Todavía restan tres audiencias públicas y una segunda revisión en el recinto, pero esta semana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, retomó en la Legislatura porteña un añejo mecanismo de entrega de terrenos públicos. Casi pasó inadvertido frente a los ásperos debates que rodearon otra medida: llevar al norte de la Ciudad la extensión del lujoso barrio de Puerto Madero que su antecesor, Mauricio Macri, no logró ampliar hacia el sur de la capital. Será a través de la rezonificación de los 200 mil metros cuadrados del Complejo de Costa Salguero para construir torres premium frente al río. La decisión es la culminación de una saga de irregularidades y negocios que superan la década y cruzan a la arqueología del PRO en su territorio originario.
Este jueves la Legislatura viajó a los tiempos el viejo concejo deliberante. El oficialismo aprobó dos convenios firmados por el jefe de Gabinete capitalino, Felipe Miguel. Son con las empresas Koolhass S.A, Arkinver S.A. y Kilometros S.A. Las frimas desembolsarán 1,5 y 2,5 millones de dólares al Estado porteño a cambio de permisos especiales para construir proyectos urbanísticos, con alturas que superan lo permitido. Es en terrenos que compraron en subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por cuenta del Banco Ciudad, durante la gestión de Ramón Lanús, titular del organismo en la presidencia de Mauricio Macri. Son tres de los 87 terrenos públicos que el el expresidente decidió subastar en 2017.
Koolhass S.A. es parte de Ariel Naistat, uno de los cuatro socios de Mirabilia Desarrollos, que tiene 35 años en el mercado del real estate porteño. En la subasta de hace dos años pagó 13,6 millones para quedarse con el terreno ubicado en Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velazco y las vías del Ferrocarril San Martín. Ahora deberá desembolsar la cifra de 1.041.112,89 dólares para contar con un permiso de construcción para construir 40 mil metros cuadrados. En ese predio de Villa Crespo sólo podían edificar 34 mil metros cuadrados. Podrán llegar a los 40 mil, también a cambio de construir una plaza que estaba originalmente prevista con anterioridad por el gobierno porteño y que nunca se concretó.
Kilómetros S.A. y Arkinver S.A. pertenecen a Carlos Wais. Es el titular de ABV, otro jugador con 20 años en el mercado inmobiliario. En junio de 2019 puso 33 millones de dólares para quedarse con los dos terrenos de la vieja Sastrería Militar, perteneciente a la obra social de las Fuerzas Armadas, ubicada en Las Cañitas, Palermo, frente al Club Argentino de Polo. De acuerdo al nuevo permiso deberá pagar otros 2,5 millones de dólares para ser beneficiados por otra disposición especial que le permitirá casi duplicar la cantidad de pisos.
Todavía falta un tercer permiso a cambio de dinero, ubicado en Juana Manso al 300 en Puerto Madero. Fue subastado por la AABE y la Corporación Puerto Madero en 2017 con una base de 60 millones de dólares. Ahora pertenece a Mitre Construcciones S.A. y Profidu S.A. Quieren sumarle 100 metros cuadrados a los 40 que les permite la legislación. Para hacerlo tendrán que emular a sus competidores de ABV con otros 2,5 millones de verdes para el permiso a medida.
Esos permisos volvieron a reavivar los debates sobre la enajenación de terrenos públicos en manos de especuladores inmobiliarios, pero el momento elegido para avanzar con esos permisos encierra una serie de razones políticas para la administración de Larreta que sus funcionarios prefieren eludir.
Desde diciembre la versión porteña de Cambiemos ya no cuenta en la Legislatura con los dos tercios o cuarenta votos necesarios para hacer cambios en el Plan Urbano Ambiental, previsto por la ley 2930. De acuerdo a un trabajo realizado por el equipo urbanístico del legislador porteño Matías Barroetaveña, los tres casos “tienen en común que son emprendimientos en suelo público que fue adquirido por privados durante los últimos años». Las operaciones dan cuenta “de un proceso de venta de suelo poco transparente. No sólo se encuentra en discusión el verdadero precio que valían cada uno de los terrenos sino un entramado de negocios entre los funcionarios del oficialismo y desarrolladoras inmobiliarias”.
