La reciente derrota en la Cámara Baja por las tarifas de los servicios públicos y la crisis financiera y de credibilidad que afronta el gobierno conforman el marco que rodea en estos días al Congreso de la Nación y que Marcos Peña decidió evitar.

Así las cosas, el jefe de Gabinete recién dará su tercer informe ante la Cámara Baja el próximo miércoles 23. Para esa altura el funcionario espera tener más en claro cómo será el devenir de la reforma que buscar retrotraer el precio de las tarifas a noviembre del 2017 y establecer un índice de variación salarial para la futuras actualizaciones.

Desde la oposición esperan por la presencia de Peña para preguntarle por la fuga de capitales, la devaluación, y la decisión del gobierno de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cambio, el oficialismo intentará avanzar con otra agenda e impulsará el proyecto que propone expropiar tierras y urbanizar barrios populares. Para eso llevará al Congreso a uno de sus mejores cuadros, Carolina Stanley,  la ministra de Desarrollo.

La funcionaria se presentará el próximo miércoles a las 10 en el Anexo “C” ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales -cabecera-; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Legislación General; y Presupuesto y Hacienda. De las cuatro, tres son presididas por Cambiemos, mientras que la restante, Vivienda, se encuentra en manos del massista Felipe Solá.

El proyecto lleva las firmas de los jefes del Pro, Nicolás Massot; de la UCR, Mario Negri; y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y fue redactado en consenso con el Poder Ejecutivo, que en un principio se estimaba iba a ser el que giraría el texto.

Bajo la creación del “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial”, el objetivo es disponer la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el fin de darles el título de propiedad a sus habitantes.

La iniciativa establece que la Agencia de Administración de Bienes del Estado actuará como sujeto expropiante y deberá también, junto al Ministerio de Desarrollo Social, celebrar los acuerdos correspondientes con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, para la transferencia de terrenos que fuera necesaria.