Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron hoy la “prisión preventiva” del empresario Paolo Rocca y del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos, en una medida de efecto zocalero pero sin pretensiones de rejas inminentes. El propio documento sostiene que, más allá del dictado de la prisión preventiva (que impacta a simple vista, atento a la catadura de los personajes), los imputados “continúen transitando en libertad” lo que queda por delante del proceso. Es decir prisión preventiva sí, pero encierro real, de momento, no.
El dictamen firmado por los representantes del Ministerio Público sostiene que los imputados (más Hugo Martín Larraburu, colaborador de Abal Medina, y los empresarios Alberto Padoán, de Vicentín, y Rubén Aranda, de Proalsa-Chimen Aike) “habrían desplegado cada uno de ellos un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados”, la mayoría de los cuales están procesados con preventiva aunque sólo un puñado está efectivamente en prisión.
Sin embargo, los fiscales consintieron la “falta de mérito” con que el juez federal Claudio Bonadio había resuelto la situación del empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y también de IECSA, la firma históricamente ligada a la familia Macri. El dictamen parece atribuir, en uno de sus párrafos, el carácter de corruptor a los empresarios: “resalta la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios a cuya voluntad se plegaron de manera decisiva los integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar».
El párrafo sostiene que los funcionarios “se plegaron” a la voluntad de los empresarios y “ayudaron a estructurar” el esquema delictivo. No es un dato menor; nunca antes en la causa se había plasmado esa idea de manera tan específica. Sin embargo, poco después el documento parece corregirse: «Se ha probado que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trata por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada».
Sobre el rol de los empresarios, los fiscales subrayaron que “muchos de ellos se valieron y habrían usufructuado los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia de esta estructura criminal en pos de sacar provecho del pacto ilícito”. El documento, en rigor una apelación contra el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio, propicia que “se imponga prisión preventiva a los procesamientos dictados sin perjuicio de la posibilidad de estarse a la libertad provisoria ya dispuesta para algunos de ellos”.
El dictamen firmado por los representantes del Ministerio Público sostiene que los imputados (más Hugo Martín Larraburu, colaborador de Abal Medina, y los empresarios Alberto Padoán, de Vicentín, y Rubén Aranda, de Proalsa-Chimen Aike) “habrían desplegado cada uno de ellos un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados”, la mayoría de los cuales están procesados con preventiva aunque sólo un puñado está efectivamente en prisión.
Sin embargo, los fiscales consintieron la “falta de mérito” con que el juez federal Claudio Bonadio había resuelto la situación del empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y también de IECSA, la firma históricamente ligada a la familia Macri. El dictamen parece atribuir, en uno de sus párrafos, el carácter de corruptor a los empresarios: “resalta la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios a cuya voluntad se plegaron de manera decisiva los integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar».
El párrafo sostiene que los funcionarios “se plegaron” a la voluntad de los empresarios y “ayudaron a estructurar” el esquema delictivo. No es un dato menor; nunca antes en la causa se había plasmado esa idea de manera tan específica. Sin embargo, poco después el documento parece corregirse: «Se ha probado que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trata por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada».
Sobre el rol de los empresarios, los fiscales subrayaron que “muchos de ellos se valieron y habrían usufructuado los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia de esta estructura criminal en pos de sacar provecho del pacto ilícito”. El documento, en rigor una apelación contra el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio, propicia que “se imponga prisión preventiva a los procesamientos dictados sin perjuicio de la posibilidad de estarse a la libertad provisoria ya dispuesta para algunos de ellos”.
