Como ya ocurre a nivel nacional, el gobierno de María Eugenia Vidal avanza en la implementación de controles más estrictos de la asistencia de los estatales. En la gobernación y en, al menos, dos ministerios ya se instalaron lectores de huella digital y molinetes para controlar el horario de entrada y de salida. Los gremios rechazan el nuevo sistema biométrico y también la idea de reinstalar el plus por presentismo que fue eliminado hace años.
El plan para reducir el ausentismo según el gobierno ronda el 25% se pone en marcha de a poco. El sistema se instaló primero en la Casa de Gobierno, y en los próximos días comenzará a funcionar en el Ministerio de Economía donde también funcionan la Agencia de Recaudación (ARBA), Contaduría y Tesorería y en el Ministerio de Infraestructura. Hoy el control de asistencia se hace mediante planillas que se firman y presentan quincenalmente. Incluso la Dirección de Personal sacó en mayo un nuevo Manual de Registro de Asistencia que reza en su primera página: «Tu presencia cuenta.»
Los gremios se oponen, no al control, sino al nuevo sistema. Creen que afectará derechos adquiridos al reinstalar, por ejemplo, el plus por presentismo e imponer sanciones y hasta descuentos. En la Provincia, ese plus se pagó durante muchos años hasta que fue dejado sin efecto por el gobierno de Felipe Solá a partir del reclamo de los sindicatos que lo consideraban «un premio a la salud». Incluso recuerdan que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo califica como «una forma de explotación laboral». Por esto, el plus se transformó en una bonificación que actualmente cobran todos los trabajadores.
Vidal ya dio pasos en ese sentido al pagar un plus de mil pesos a los maestros que no pararon en el arranque de clases. Y el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, adelantó que quieren discutir con los gremios para 2018 un plus salarial por «continuidad y calidad del servicio» que tendría al presentismo como eje. Sin embargo, el gobierno bonaerense evitó responder a las consultas de Tiempo sobre las reservas de los gremios.
Reacciones
El titular de UPCN, Carlos Quintana, dijo a Tiempo que «el Estado tiene el derecho de poner cualquier sistema que controle el ausentismo pero esto tampoco significa que el trabajador trabaje: puede pasar el dedo y no trabajar, así que no tiene ningún sentido». Reclamó un sistema que permita «reconocer a aquel que dedica tiempo, esfuerzo y trabajo» en el Estado. «Si no tenemos un premio a eso, estamos equivocando el rol que debe el Estado: premiar al que trabaja y no estarlo persiguiendo con el tema del ausentismo.» Desde ATE Provincia advirtieron que hay otros mecanismos, como las tarjetas y planillas, y mostraron reparos por el uso que podría hacerse de los datos. «Nos preocupa que en Obras Públicas los datos de los trabajadores los manejará una empresa privada. Además sabemos que detrás de todo está el presentismo y que se apunta a quitar derechos adquiridos, como está pasando en ARBA con la licencia por maternidad», dijo la secretaria de Acción Política, Griselda Cavaliere. «
Frentes clave que continúan abiertos
Pasaron cinco meses y el gobierno de María Eugenia Vidal aún no logra resolver la paritaria con sectores clave del Estado bonaerense: docentes, médicos y judiciales. En el primer caso, la negociación está frenada desde hace más de un mes y, pese a que no hay paros desde abril, tampoco señales de un futuro acuerdo.
El Frente de Unidad Docente ya avisó que si no hay una propuesta superadora, volverán al paro antes y después de las vacaciones. Hay contactos informales, pero la discusión está trabada: el gobierno subió en un punto la oferta del 20% que ya fue rechazada. Tras la amenaza de paro, el gobierno dejó trascender que si en dos semanas no hay acuerdo otorgará un nuevo adelanto.
Los médicos tuvieron su primera reunión paritaria el martes. Les ofrecieron 18% en 4 cuotas -como aceptaron la mayoría de los estatales en diciembre- y 2,5% por 2016. No hubo acuerdo. Ya llevan 20 días de paro y van por más.
La paritaria judicial está empantanada y frente al desacuerdo, la gobernadora resolvió pagar un adelanto del 10%, una medida rechazada por el gremio AJB.
