La mayor vía navegable del país, por donde pasan los barcos llenos de granos con destino de exportación se encuentra en proceso licitatorio. En ese contexto, y con el objetivo de evitar el contrabando de comodities para lograr recuperar más dólares y que no se evadan, la Unidad de Información Financiera propuso crear un órgano de contralor que “centralice y releve la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque.
Luego de que el senador Jorge Taiana diera la voz de alerta y pidiera informes al ministerio de Transporte que conduce el massista Mario Meoni, el presidente Alberto Fernández salió a aclarar que la cuestionada concesionaria actual no continuará al frente de la gestión de la hidrovía. El próximo 30 de abril vence el contrato de administración y mantenimiento del Sistema de Navegación Troncal que es operado desde 1995 por el grupo Hidrovía S.A. compuesta por Jan de Nul y EMEPA.
También podés leer: Crece el debate por la concesión a privados de la hidrovía
En ese contexto, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante creó tres comisiones especiales, con la aprobación del Consejo Federal Hidrovía, para avanzar en más de 50 propuestas presentadas por parte de autoridades provinciales, universidades y organismos nacionales destinadas a la conformación de los pliegos de licitación de la hidrovía Paraná Paraguay.
Este miércoles la Unidad de Información Financiera (UIF) envió su propuesta de trabajo para las Comisiones del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), en el que proponen crear un ente que pueda ejercer funciones de control y supervisión que impulsen procesos destinados a identificar, monitorear, administrar y mitigar riesgos del lavado de activos, como ser: financiación del terrorismo, contrabando, narcotráfico, delitos económicos complejos y proliferación de armas de destrucción masiva, de modo de procurar disminuir los riesgos de actividades lesivas en el Corredor Litoral.
En concreto, la UIF postula la creación de un órgano de contralor que, a partir de una Base Federal de Información Económica, centralice y releve la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque.
Asimismo, propone compartir información con la AFIP, los ministerios de Seguridad, el de Transporte y el de Agricultura, Prefectura y el INTA, entre otros entes gubernamentales.
También podés leer: Hidrovía: paro en reclamo de continuidad laboral a pocos días del fin de la concesión
Con el objetivo de garantizar la transparencia en el proceso licitatorio, la UIF propuso a la Comisión de Obras e Infraestructura del CFH, ejecutar acciones tales como: fiscalizar de manera integral las áreas física y territorial de la Hidrovía; relevar las obras e infraestructura portuaria del Sistema de Navegación Troncal del Río Paraná y coordinar las tareas del órgano de contralor con aquellas que competen a las autoridades provinciales y departamentales.
Respecto a la Comisión Ambiental, la propuesta incluye un análisis de los procesos de afectación ambiental tales como movimientos o desertificación de suelos. n aspectos tales como los movimientos no informados y desertificación de suelos, desvío de aguas no autorizadas y el control de contaminación de napas y acuíferos.
También podés leer: Hidrovía: protagonistas y ejes de una licitación con objetivos estratégicos
La Hidrovía Paraná-Paraguay, constituye la opción de transporte más relevante para la producción nacional. Es un canal crucial para la comercialización internacional de granos y materias primas (mineral de hierro, aceites vegetales, soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus derivados), de industria automotriz, metalúrgica, siderúrgica y para el traslado de gas natural, petróleo crudo y productos refinados.
Además de la vital importancia para el abastecimiento energético y el comercio legal y transparente, el Corredor Litoral, también ha sido utilizado, a lo largo de su historia, para llevar a cabo maniobras de contrabando, evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas.
