La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una defensa jurídica y política de las acusaciones en su contra como supuesta jefa de una «asociación ilícita» que cobraba «retornos» por la concesión de obra pública a empresarios «amigos».

«Los contratos de alquiler celebrados con Lázaro Báez, a los que se agregan los de Cristóbal López, pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa. Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario», escribió la ex presidenta en su escrito de defensa presentado este lunes ante el juez federal Claudio Bonadio.

No se trató sólo de una defensa política. La ex mandataria, con el respaldo de su abogado, Carlos Beraldi, respondió desde el punto de vista jurídico la acusación en su contra. De todas formas, le servirá de poco: Bonadio dictará su procesamiento en las próximas semanas. El trámite continuará la vía judicial en etapas de apelaciones: «Hago expresa reserva de acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes».

También, claro está, hubo una defensa política: «Resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país, al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última».

CFK advirtió: «Los mismos legisladores ahora oficialistas y antes opositores a mi Gobierno que me denunciaron reclaman no sólo mi inmediata detención, sino además exigen proscribirme de cualquier tipo de actividad política».

Las denuncias y los expedientes judiciales que se apilan en su contra son «difundidas a través de un aparato de propaganda que sólo registra comparaciones con el que tuvieron a su disposición gobiernos totalitarios». Y, además, con criterios jurídicos dispares. A punto tal que, en un momento del breve trámite judicial que tuvo lugar esta mañana en Comodoro Py, la ex presidenta preguntó irónicamente: «¿tengo derechos?».

La ex mandataria recordó que está procesada por una causa, «dólar futuro», cuya matriz de hipótesis de delito es similar a otra que involucra a funcionarios del actual gobierno. “Existe una denuncia contra los funcionarios del actual Gobierno por un hecho de características idénticas a la causa “Dólar Futuro”. En efecto, la venta de Lebacs por parte del BCRA (política monetaria), para mantener la cotización del dólar al nivel que desea el Gobierno, pagando tasas de interés como en ninguna otra parte del mundo y generando lo que se conoce como “bicicleta financiera”, ha generado un volumen de emisión en pesos geométrico. Ello motivó una denuncia penal que esta misma justicia federal desestimó por inexistencia de delito. O sea, frente a una misma conducta (manejo monetario) del mismo sujeto (BCRA), se dan dos decisiones judiciales antagónicas. Con una salvedad: en el caso de “Dólar Futuro” y durante la gestión de nuestro Gobierno los resultados de la política monetaria para el balance del BCRA, fueron positivos».

El escrito apunta a un apellido, «Mahiques», como evidencia de lo que denuncia como «persecución política». La ex presidenta recordó que en expedientes similares a los actuales estuvo sobreseída, pero las causas fueron reabiertas, en presunta violación al principio de la «cosa juzgada» o el «ne bis in idem» (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito).

La ex mandataria habló de un «fiscal especial», Ignacio Mahiques, designado para investigarla, «nada menos que el hermano del Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura», Juan Ignacio Mahiques, «y por si algún parentesco faltaba, el “hermano Mahiques” es el hijo del ex Ministro de Justicia Mahiques, del Gobierno de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires», Carlos Mahiques.

La ex mandataria dijo que las causas Hotesur y Los Sauces son «lo mismo» y desafió: «A esta altura ya tenemos dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas: contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública. Un verdadero escándalo jurídico y político».

En el escrito, la ex presidenta también aprovechó para descalificar la investigación en su contra por presunta «traición a la patria» por la firma del memorando de entendimiento con Irán por el atentado contra la AMIA. Allí, recordó un «agravante tragicómico: que Bonadío fue separado de la causa de encubrimiento del atentado de la AMIA con duros y severísimos términos por parte del Tribunal de alzada, por su inactividad durante años en la causa, sumado al hecho de su vinculación con Carlos Vladimiro Corach, funcionario de relevancia al momento del atentado y que nunca fuera citado en el marco de la causa AMIA, pese al requerimiento constante de diversas querellas. El Tribunal le reprochó a Bonadío el hecho de haber sido funcionario de Corach. Para más, un dato, si se quiere patético: una de las personas que solicitó ante el Tribunal de alzada la remoción de Bonadío en dicha causa fue el Fiscal Natalio Alberto Nisman».