«Esto no es un fast food. El Estado se tomó todo su tiempo para responder; la Procuración General de la Nación, lo mismo. El gobierno de la Ciudad hizo lo que quiso. ¿Ahora están todos apurados por el fallo?”.
Cuando el procurador interino Eduardo Casal emitió su dictamen en el que propuso a la Corte decretar la inconstitucionalidad del DNU 241/2021 que dispuso la primera suspensión de las clases presenciales en el AMBA, todos los actores de la insólita pelea en el marco de la pandemia supusieron que al día siguiente, incluso antes del anuncio del nuevo decreto extendiendo las restricciones para controlar el aumento de los casos de coronavirus, saldría el fallo dándole la razón a alguna de las dos partes en pugna.
En ese contexto apareció la informal respuesta sobre el fast food en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde funciona (ahora casi siempre a través de pantallas con la plataforma Zoom) la Corte Suprema.
Una vez más, el tribunal decidió jugar con los tiempos y las ansiedades. Esperaban que un acuerdo político entre Nación y Ciudad zanjara el conflicto y, si bien finalmente hubo un atisbo de acercamiento, lo cierto es que todo está como antes era. Ya ni siquiera parece una discusión real sobre “clases presenciales sí” o “clases presenciales no”. Según los mismos analistas del fast food, la discusión se resume ahora en otra ecuación, por cierto prosaica: “Quieren que nosotros les digamos quién la tiene más larga”.
El expediente en el que tramita el pedido del gobierno porteño para que la Corte declare la inconstitucionalidad del DNU que suspendió las clases presenciales lleva el número 567/2021. En los últimos años, sobre todo durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal solía jactarse de la transparencia de sus actos, de su política de “gobierno abierto” y de la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera ver cómo evolucionaba el tratamiento de un expediente, su paso por cada vocalía, algo así como una hoja de ruta para saber cuándo un juez cajoneaba una causa.
En la página de la Corte en Internet hay un apartado que permite consultar cómo y dónde está un expediente. Pero cuando se intenta acceder a este (uno de los importantes en el contexto de la pandemia), el sitio devuelve como respuesta: “Expediente inexistente o no disponible para su consulta pública”. El expediente efectivamente existe; ergo, no está disponible para su consulta. No se trata –valga la aclaración- de saber qué están discutiendo los jueces, ni de conocer anticipadamente qué dirán en sus votos. Simplemente el trámite: qué vocalía lo tiene, si le pidieron opinión al procurador, si se presentó algún amicus curiae. Cuestiones de mero trámite. No, no se puede.
El abanico de posibilidades sobre qué hará la Corte sigue igual de abierto que hace una semana. El debate sobre la supuesta vulneración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la gestión de la crisis sanitaria está en el foco de la discusión y los antecedentes de la Corte indican que no le dará el ciento por ciento de la razón a una parte y nada a la otra. Aun cuando así lo parezca.
El ejemplo paradigmático de esa conducta fue la Ley de Medios Audiovisuales. El tribunal la convalidó y pareció que le había otorgado una victoria completa al gobierno de entonces contra el principal objetor de la norma, el Grupo Clarín. El resultado final, pese a aquella primera impresión, es que la ley es válida, pero nunca se aplicó. En el propio texto del fallo estaba el huevo de la serpiente que posibilitó la contradicción.
Además, el viernes por la noche, la Cámara de Crimen emitió un fallo en el que le “ordenó” al gobierno nacional que deje de gestionar la pandemia por vía de DNU (“uso abusivo”, lo llamó) y que en 15 días coordine con el Congreso la sanción de una ley que –además- tiene que tener una “cláusula gatillo” para saber qué hacer si aumentan los contagios por COVID-19. ¿Gobiernan los jueces?
Esa es, acaso, otra razón para que hoy, cuando el decreto 241 ya no rige, todavía no haya fallo de la Corte. Sea lo que fuere que vaya a decir, lo cierto es que estará pronunciándose sobre una situación política. También es cierto que la responsabilidad no es sólo suya: la política fue a golpear la puerta de Tribunales y eso se parece bastante a patear un hormiguero. «
