Cuatro establecimientos educativos que se encuentran en la Villa31 corren peligro de cerrar sus puertas, luego de la sanción de la Ley N° 2736-J-2018, que tiene por objeto la re-urbanización del barrio, y que fue aprobada éste último jueves en la Legislatura Porteña. Una de las cuestiones principales es porque el titular de la Secretaría de Integración Social y Urbana, Diego Fernández, se negó sistemáticamente a incluirlos dentro del Censo para poder ser “beneficiarios” de las obras de mejoras que están en la flamante Ley. Las escuelas no tienen ninguna certeza de que el año que viene puedan seguir dando clases.
Los establecimientos afectados son, la Escuela UGEE N°20 Alberto Chejolán; el Instituto Superior de Formación Docente “Dora Acosta”; el Bachillerato Popular Ernesto Che Guevara, perteneciente a la organización La Garganta Poderosa; y el Bachillerato Popular Casa Abierta.
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El gobierno de la Ciudad tomó la decisión de no censar a las escuelas y bachilleratos populares, y dejó zonas grises en la ley que no garantizan la continuidad de los mismos. “El único espacio de la organización que entró en el censo es nuestro comedor, que tampoco está oficializado. Tenemos una Casa de la mujer, el bachillerato popular y espacios de educación popular para niños y adolescentes que no se encuentran censados”, denuncia a Tiempo, Susana Arroyo, estudiante del tercer año del Bachillerato Popular Ernesto Che Guevara de La Garganta Poderosa. “Nosotros venimos luchando hace años para que se reconozca como bachillerato popular oficializado con los títulos otorgados por el ministerio de educación, porque el programa respeta todos los contenidos y además posee contenidos que son del territorio, estamos en esa lucha”, agrega Arroyo.
Si bien la situación del Bachillerato Casa Abierta es distinta, la ley no avala su continuidad: “En nuestro caso nosotros fuimos censados y el espacio es propio, no tenemos ese problema, pero el artículo 74 de la nueva ley no garantiza la continuidad de nuestro Bachi”, advierte a Tiempo, Nora Flores, educadora del Bachillerato Popular Casa Abierta.
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El Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta, gestionado por la organización “El Hormiguero”, también entró en el censo. “El mayor problema no es ese, sino que en el proyecto nunca estuvo bien claro en qué consiste la organización para ellos en términos de proyectos educativos que ya están en el barrio”, asegura Florencia Martín, Co Coordinadora de “El Dorita” como se conoce en el barrio a la escuela. Lo que no tienen asegurada las escuelas es “de qué manera seríamos integradas a esa organización educativa que propone la Ley”, haciendo mención también al artículo 74 de la 2736, ya que “no está especificado, hay un vacío al respecto. Además no estamos incluidos en el plan de mejoramiento que son arreglos específicos de las viviendas y nos gustaría estar incluidos porque las mismas características precarias que tienen las viviendas del barrio las tienen las instituciones educativas”, indica Florencia Martín.
En cambio la escuela UGEE N°20 “Alberto Chejolán”, reconocida como parte de la oferta educativa del Área del Adulto y el Adolescente de la Dirección de Educación de Gestión Estatal, perteneciente a la Cartera educativa, directamente no fue censada. La escuela funciona desde el año 2012 en las instalaciones del CAF Nº 6, que depende del Ministerio de Desarrollo Social en la Manzana 17. “Hicimos un relevamiento y el riesgo educativo en el barrio en el 2012 era superior al 60%, por eso es importante que el Bachillerato esté ahí”, asegura Laura, docente de la Escuela N° 20. “A nosotros no nos han querido censar y uno de los requisitos que figura en el dictamen dice claramente que iban a ser beneficiarios de mejoras, de obras y de sesión de espacios, aquellas organizaciones que se hayan censado hasta el 2018”. El año que viene no tenemos garantizado el espacio donde funcionar y no sabemos qué destino le van a dar a éste anexo del CAF, donde hace 8 años funcionamos y donde ya egresaron 5 camadas de estudiantes”, Concluye Laura.
Además de la incertidumbre de la comunidad educativa de la Escuela N° 20, hace años vienen reclamando por “un espacio con 3 salones, una secretaría, y un salón de cuidado de niñas y niños que es condición ‘sine qua non’ para que muchas estudiantes puedan asistir a la escuela, que son mayormente mujeres de 18 a 70 años”, revelaAna Clara Frosio, docente del Bachillerato.
Estas instituciones se sumarían a la larga lista de escuelas, jardines y cursos cerrados por parte de Horacio Rodríguez Larreta, entre ellas, el futuro incierto de las salas de lactario de la escuela infantil 6 del Ramos Mejía; misma situación que sufre la Escuela Infantil N°2 DE 14 quefunciona en el Hospital Tornú; el inminente vaciamiento de la Escuela Materno Infantil Nº5 del Hospital Durand; y el cierre de 13 secundarias de adultos del Plan FinEs, que dejó 80 docentes despedidos y cerca de 500 estudiantes de Villa 20 de Lugano, La Carbonilla de La Paternal y del Bajo Flores,sin poder terminar sus estudios.
A estos cierres se les suma la resolución n° 4055-2018 del Ministerio de Educación porteño, firmada el jueves 13 de diciembre, en la que se informa sobre el cierre de cursos en las escuelas nocturnas y el cierre progresivo de escuelas comerciales, entre ellas: La de Comercio Nº 02 del Distrito Escolar 01 Dr. Antonio Bermejo; la Escuela de Comercio Nº 36 DE 03 Isaac Halperin; la de Comercio Nº 29 DE 07 Marina Mercante Argentina; el Liceo Nº 08 DE 13 Esteban Echeverría; y la Escuela de Comercio Nº 12 DE 21 Juan XXIII, entre otras.
