Costa Salguero pagó la mitad del canon acordado con la Ciudad basado en obras por el camino de Sirga que nunca completó. “Es una estafa a las arcas de porteñas en connivencia con el poder ejecutivo”, le dijo a Tiempo el ex legislador Facundo Di Filippo. El referente del Partido Social reclama ante la Justicia desde 2009 la apertura de un paso que permita llegar a los transeúntes hasta el Río de la Plata.

Tiempo accedió a la respuesta del gobierno porteño al pedido de informes realizado por la Legislatura por la causa Time Warp y entre los documentos hay uno referido al importante descuento que fue otorgado a Telemetrix.

Después de un fallo de primera instancia, ratificado por la Cámara de apelaciones y por el Tribunal Superior porteño hace dos semanas, la empresa está obligada a construir el camino de Sirga. Sin embargo, y más allá de las inspecciones oculares que certificaron su inexistencia, el gobierno de Macri habilitó un generoso descuento en el canon mensual que pagaba Telemetrix.

El nuevo procurador porteño, Gabriel Astarloa, fue uno de los grandes benefactores de la empresa que desde 1988 tiene la concesión del complejo de Costa Salguero. En 2014 otorgó una “compensación” a los concesionarios del predio por las “obras ejecutadas en el sector de Paseo Costero que se extiende a lo largo de la margen derecha del Arroyo Ugarteche (…)” en el marco de la medida cautelar dispuesta luego de la presentación de Di Filippo.

Según consta en el acta de audiencia entre la Ciudad y Telemetrix del 31 de octubre de 2014, Telemetrix “solicitó el reconocimiento y pago de la suma de $1.060.471, respecto de las obras ejecutadas en el marco de la medida cautelar” y reclamó que “dicho monto sea reintegrado a través de la reducción del 50% del canon que la empresa abona” al Estado porteño.
El análisis de los peritos capitalinos determinó el valor de la obra en $980 mil y “practicando un relevamiento ocular constató su efectiva ejecución”. Con esos números en la mano, la Ciudad redujo el canon que la empresa abonaba de $212 mil a $106 mil por mes.
Sin embargo, en la Justicia no opinaron igual. En las tres inspecciones oculares que realizaron Gallardo y la Cámara de Apelaciones, los funcionarios y autoridades que recorrieron la zona encontraron numerosas fallas. En la última visita un funcionario judicial tropezó y estuvo a punto de caer al río. “Quedó más que claro que ese camino no era transitable”, remarcó Di Filippo en la edición de Tiempo del 7 de mayo pasado.