Crónica de una caída: el fin del Servicio Militar Obligatorio

El servicio militar se había declarado obligatorio en 1901 con la “Ley Riccheri”, en referencia al ministro de Guerra del presidente Roca, quien había propuesto una gran reforma del Ejército. No sólo se buscaba ampliar la cantidad de soldados en reserva ante la posibilidad de un conflicto limítrofe, sino que también se apuntó a reclutar jóvenes para inculcarles los valores de “ciudadanía argentina” y “moralidad” en un contexto de creciente diversidad de nacionalidades debido al gran proceso migratorio de la época.

El paso por el Servicio Militar Obligatorio se fue convirtiendo en tradición nacional junto a cierto consenso en que era necesario para que los jóvenes fueran instruidos en disciplina y obediencia. Se le atribuían cualidades como las de ungir responsabilidad, valentía y honor. Al ingresar, el juramento “subordinación y valor para defender a la patria” los comprometía de por vida a ser soldados de reserva en caso de que la Nación los convocara para enfrentar cualquier conflicto bélico.

A inicios de los ’80, el desprestigio acumulado por las Fuerzas Armadas se profundizó cuando comenzaron a ser duramente cuestionadas tanto por su accionar durante el gobierno de facto, como por su desempeño en la Guerra de Malvinas, donde murieron 649 soldados, entre ellos 273 jóvenes conscriptos.

Los argumentos para objetar la obligatoriedad

Un grupo de activistas de distintas organizaciones civiles se juntaron y, con Eduardo Pimentel a la cabeza -miembro  de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-, conformaron en 1983 el Frente de Oposición al Servicio Militar Obligatorio (FOSMO).

El principal argumento era sólido: la Ley N° 4031 obliga al hijo pero no al padre, que es tutor de su hijo menor de edad, y por ende tiene derecho a negarse a que su hijo la cumpla. El artículo 275 del Código Civil de Vélez Sarsfield señala: “Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores (…) sin licencia de sus padres”. También fundamentaban con la Constitución Nacional y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El FOSMO comenzó así a ser referente del tema y a sofisticar sus argumentos. En relación con la obligatoriedad, además de la patria potestad, se comenzó a apelar a la libertad u objeción de conciencia; a los derechos de la familia a educar a sus hijos en la fe religiosa del “no matarás”; a convicciones pacifistas que consideran que la guerra es injusta y es un crimen.

También cuestionaba las evidentes prácticas violentas y autoritarias que se intentaban justificar bajo argumentos de forjar el carácter desde una supuesta moral masculina bélica. Planteaban que la humillación y el sometimiento ejercido a través de la violencia verbal, moral, psíquica y física no eran una excepción sino una regla en los “ritos de iniciación” y en los conocidos “bailes”. El FOSMO resaltaba que estas prácticas formaban parte de la “identidad militar” e iban en contra de los valores “familiares” y “de comunidad” de la sociedad civil.

Estas objeciones y debates se materializaron en proyectos de ley presentados en el Congreso, en cartas documento enviadas directamente a los presidentes de la Nación en ejercicio, y en todos los medios de comunicación, siempre planteando que no se estaba en contra el servicio militar, sino contra algunas de sus prácticas y contra su obligatoriedad.

Conscriptos muertos en democracia y en tiempos de paz

El FOSMO iba creciendo y a la vez iba recibiendo distintos tipos de denuncias de familiares cuyos hijos habían sido torturados y/o muertos mientras realizaban la conscripción. Eudoro Palacio, miembro desde el inicio, asumió la enorme tarea de contabilizar la muerte de soldados en tiempos de paz, movilizado por la muerte de su hijo Mario Daniel en abril de 1983, a los 18 años, mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Artillería de Los Polvorines.

Para 1994 había detectado 34 muertes entre 1977 y 1994 reconocidas por las Fuerzas Armadas. Están minuciosamente apuntadas en sus registros, y no incluyen a los conscriptos desaparecidos durante la dictadura militar -al momento se registran aproximadamente 200 entre 1976 y 1983-, ni los conscriptos muertos durante la Guerra de Malvinas, que fueron 273.

