El proceso de extranjerización de la tierra en la Argentina se inició en la década de los ’90 del siglo pasado. En abril de 2011, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández, envió al Congreso un proyecto que proponía un límite a las porciones de tierra que podían en estar en manos de extranjeros. Pero el gobierno de Mauricio Macri modificó la Ley 26.737 en 2016 a través de un decreto presidencial. 

Las principales diferencias fueron que el macrismo aumentó las superficies a adquirir permitidas. Se facilitó y propició la apropiación extranjera de recursos naturales. La norma del kirchnerismo había fijado un límite del 15 % a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y sub provincial; hasta un máximo de las 1000 hectáreas por titular en zona núcleo y sus equivalencias en el resto de las provincias. No se podían adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes y sobre todo se establecían controles para evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones por medio de testaferros. 

La política del macrismo definió titular extranjero a quien tenga más del 51% del capital social de una persona jurídica, en tanto que la ley de CFK definía como extranjero a quien sea titular de «un porcentaje superior al 25%». 

Por otro lado, el decreto de la administración Cambiemos modificó otro punto central de la ley, en la que advierte que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1000 hectáreas cada uno. O su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. 

El decreto empujó a las provincias para que en los 30 días definan esas «equivalencias», en alusión a los límites de hectáreas que se podían adquirir en cada distrito. En caso contrario, la resolución del Gobierno advirtió que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales «fijará las equivalencias». 

Tras los hechos sucedidos en la Patagonia, el Senador Nacional por Neuquén Oscar Parrilli, junto a su par de Río Negro, Silvina García Larraburu, las senadoras Juliana Di Tullio, María Inés Pilatti Vergara y Nora Giménez, además de los senadores Mariano Recalde y Sergio Leavy, entre otros, presentó un proyecto de declaración que repudia la “retención” de Jorge Rachid y del grupo que lo acompañó en la sexta Marcha por la Soberanía en Lago Escondido. 

Parrilli repudió “la agresión llevada a cabo por una patota que respondería al terrateniente extranjero Joe Lewis, quien de manera flagrante impide el acceso al Lago Escondido”. Dijo, en los fundamentos, que “el ciudadano inglés Joe Lewis impide arbitrariamente a los ciudadanos argentinos el libre acceso a las costas de dominio público, en abierta violación a la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Rio Negro, que en su artículo 73 establece el libre acceso a fines recreativos a las riberas y costas de todos los ríos y espejos de agua, y demás normativa vigente”. 

Finalmente, el senador neuquino afirmó que “el proceso de recuperación soberana del patrimonio natural de nuestro país es un camino que tenemos que recorrer entre todos y todas”.