ad hoc que trabajó entre 2001 y 2002. El móvil es similar al de 2017, según un experto informático que participó del trabajo y recordó que “cuando le entregaron a Abad la información en soporte digital ordenó la disolución de la Unidad de Inteligencia Fiscal».
Entre un hecho y el otro hay saltos tecnológicos. Uno prescribió para la Justicia y el otro no, pero tienen un mismo protagonista que tuvo su primer paso como director de la AFIP en 2002 hasta la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner que lo reemplazó en diciembre 2008 por Ricardo Echegaray.
Macri lo repuso a partir del 10 de diciembre de 2015 con una agenda de trabajo concreta: realizar un ambicioso blanqueo de capitales y profundizar la cooperación fiscal con los organismos internacionales con los que la administración de Cambiemos iba a estrechar lazos políticos. En abril de 2018 fue reemplazado por Cuccioli. Una de las ventajas técnicas para hacer el entrecruzamiento que demoraron fue la continuidad de convenios firmados por CFK desde 2012 con la OCDE para intercambiar información fiscal entre los países miembro, precisamente para descubrir a grandes fortunas evasoras.