Las causas de las muertes van desde “accidente” (once jóvenes: cuatro tuvieron accidentes con camiones; tres, disparos accidentales; dos en práctica de combate, uno electrocutado y otro ahogado), pasando por “suicidios” (nueve casos, uno señalado como “accidental”, y otro como asesinato seguido de encubrimiento). Por los maltratos recibidos en los “bailes” habían muerto seis jóvenes, y otros cinco debido a diversas razones como enfrentamiento con malvivientes, con policías, mala praxis en el cuartel, muerte sin especificar. Finalmente, habían registrado tres asesinatos simples.

No todos los casos fueron debidamente investigados y de varios se comprobó el flagrante encubrimiento en relación a la verdadera causa de muerte.

El caso Carrasco y el golpe final al Servicio Militar Obligatorio

El 6 de marzo de 1994 Omar Carrasco desaparece del cuartel y nadie le avisa a los familiares, que se enteran 14 días después cuando van a visitarlo. El padre de Omar se encuentra con tres versiones oficiales contradictorias, por lo que decide ir a la corresponsalía que el Diario de Río Negro tenía en Neuquén, donde solicita publicar un aviso pago de “persona desaparecida”. Lo reciben dos periodistas que lo escuchan y le proponen hacer una nota que, finalmente, resultó ser la primera sobre el caso, publicada el 26 de marzo con el título “Extraña desaparición de joven conscripto”.

El caso se hizo público y el abogado Carlos Segovia, dirigente de la Corriente de Militantes por los Derechos humanos de Río Negro y Neuquén se ofreció a tomarlo. A medida que los medios locales iban cubriendo el tema, empezaba a resonar también en los medios nacionales.

Para fin de mes la familia estaba acompañada de distintos organismos de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo e integrantes del FOSMO. El Obispo Jaime de Nevares participó activamente de la investigación, al punto de conseguir al perito que iba a actuar por la familia, Enrique Prueger.

La aparición del cuerpo de Omar el 6 de abril, a un mes de su desaparición, dentro del mismo cuartel donde cumplía su Servicio Militar Obligatorio, conmocionó al país.

El 9 de abril los restos de Omar fueron velados en Cutral Co, Neuquén, y unas mil personas se movilizaron para acompañar el féretro hasta el cementerio; una semana después se realizó la primera Marcha del Silencio en Plaza Huincul.

Ese mismo día, el 16 de abril, el presidente de la Nación, Carlos Menem, recibía en Buenos Aires a los padres de Omar, que pedían justicia, y a los de sus compañeros, que exigían autorización para interrumpir el proceso de conscripción de sus hijos, hasta tanto se aclare lo sucedido.

Menem afirma, en una entrevista con el diario Clarín, que había una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, y que los casos de violencia y muerte “son casos aislados como en cualquier parte del mundo”.

Al día siguiente, 17 de abril, se realizó la segunda Marcha del Silencio; y dos días después se realizó la tercera, que convocó a más de 3500 zapalinos, uno de cada diez habitantes estaba presente en las calles reclamando justicia. El caso continuó en agenda de todos los medios del país por varios meses en sintonía con el reclamo de poner fin al Servicio Militar Obligatorio.

Distintos proyectos de ley venían proponiendo la excepción a la obligatoriedad, la reducción de la duración, la objeción por conciencia moral o religiosa. Otros proponían sumar una “prestación social sustituta”, un “servicio civil” o “servicio social comunitario alternativo”. Ninguno de los proyectos llegó a ser tratado en el Congreso.

Pero sí se firmó un decreto, el de “Régimen para el Personal de Soldados Profesionales”, que dio sustento jurídico para aprobar luego la ley de Servicio Militar Voluntario. Que Menem lo firmara fue interpretado como una medida personalista que buscó el impacto popular, ya que ese año el presidente se encontraba proponiendo la reforma constitucional que le permitiría ser reelecto al año siguiente.

Finalmente, el 14 de diciembre de 1994 se sancionó la Ley 24.429 “Servicio Militar Voluntario”.

El 14 de mayo del año siguiente Menem fue reelegido como presidente de la Nación, por el 49,94% de los votos.

*Este suplemento es una versión editada del trabajo final “El caso Carrasco y el fin del Servicio Militar Obligatorio” realizado por Valeria Montenegro y María Elisa Zenobi bajo la tutoría de la profesora Adriana Meyer, en el marco del Seminario TIF “Desaparecer y morir en democracia” de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.