El conflicto y desalojo en Guernica desnudó cuán grave es la crisis habitacional Argentina, profundizada por una pandemia inédita que lastima con mayor virulencia a la población más vulnerable y golpea a su vez a los sectores medios. La asfixia económica supera al miedo por el contagio, especialmente en el conurbano bonaerense donde cada vez más familias no pueden pagar sus alquileres informales y son empujados a buscar otras formas de supervivencia antes de llegar a la situación de calle. En los últimos ocho meses, ese fenómeno silencioso es el principal disparador de la cantidad de tomas de terrenos que se han multiplicado en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. La dinámica es tan veloz que los relevamientos disponibles ya son fotos de un proceso que sigue avanzando silenciosamente. Hasta 2016 había más de 4400 barrios populares en todo el país. La cifra es el dato disponible más actualizado y no incluye los asentamientos de los últimos cuatro años, aunque algunos especialistas hablan de un incremento del 10 por ciento. Sin embargo, de acuerdo a estimaciones de las organizaciones sociales consultadas por Tiempo, se sumaron cien nuevas tomas de tierras en todo el país durante los últimos ocho meses. De acuerdo a los cálculos más esperanzadores del Gobierno, urbanizarlos llevará 12 años, a razón de “400” por año, como máximo.
Según el diagnóstico de la Mesa Nacional de Barrio Populares (integrada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Cáritas y TECHO, entre otros movimientos sociales y organizaciones), de los 4416 barrios populares relevados en todo el país, la mayor parte no tienen acceso formal a servicios básicos como agua corriente (91 %), red cloacal (98%), energía eléctrica (70%) y red de gas natural (99%), con más de cuatro millones de personas (4.080.000) que padecen esta situación.
Pero esta es una problemática en continua expansión, y de hecho, el Estado tiene el desafío de actualizar estos datos e incluir más barriadas en el llamado Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Allí radica la clave política de la desactualización de los datos disponibles, porque los barrios que no forman parte de ese registro, corren el riesgo de ser desalojados y erradicados. Sobre esa tensión evoluciona el fenómeno más reciente: mientras desde la Mesa intentan sistematizar más información, las tomas se incrementan, siempre protagonizadas en un 90% por inquilinos informales que no pueden pagar más.
Lila Calderón, integrante de la Mesa y referente de La Dignidad Rebelde en Cipoletti, Río Negro, confirma la complejidad del escenario: “Con la pandemia cada vez son más los vecinos sin recursos que salen a buscar la salida solos, porque no hay políticas de tierra. Es una deuda histórica. Ahora estamos armando un estimativo de las tomas que se produjeron. Solo en provincia de Buenos Aires hubo más de 20, en Río Negro también superamos las 20, y calculamos que debe haber cien nuevos barrios populares en todo el país”.
La dinámica de la concentración demográfica no se detiene y ahora está signada por la pandemia. Los vecinos, víctimas del proceso de desindustrialización y la crisis económica general, quedan desempleados. Eso transforma al nivel de inquilinos como un indicador que está directamente relacionado con las tomas de tierras. A nivel nacional, la tasa de alquiler es del 16%, mientras que en la provincia de Buenos Aires, por caso, llega al 20 por ciento. En los tres cordones del Conurbano, esa cifra llega al 30%, con el mismo protagonismo de los inquilinos informales empujados por el desalojo forzoso, aún cuando el presidente Alberto Fernández prorrogó el DNU 320/20 para frenar los desahucios por falta de pago.
Tiempo pudo saber que desde algunas áreas del Gobierno estiman que urbanizar los más de 4000 barrios populares –sin contar las tomas durante la pandemia y las barriadas aún sin registrar- podría tardar unos doce años. Sin embargo, el Estado cuenta con una serie de herramientas –leyes nacionales y provinciales, entre otras- para acelerar medidas, porque si el ritmo se mantiene, la foto de la crisis habitacional actual será mucho peor dentro de una década.
¿Qué políticas se pueden implementar ante un problema estructural que siempre es abordado cuando el Estado desata un desalojo violento? Gastón Reyes, vocero nacional de la rama de Construcción del MTE-UTEP e integrante de la Mesa, explicó a este diario que trabajan “en la lucha por la integración urbana de los más de 4416 barrios populares». Pero aclaró que es «un número que ya nos quedó viejo ante la situación actual». Su organización sostiene que hay mucha tierra ociosa en manos de municipios, que no se utilizan o quedaron en proyectos viejos.
«El acceso a esa tierra no solo integraría a mucha gente que durante la pandemia quedó en la calle por no poder pagar el alquiler, sino que sería una entrada para el territorio y una reorganización (habitacional), sobre todo para el Conurbano”, explicó Reyes, y también detalló que forma parte del armado de proyectos de “Obras tempranas” para varios territorios, entre ellos, algunos ubicados en La Matanza. “Hay varias generaciones (de los sectores populares) que no pueden comprar un terreno. Entonces, tal vez, con 500.000 mil lotes con servicios se podría resolver gran parte de este problema, y no es algo que llevaría 20, o 30 años. Se puede ir haciendo”, opinó.
Desde los movimientos destacaron como «muy importante» el cumplimiento de la Ley nacional 27.453, de regularización dominial para la integración socio urbana. En su artículo 2º, establece, entre otros puntos, que se declaran “de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP”.
En las últimas semanas hubo movimientos dentro del Estado en ese sentido. La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que formaba parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pasó a quedar bajo la órbita de la cartera de Desarrollo. Desde allí se reimpulsa la urbanización de los barrios populares, con las llamadas “Obras tempranas”, las cuales ya se pusieron en marcha este año. También se afronta el desafío de generar trabajos de mayor envergadura el año próximo, planificados con los vecinos. “Centralmente, creemos que el protagonismo de las obras tiene que partir desde la comunidad, sobre todo a través de cooperativas de la economía popular. Lo más importante que va a generar este proceso es la generación de puestos de trabajo, y por eso necesitamos que las obras partan del mismo barrio y que se articulen con el Estado a través de políticas públicas”, definió a Tiempo Álvaro Llambí, director de Desarrollo Socio Comunitario nacional e integrante del Movimiento Evita.
Gran parte de la solución pasa por otro tema de fondo: una política federal de suelos que incluya a las dos piezas más sensibles, intendentes y gobernadores. Hasta ahora la cartera de Hábitat, que conduce María Eugenia Bielsa, cuenta por primera vez con un Plan Nacional de Suelos, que busca relevarlos y ordenarlos para promover planes habitacionales para la clase media, como el Procrear. En Desarrollo Social avanza otra iniciativa que buscaría trabajar con un banco de tierras para los sectores más vulnerables, pero hasta ahora la política estatal en esa materia no es integral.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo existe un compromiso de urbanizar “400 barrios por año” de los más de 4400 registrados hasta el momento. La cifra confirma los doce años que plantean distintas fuentes oficiales. Hasta ahora el impulso corre por cuenta del Gobierno Nacional, pero la solución depende en gran parte de la voluntad política de intendentes y gobernadores ante la velocidad de las tomas y el uso de las herramientas legales disponibles que, en su mayoría, no utilizan. Sobre ese tejido trabajan los funcionarios de la SISU en la generación de un «programa de lotes con servicios», pero hasta ahora no hay precisiones sobre el alcance de la iniciativa, ni cuándo se hará efectiva. «
