El estreno de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires estuvo a un paso de quedar atravesado por una movilización de uniformados. Efectivos de la Federal junto a sus familiares habían resuelto hacer público su rechazo a la transferencia de 53 comisarías y 19 mil hombres a la órbita porteña. La protesta tenía destino en las puertas del Ministerio de Seguridad de la Nación conducido por Patricia Bullrich y el Congreso, pero fue suspendida, según confiaron fuentes del gobierno a Tiempo. La movilización, inusual en una estructura civil armada cuyo estatuto no le permite sindicalizarse, era el emergente de un malestar de los uniformados en medio de una tirante interna entre Bullrich y sus pares de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo; y de la Ciudad, Martín Ocampo. Entre ambos hay una vieja relación tejida dentro de la Legislatura capitalina donde compartieron dos mandatos y el mismo bloque. «No pasa lo mismo con ‘Pato’, admiten en La Plata y en Parque Patricios. La poca o nula información que comparte la cartera nacional con las dos jurisdicciones es el síntoma central de esa disputa.
En los últimos diez meses las discrepancias han tenido a uniformados en el medio. Desde la crisis por la tragedia de la fiesta Time Warp donde murieron cinco jóvenes intoxicados y Bullrich responsabilizó a la Ciudad en medio de acusaciones contra la Prefectura, la ministra incrementó su aparición mediática con la reinvidicación de la mano dura policial y con anuncios basados en información incorrecta. Esa saga tuvo un punto de inflexión cuando anunció la captura de un grupo que presuntamente iba a atacar al presidente en el tedéum del 25 de Mayo y fue corregida por la Ciudad que demostró que eran «quemacoches».
El alto perfil de las arengas de la ministra para avalar la mano dura tiene un correlato que la cartera de Seguridad prefiere no comentar. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que lleva adelante un relevamiento sobre casos de gatillo fácil y violencia institucional desde principios de año, «el promedio es de un muerto por día en todo el país durante estos últimos diez meses», explicó a este diario la abogada María del Carmen Verdú.
En medio de esas tensiones, Bullrich guardó un repentino silencio esta semana cuando la organización La Garganta Poderosa denunció que dos de sus integrantes habían sido torturados por efectivos de la Prefectura. El episodio generó otro cortocircuito en las filas del oficialismo. «Patricia se calló durante días y después la Prefectura anunció repentinamente que siete efectivos habían sido dados de baja. Curioso en una mujer que hace una conferencia de prensa para anunciar la detención de un tuitero», lamentó una fuente del gobierno en referencia a las detenciones que ordenó la jueza de Instrucción en lo Criminal N° 6, María Gabriela Lanz por «torturas» y «apremios ilegales» contra dos jóvenes de 15 y 18 años.
La jefa de las fuerzas federales se negó a entregar a los efectivos denunciados hasta el jueves, poco antes de un masivo acto organizado en el barrio para repudiar las torturas y denunciar la mano dura que aplican los prefectos en la zona, y que ahora intensificaron desde que un joven de 21 años denunció el caso en los medios.
A pesar de la brutalidad del caso, en el gobierno están más preocupados por el humor policial que por los casos de gatillo fácil. «Estamos al tanto del malestar, pero no tienen razón. No nos quieren dejar cumplir con una promesa de campaña», se defendió un vocero de la Casa Rosada en el cierre de una semana cargada de críticas en materia de Seguridad.
Críticas azules
En la cartera de Bullrich esperan una ola de amparos y denuncias penales por parte de los efectivos policiales que se niegan a la transferencia porque sostienen, entre otros puntos, que afecta derechos adquiridos, especialmente por parte de policías que superan los cinco años de antigüedad (Ver página 5). «Es el cambio de una nueva identidad, que no es ni la Federal ni la Metropolitana. Hay un caldo de cultivo compuesto por un sector de efectivos que estaba en la Federal y venía del interior. Son los más perjudicados, porque dicen que afecta su carrera, y que no terminan de aceptar esta situación», detalló un funcionario de Balcarce 50 que sigue en detalle la evolución de la transferencia. Los litigios judiciales se profundizaron después del 30 de octubre cuando Néstor Calviño, jefe de la «Policía Federal de la Ciudad», encabezó el acto de egresados de la fuerza y afrontó una ola de abucheos por los traslados pendientes. «Usted debe ser del interior. La idea es que cada uno cumpla con su labor y que vaya con ganas al trabajo», respondió. Y el auditorio estalló de nuevo con recriminaciones por la suspensión de los pases. Junto a Calviño estaba el ministro de Seguridad porteño y representantes de la cartera de Bullrich.
