El allanamiento al domicilio del politólogo Darío Nieto, secretario personal de  Mauricio Macri, conmovió al entorno más cercano del expresidente. La medida fue ordenada el jueves pasado por el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, pero PRO demoró tres días en reunir la primera tanda de firmas para respaldarlo. La recolección de nombres juntó a una parte de la alianza opositora, pero el mosaico de rúbricas habla más por quienes se resistieron a poner el gancho, que por aquellos que se animaron a defender al joven Nieto, a partir de un enérgico pedido del expresidente.  Entre ellos faltan la exvicepresidenta Gabriel Michetti, el extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el exjefe de la bancada amarilla, Nicolás Massot, el exministro del Interior, Rogelio Frigerio y el puñado de diputados macristas que les responde.  La exgobernadora María Eugenia Vidal tampoco aparece en las tres ampliaciones de la carta que fueron difundidas, aunque en el PRO aclararon que sí firmó. 

La nómina de ausentes es todo un termómetro, casi en tiempo real, de la situación interna del partido amarillo, y la alianza opositora, a partir del cimbronazo que provocaron las causas abiertas por presunto espionaje ilegal. Algunos de ellos, con adhesión o sin ella, aparecen como víctimas dentro del expediente que indaga el caso. De acuerdo a las pruebas recolectadas fue realizado durante la administración de Cambiemos, bajo la órbita de la AFI y este martes sumó otras 22 detenciones, entre ellos, a la jefa de Documentación Presidencial de la Casa Rosada, Susana Martinengo. 

Dentro de la conducción partidaria detallaron a Tiempo que el accidentado pedido de la semana pasada para sumar adhesiones fue canalizado por el exsecretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, tan estrecho para Macri como «Daro». A la luz de las detenciones que siguieron al allanamiento de Nieto, las ausencias parecen  más relacionadas a las desconfianzas acumuladas y a prevenciones procesales frente a la posibilidad de un posible desfile por tribunales.  Todos están al tanto de la cantidad de pruebas y testimonios reunidos por el juez, que todavía tiene que expedirse sobre un pedido de eximición de prisión que presentó Nieto. 

La carta de apoyo, titulada «Unidos en defensa de la unidad y la transparencia» sumó a las autoridas partidarias, a los jefes parlamentarios de la coalición, a 2 de los 8 senadores y a 41 de los 53 diputados que integran el bloque macrista. Entre los ausentes estuvieron todos los legisladores que responden al exviceministro del Interior y actual diputado Sebastián García de Luca, que integran un espacio de trece bancas del PRO que por ahora no romperán con el bloque, pero cada vez desnudan con más fuerza sus diferencias dentro de la Cámara baja. A los faltazos se sumó Massot: dijo a la prensa que no cree que «Macri estuviera al tanto» del espionaje que sufrió, pero no firmó ningun gesto de confianza sobre la integridad moral de Nieto. 

La estrategia defensiva, en la medida que avance el expediente, buscará desligar a Macri del caso. Así como Nieto sostuvo en dos entrevistas que no tenía relación con Martinengo, los demás dirigentes que aparecen como víctimas en el expediente de Villena podrían aportar un último gesto de generosidad y asegurar, como Massot, que no creen que Macri estuviera al tanto de las operaciones. 

Tal como contó Tiempo en sus últimas ediciones dominicales, varios de los dirigentes macristas consideran el caso como «la confirmación de una profesía autocumplida», porque en distintas ocasiones sospecharon que eran espiados. Algunos de ellos, consultados por este medio, no ocultan su desconfianza ante la velocidad de Villena para llegar a la detención de Martinengo, que trabaja para el expresidente desde que llegó al gobierno porteño en diciembre de 2007. 

«En algo somos democráticos: si esto es cierto, todos los gobiernos de todos los signos han espiado ilegalmente a los propios y a los opositores», lanzó una de las fuentes consultadas. En su ironía buscó apelar al rol que tuvo el ex jefe de Operaciones de la ex SIDE, Antonio Horacio Stiuzo, que se mantuvo en el cargo durante tres décadas hasta que Cristina Fernández de Kirchner lo echó en diciembre de 2014, en la aplicación de una tardía reforma del aparato de inteligencia. 

En el macrismo sostienen que Villena es el mismo magistrado que permitió el espionaje realizado a la expresidenta en el Instituto Patria, a partir de un pedido de investigación basado en información falsa, sostenida por el grupo de espías que reportaba al jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, bajo órdenes de quien estuvo como subdirectora entre 2015 y 2019, Silvia Majdalani, y del titular del organismo, Osvaldo Arribas. Ruiz está preso, hay dudas sobre la duración de la prisión que afrontará Martinengo y crecen los temores por la caída de Nieto. Pero ninguno de los dirigentes, senadores y diputados consultados pudo asegurar que la investigación no tocará la puerta de los dos extitulares de la AFI y de Macri. 

Además de Martinengo, este martes fueron detenidos los espías Jorge Sáez, Leandro Araque (que también es policía) y Facundo Melo (que tiene titulo de abogado). Según los testimonios en la causa, la funcionaria tuvo «más de una docena de reuniones con ellos en el interior de Casa Rosada desde mediados del 2018 hasta los primeros meses de 2019». Tanto Araque como Melo sostuvieron en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso que parte de los informes que generaban eran informados a Martinengo.

El texto que le costó hacer firmar a De Andreis buscó transmitir tranquilidad «porque creemos en la integridad moral de Darío» y  vinculó la investigación por presunto espionaje en la administración de Macri a «un sector del oficialismo» que «parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de ex funcionarios procesados o condenados por corrupción». 

Contó con la firma de Macri, del titular de la UCR, Alfredo Cornejo, de la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a su titular, Maximiliano Ferraro y al jefe del Interbloque de Cambiemos, Mario Negri. También figuran la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y el ex candidato a vice Miguel Ángel Pichetto. En los dos días siguientes el pronunciamiento sumó a los responsables territoriales del PRO en todo el país y a algunos exministros, como el titular de Agroindustria, Miguel Etchevehere, su par de Defensa, Oscar Aguad, el de Educación, Alejandro Finocchiaro y el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, entre otros.