El documento al que accedió Tiempo, revela un dato desconocido sobre los “convenios urbanísticos”. En los últimos 20 años sólo han sido utilizados en 9 oportunidades, pero Larreta decidió firmar tres en septiembre y darles un veloz trámite legislativo. El camino que tiene por delante no está sembrado de rosas: cada texto deberá pasar dos veces por la Legislatura y con audiencias públicas de por medio, donde la oposición y grupos ambientalistas buscarán impugnar los acuerdos que los desarrolladores ya rubricaron.
Tan audaz es la movida para conceder los permisos para los desarrolladores que algunos legisladores del oficialismo porteño temen que sean comparados con las viejas excepciones que otorgaba el Concejo Deliberante antes de la reforma constitucional de 1994 que le dio autonomía a la Capital Federal. En el bloque del Frente de Todos dentro de la Legislatura admiten que en los últimos años, hasta diciembre pasado, Larreta contó con el aceitado apoyo de sus legisladores para poder avanzar con la venta de terrenos y rezonificaciones. Con esos respaldos que ahora están en revisión, los recursos políticos y económicos de Larreta para sortear esa dificultad se acotaron. Y el gobierno porteño se amparó en la urgencia que impone la pandemia y aprovechó las potestades excepcionales de la cuarentena.
La covid-19 es la principal razón que esgrimieron en la comuna para justificar una medida que se asemeja demasiado al canje de dólares por permisos especiales de construcción para el real estate. “Necesitamos ampliar la recaudación ante el brutal recorte de la coparticipación federal en medio de la crisis sanitaria”, contestó una alta fuente de la administración de Rodríguez Larreta para justificar los “convenios”.
Pero hay excepciones urbanísticas que no pasan por la Legislatura y dependen exclusivamente del Ejecutivo capitalino. El ombligo de esas operaciones pasan por la Direccion General de Interpretación Urbanistica (DGIU), que depende de la funcionaria Sandra Tuya y reporta al ministerio de Desarrollo Urbano y a Felipe Miguel. Esa repartición tiene la potestad de extender permisos y excepciones constructivas por encima del Plan Urbano Ambiental, que transita una etapa de reformas. En los últimos seis meses extendió 600 medidas para reintrepretar el código urbanístico sobre inmuebles o terrenos que son protegidos por la legislación actual.
La rezonificación de Costa Salguero es tan grande que jamás podría depender de una reinterpretación de la DGIU y tuvo que pasar por la Legislatura en un camino que recién comienza.
Para la política porteña el caso tenía fecha de vencimiento hace rato por una razón de mucho peso: el año que viene vence la última renovación de la concesión de Costa Salguero que beneficia a la empresa Telemetrix S.A., presidida por Fernando Polledo, esposo de Carmen, ex vicepresidenta primera de la Legislatura y actual diputada nacional del PRO por la Ciudad.
La última extensión fue concedida en 2016. Fuentes del PRO confiaron a este diario que la administración de Larreta estudia el destino de esa zona desde hace años. La categoría de “Urbanización Parque” es un viejo obstáculo legal para enajenar esa zona ribereña. Comenzó a ser atravesado este jueves para permitir la construcción de una decena de torres sobre las 7,5 hectáreas del predio donde Macri se casó en segundas nupcias y en el escenario donde festejó sus victorias electorales hasta las presidenciales de 2015.
En el peronismo porteño se preparan para judicializar cada uno de estos casos, pero el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado todos los recursos judiciales que reclaman la intangilibilidad del acceso al río porque es público. A pesar del escándalo, Larreta quiere resolver el trámite legislativo antes de fin de año para cubrir las expectativas de los desarroladores. La operación encierra un altísimo valor simbólico y político para el PRO. La entrega de la ribera que baña Costa Salguero sólo es posible gracias a las apuestas urbanísticas de Macri como presidente en la capital, como la construcción del Paseo del Bajo, la subida de la Autopista Ilia y las intervenciones focalizadas en la Villa 31 de Retiro. Cada paso gira en torno a la pieza más codiciada que comunica a Puerto Madero con Costa Salguero: el Puerto de Buenos Aires, la última y más preciada joya del Estado que los desarrolladores buscarán arrebatar con un aceitado lobby que incomoda a macristas y peronistas.
