La vicepresidenta Cristina Fernández denunció que el anterior gobierno de Cambiemos armó «verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional», como la AFI, la AFIP, la UIF y la OA, «que articularon una feroz e inédita persecución» en contra suya y de su familia.

Así lo manifestó la ex presidenta en sus redes sociales, donde indicó que hizo sendas presentaciones ante la justicia federal de Río Gallegos y ante la AFIP por «la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial».

En ambos escritos queda demostrada «la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que, en coordinación con sectores del Poder Judicial, operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal» contra su persona.

«Una perlita: al ‘procedimiento’ clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Aunque sean un poco extensos, leanlos… Vale la pena», añadió.

«Para los que todavía no creen en la existencia del lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos…», escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, continuó: «Para los que aún no se enteraron que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia…

La defensa de CFK presentó dos escritos para denunciar esta situación, uno ante el juez federal de Río Gallegos y el otro ante la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En los escritos, la ex presidenta señala que la Fiscalía Federal de Río Gallegos inició una investigación “ilegal y clandestina” junto con la AFIP. La fiscalía le ordenó al Organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio “pero con una insólita y gravísima particularidad: debían hacerlo en forma clandestina”, señala el escrito.

“Esta arbitraria conducta de las autoridades, estaba claramente destinada a hostigarme y perseguirme y no a conocer mi situación fiscal, que por otra parte, después de todas las intervenciones judiciales a las sociedades familiares y al patrimonio familiar, eran absolutamente conocidas tanto por la AFIP como por la Justicia Federal”.