Hay modos bien diversos de leer el Decreto de Necesidad y Urgencia 431/2021, que habilita la llegada al país de la vacuna de Pfizer, el maná que desde hace meses reclamaban a coro la oposición y la prensa concentrada. En un primer vistazo, resultaría sencillo admitir que el gobierno cedió ante las presiones de los laboratorios, de Estados Unidos y de una opinión pública atravesada por discursos equívocos sobre la pandemia. La explicación oficial también es lineal: el marco legal para la adquisición de vacunas se actualizó en atención a los requerimientos de los laboratorios pero preservando los intereses del Estado, y las modificaciones a la Ley 27.573 fueron el resultado de una laboriosa síntesis a la que llegaron las partes al cabo de una larga negociación que, repite la ministra Carla Vizzotti, nunca se interrumpió.
Hay lecturas menos categóricas. La más certera tiene un trasfondo matemático. ¿Cuántas vacunas de Pfizer necesita el país? Objetivamente, pocas. Ya hay 27 millones de dosis disponibles, y contratos vigentes con el Instituto Gamaleya, con AstraZeneca y Sinopharm por una cantidad de vacunas que duplica la población argentina. Sólo en julio arribarían más de 15 millones. Y aun así, todo indica que, allanados los escollos jurídicos, en los próximos días se firmarían convenios no sólo con Pfizer, sino también con Moderna o Johnson & Johnson, para que ingresen a la canasta de vacunas de una campaña de inmunización que nadie sabe a ciencia cierta cuándo terminará. Porque Delta acecha. Y un informe de la revista Science ya habla de la variante Epsilon, que sería resistente a los anticuerpos que crean las vacunas.
Pero, de vuelta, si el problema era Pfizer, ¿cuántas se necesitarían? Por lo pronto, las que quiera donar el gobierno de Joe Biden. El DNU adquiere aquí cierta tonalidad geopolítica. La Argentina fue el primer país en aprobar la Sputnik V y será el primero de América Latina en producirla fuera de Rusia. Fue, además, el único del Cono Sur que no acordó la provisión de vacunas con laboratorios estadounidenses. El decreto se adelanta entonces al virtual desplante que hubiera significado rechazar los dos millones y medio de dosis que, se estima, donaría Washington al país, en medio de una crucial negociación con el FMI, y las que podría repartir luego por todo el mundo, en una disputa de sentido global con rusos y chinos por el rol de cada uno en esta historia: quién, llevando sus vacunas hasta el último confín del orbe, le habrá puesto fin a la pandemia
Por fin, la mirada estrictamente sanitaria ofrece varios argumentos atendibles, uno de ellos señalado como central durante el anuncio de Vizzotti y la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra: la inmunización de niños, niñas y adolescentes. En efecto, desde mayo, Pfizer se aplica a menores de 12 a 17 años, y sería una alternativa a Sinopharm, aprobada para su uso pediátrico en China.
En cualquier caso, dos cosas no cambiarán en lo inmediato. Una, de este lado, la sensación de que la nueva fórmula jurídica de seguros y garantías fue otra concesión del oficialismo a los poderes fácticos. Del otro, la ofensiva sin cuartel de una oposición política y mediática que ayer exigía Pfizer y mañana exigirá otra cosa, ante un gobierno que sólo responde a las críticas y no logra articular, ni siquiera alrededor del más vasto plan de vacunación de la historia, un relato propio.