Tormenta perfecta
«Nunca puede ser fácil el ensamble de dos fuerzas cuando cada una tiene su cultura, su historia y rangos diferentes, pero no tengo dudas que hay que hacerlo», dijo ayer el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en referencia al impacto público de las quejas policiales. El tema no fue mencionado por ningún legislador el viernes pasado, cuando Ocampo se presentó ante tres comisiones de la Legislatura para defender la «Ley Integral de Seguridad Pública» que creará a la nueva Policía de la Ciudad, con los 5000 efectivos que tiene la Metropolitana, más los 19 mil que realizan el control territorial porteño .
La presentación de la futura Policía también fue accidentada. El mismo día circuló un video donde se podía ver que el «nuevo» helicóptero policial era una aeronave del SAME, vital para traslados de emergencia. El papelón fue otra muestra de la tensión entre las carteras nacional y porteña. «Lo lógico habría sido usar uno de los helicópteros de la PFA, pero eso fue imposible», se quejó un legislador del oficialismo tras acusar a Bullrich de «rechazar la transferencia».
El incidente del helicóptero también cayó como una piedra en el humor de los uniformados. Las críticas no sólo pasan por los derechos adquiridos vulnerados, sino también por un planteo corporativo sobre la identidad del aparato policial, ahora en crisis. Apuntan a los principales mandos por aceptar mansamente «poner en peligro a la familia federal» y cuestionan incluso la pérdida de terrenos clave, como el predio de Investigaciones ubicado en Madariaga y General Paz, y la posible vulneración de uno de los dos corazones operativos de la Federal: la sede de la Policía Montada y de la División Unidad de Investigaciones Antiterroristas, que alguna vez estuvo bajo el mando del comisario Jorge «Fino» Palacios. Temen un negocio inmobiliario, especialmente sobre la sede de caballería, ubicada en Libertador y Cavia, una de las tierras más caras de Palermo.
Por su diseño, con 53 comisarías porteñas más 24 delegaciones en las provincias, además de su histórico papel represivo, la Federal cuenta con un «sentido de pertenencia y arraigo» que los viejos conocedores de la fuerza consideran determinante. Ese humor habría sido subestimado por el gobierno, quizás confiado en la cantidad de efectivos que en las elecciones del año pasado fueron activos votantes de Cambiemos.
El desguace del pulpo
En el ministerio porteño que encabeza Ocampo se negaron a contestar la consulta de Tiempo sobre el malestar, pero una fuente de la jefatura de Gobierno coincidió con la autodefensa de la Casa Rosada. «Las resistencias son porque pierden el manejo del personal y porque hay negocios que están en crisis», explicó la fuente. «La Federal tiene dos corazones, la sede de la Montada, y el Departamento Central que está en avenida Belgrano. Esa esa la cabeza del pulpo al que reportan todas las brigadas que son como los tentáculos que recorren la Ciudad y que manejan una serie de cajas que ya no tendrán», justificó el funcionario.
El ensamble entre fuerzas es vivido como un desguace dentro de la Federal. Hasta ahora cuenta con casi 45 mil efectivos, y quedará con 26 mil luego de que sean transferidos 19 mil en forma definitiva a la órbita porteña. Los que queden bajo el mando Federal, serán distribuidos entre el área administrativa y ocho coordinaciones regionales que tendrán debajo a las 24 delegaciones provinciales. A ese elenco se suman los 38 mil hombres de Gendarmería Nacional, 22 mil de Prefectura y 6000 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El total de las fuerzas federales es cercano a los 90 mil efectivos, una cifra similar a las tropas de la Policía Bonaerense.
La futura Federal, dicen en Seguridad, tendrá una estructura similar al FBI, dedicada a delitos complejos y «antiterrorismo». También seguirá en pie una de las estructuras de espionaje interior más denunciadas: el Cuerpo de Oficiales de Investigaciones de la PFA, conocido en la jerga como «plumas», un aparato de inteligencia con un particular estatuto que les permite a sus miembros tener otro empleo público, además del estado policial. Hace dos años, durante los debates dentro del Congreso para la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, fue considerado por el CELS como una estructura dedicada desde hace décadas al espionaje interior. En la actualidad sigue en funcionamiento con más de 1500 integrantes.
También contará con una gran parte de las tropas de Infantería, que podrán intervenir en conflictos donde «esté involucrada la autoridad nacional, como principales accesos a la capital y áreas del Estado nacional». Un ejemplo es el férreo control que mantiene ese aparato sobre los alrededores de la Casa Rosada, donde el cerrojo depende de la estructura nacional y no de la policía porteña que quedará en manos del control de calle. «Es una zona gris», definió un funcionario para graficar la densidad del control que ya circunda a la Plaza de Mayo, dividida por un vallado metálico que permanece perenne desde diciembre de 2001. «
