La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este martes la nulidad de la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA y que se dicte el sobreseimiento de todos los «injustamente» imputados.

En un escrito de 82 carillas presentado al Tribunal Oral Federal 8 que prepara el juicio a la Vicepresidenta y los demás procesados en el caso, los abogados de Cristina Carlos Beraldi y Ary Llernovoy reclamaron que «se deje sin efecto» el envío a debate oral y que, antes, se cite a una audiencia pública con acceso a la prensa para escuchar los argumentos de las partes, según el texto al que tuvo acceso Télam.

La defensa exigió que «se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso, con expresa mención de que la formación de la causa en nada afecta su buen nombre y honor», y recalcó que esa decisión «también deberá alcanzar » al fallecido excanciller Héctor Timerman, sobreseído por extinción de la acción penal.

El planteo de nulidad se basa en la «actuación que han desarrollado en este proceso los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky», ambos miembros de la Cámara Federal de Casación Penal. Los dos camaristas fueron denunciados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y en Casa de Gobierno.

«La actuación que han desarrollado en este proceso los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, importó una severa afectación a la garantía del juez natural, la cual se extiende a todas las resoluciones dictadas por dichos magistrados así como también a los demás actos procesales que guardan conexión con las mismas», argumentaron los defensores.

Los abogados pidieron al Tribunal que ordene medidas de prueba antes de resolver, entre ellas un pedido a la Casa Militar de la Nación «a fin de que informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019».

«A partir del 10 de diciembre del año 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación, comenzaron a desarrollarse una serie de episodios muy graves en términos institucionales que, objetivamente, importaron una severa afectación del recto servicio de administración de justicia», se remarcó en el escrito.

En lo vinculado a la expresidenta, a partir de 2016, «comenzó a ser citada periódicamente a prestar declaración indagatoria en el marco de dichos procesos, llegándose en una oportunidad a la increíble circunstancia de que debiera afrontar ocho indagatorias en un mismo día».

«En todas las causas en las que nuestra defendida fue procesada, la instrucción quedó a cargo de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Ambos magistrados, a través de sorteos sospechosos y directas maniobras de fórum shopping pasaron a convertirse en jueces de atracción de cualquier causa que llevara el apellido Kirchner», se agregó.

«A esta altura debemos adelantar que, con una única excepción, los jueces Hornos y Borinsky tuvieron intervención como jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en todos esos expedientes».

La defensa pidió al Tribunal Oral que declare «la invalidez de los actos procesales» dictados en la causa por la firma del Memorándum desde el 29 de diciembre de 2016, cuando Casación dejó sin efecto la desestimación de la denuncia que dio origen al proceso.

«Como consecuencia lógica del temperamento impetrado, solicitamos que se deje sin efecto el auto de citación a juicio y se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso», concluyeron.