La senadora Cristina Fernández presentó un proyecto de ley para que el Gobierno suspenda los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo, retrotrayendo su costo al 1 de enero de 2017. A su vez, los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Nathalia Gonzalez también escribieron un proyecto para congelar las tarifas de servicios públicos, que fue presentado el pasado 6 de abril.
En el caso de las pymes y a las cooperativas de trabajo, la senadora propuso que el beneficio se aplique «siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual. Esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula».
También propone la creación en el ámbito del Congreso de la Nación el «Comité Nacional de Emergencia Tarifaria» con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la Ley.
Estará compuesto por una representación plural de legisladores y asociaciones de usuarios: dos representantes de los usuarios y consumidores; dos representantes de los trabajadores; tres representantes de las empresas prestatarias; cuatro senadores; cuatro diputados, y tres representantes del Poder Ejecutivo. Todos ellos ejercerán su cargo ad-honorem.
Entre otras atribuciones, este comité tendría a su cargo la revisión tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios públicos, desde el 1° de enero del año 2017 hasta la culminación de la emergencia pública en materia tarifaria. Esta revisión será vinculante, y tendrá por objeto adecuar los cuadros tarifarios vigentes hacia una tarifa justa y razonable.
Además, el proyecto de los diputados de izquierda propone la creación de una Comisión de Auditoría, Balance y Revisión de las Tarifas, para controlar a las empresas prestadoras de servicio.
