“A contramano de los discursos reaccionarios que cuestionan el rol del Estado, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires creemos en la idea de que la inversión pública es fundamental para efectivizar el acceso a los derechos y a una mejor calidad de vida”, aseguró Álvarez Rodríguez, a Tiempo. La jefa de asesores del gobierno bonaerense marcó la diferencia de enfoque de la gestión provincial respecto de la avanzada del gobierno de Javier Milei sobre los derechos de las personas y puso el foco en el profundo trabajo que vienen realizando en el Registro Provincial de las Personas (RPP): “Entre los derechos consagrados en nuestra Constitución, el de la identidad es la puerta de acceso a los demás derechos”, sostuvo.
“Tenemos un gobierno que pone a las personas en el centro de sus decisiones. Realiza un trabajo diario en los 135 municipios. Lo hace para garantizar derechos elementales como el acceso a la salud, a la educación, a un empleo registrado, a los diversos programas sociales, al voto y a todos los derechos básicos para el desarrollo de una ciudadanía plena”, agregó.
PLAN INTEGRAL
Para garantizar el derecho a la identidad en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof puso en marcha un plan integral de puesta en valor del Registro que implicó una inversión total de $2.740 millones entre 2022 y 2023, basado en tres grandes ejes: «el mejoramiento de la infraestructura; los recursos humanos; la capacitación; el equipamiento y la conectividad”, enfatizaron desde el área.
“También abrimos 53 nuevas delegaciones en distintos barrios de la provincia para acercar el Registro a los bonaerenses, realizamos refacciones integrales y la puesta en valor de 110 delegaciones. Y adquirimos equipamiento biométrico con última tecnología. Incorporamos 401 nuevos agentes e implementamos un cronograma de Capacitaciones Registrales”, agregaron.
En dos años se realizaron más de 2.000 operativos de documentación en conjunto con los municipios, concretando más de 345.000 trámites desde 2020 en las zonas que se encuentran más alejadas de los centros urbanos. A la vez, con el programa Mi Identidad, Mi Derecho se buscó asegurar el derecho a la identidad de las y los bonaerenses que, por algún motivo de la vida, no tramitaron su partida de nacimiento y que, por ende, no cuentan con su DNI”.
El programa tiene dos puntos centrales: “Brindar de manera gratuita, y sin límite de edad, el registro de las personas que no cuentan con su documentación; también procurar que sea un proceso fácil y rápido. Así, un trámite que por vía judicial antes tardaba 4 años, hoy tiene una demora aproximada de 3 meses por vía administrativa. Se trata de una política que sirvió para que entre 2020 y 2024 más de 6.600 bonaerenses sean reconocidos por el Estado como sujetos de derecho”, concluyeron.
«Garantizar el derecho a la identidad es garantizar la posibilidad de sentirnos completas y completos. Es asegurar que ninguna persona viva arrancada de su historia, desconectada de sus raíces y sus derechos”, sostuvo Álvarez Rodríguez y apuntó: “Cuando hablamos de un Estado eficiente, nos referimos a un Estado que resuelve las necesidades del pueblo y que mejora la vida de la gente. Nuestro compromiso es seguir trabajando para garantizar que cada ciudadana y ciudadano tengan los mismos derechos. No se trata solo de un acto administrativo, se trata de un acto de justicia social que genera igualdad de oportunidades, sentido de pertenencia y el respeto por el proyecto de vida de cada persona”.
