Tras casi cuatro meses de constantes y crecientes incendios, el gobierno de Corrientes declaró hace dos días el «estado de catástrofe ambiental y ecológica». Lo hizo horas después de la visita del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional y armador de la campaña presidencial 2023, Diego Santilli. Con ellos el mandatario provincial, Gustavo Valdés, firmó un convenio para «preservar las especies nativas» y les regaló un libro de los Esteros del Iberá, que en ese preciso momento estaban siendo acechados por las llamas, en una provincia que tiene el 9% de su superficie afectada por los fuegos: son casi 800 mil hectáreas que ya se quemaron. El mayor desastre ígneo de su historia. Valdés lo atribuyó esta semana a la «yeta»; pero entre los cruces políticos, ayudas demoradas, promesas incumplidas y la falta de planificación de una administración provincial que busca colocar a Corrientes como la capital nacional de la forestación sin contemplar los factores climáticos ni planes de previsión y control a las acciones de productores y empresas, parece demostrarse que a la «mala suerte» todo este tiempo se la fue alimentando
De acuerdo al último registro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), hay un total de 785.238 hectáreas incendiadas, que involucra a 31 mil plantaciones forestales. Día a día combaten más de 2600 bomberos y brigadistas, 10 aviones y 5 helicópteros. Si bien tuvieron demoras de semanas, el Estado Nacional ya envió a la gobernación unos 500 millones de pesos en asistencia, más de 30 vehículos (terrestres y aéreos) y centenares de brigadistas. Valdés, además, recibió ayudas de 8 provincias, entre ellas, la de Buenos Aires. Paradójicamente, ninguna es CABA, a pesar de la visita y la relación cercana con Larreta.
Las pérdidas madereras se cuentan de a millones. No es azaroso. La provincia es hoy uno de los mayores polos forestoindustriales del país y el pasado diciembre, hace apenas dos meses, el gobernador realizó una gira por Europa, visitando y promoviendo las bondades forestales de Corrientes en Austria, Países Bajos, Bélgica y Rumania, mientras ya había focos de incendios, minimizados por las autoridades.
“Este es el camino para salir adelante: la inversión, la industrialización y modernización de nuestra provincia”, pronunció el titular del Ejecutivo provincial tras cerrar con el grupo austriaco HS Timber un primer desembolso de más de USD 100 millones para la construcción del “aserradero de pino más grande de la Argentina” en Gobernador Virasoro. Mismo punto forestoindustrial que en este momento se convirtió en uno de los epicentros del fuego.
Hasta ayer se registraban 20 focos activos. Según el relevamiento del INTA, se consumieron 408.846 hectáreas de malezales, esteros y otros bañados; más de 28.000 de bosques nativos y 31.265 hectáreas de bosques cultivados, muchos de ellos con pino, una de las plantas más inflamables del ambiente.
Corrientes es la única provincia que posee un parque industrial exclusivo para actividad forestal. A pesar de la impronta de potencia en el rubro, no cuenta con un Comité de Emergencia, Secretaría de Ambiente o infraestructura específica para el manejo del fuego, más allá de medidas tomadas una vez desatado el desastre y no antes. Fue evidente la falta de cuadrillas específicas de bomberos forestales para hacer frente a un escenario crítico. De hecho, el Consorcio del Manejo del Fuego correntino no forma parte de la política de Estado local, sino que es una asociación civil.
Si bien las altas temperaturas y la sequía que se arrastra desde el 2020 se erigen como causales centrales de esta catástrofe, no es algo sorpresivo: los registros de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes revelan que desde el 2002 la provincia presenta episodios significativos de fuegos. Ya en la 31º Fiesta Nacional del Chamamé, en plena ola de calor extremo y con casi 300 mil hectáreas afectadas, artistas y activistas reclamaban al Estado provincial que adhiera al proyecto de Ley de Humedales, a lo que Corrientes se niega de forma rotunda pese a ser el hogar de centenares de especies de flora y fauna únicas, como el yaguareté y los Esteros del Iberá, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Casi un 60% de lo quemado son humedales.
Una provincia incendiada
A la par que crecían los fuegos, este verano Corrientes tuvo la mayor tasa de fallecidos por Covid–19 del país: llegaron a ser 22 en una jornada. A pesar de los números alarmantes, el gobierno provincial también optó por minimizar la situación, que desbordó a un sistema de salud reducido y al borde del colapso por agotamiento. Siguieron los eventos masivos y en ningún momento hubo restricciones. En los instantes de crisis, la reacción oficial se repite: hablar de que no haya «grieta», sacar el foco de la obligación provincial y apuntar a la falta de ayuda. En ningún momento se alude a la posibilidad de prevenir o controlar desde la provincia.
Eso ocurre con los fuegos. La Dirección de Defensa Civil de Corrientes informó que se hallaron varios de los focos ígneos prendidos de manera intencional en distintos puntos del territorio. Este tipo de acciones se encuentran penadas en la provincia, donde está vigente la prohibición total de quemas. En soledad, el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni, salió a pedirle a la población videos o fotos del accionar de los productores que puedan «colaborar» con la Justicia. Sin embargo, en medios locales, afines al oficialismo provincial, la discusión se centra en los brigadistas y bomberos voluntarios acusados de desconocimiento sobre cómo proceder en la lucha contra el fuego. Sobre todo los enviados por Nación. Mientras tanto, en estas horas críticas, en la localidad de Santo Tomé, alineada a la provincia, una autobomba es utilizada para limpiar un corsódromo.
A pesar del discurso de «diálogo», Corrientes vive tiempos políticos ásperos, donde los incendios parecen ser otro efecto más. Hoy poco se habla de lo ocurrido el 26 de agosto con el diputado provincial justicialista, Miguel Arias, baleado en el estómago mientras participaba del cierre de un acto político del Frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapebicuá, 50 kilómetros al norte de Paso de los Libres. La causa no avanzó, según denuncian desde la querella, por “la inacción de los fiscales a cargo” (en una Justicia con favores recurrentes a la administración provincial) y la falta de visibilización de lo ocurrido de parte de sus pares locales ante un atentado con nulos precedentes en estos casi 40 años de democracia.
Ausencias
En San Miguel y Loreto, el fuego se tornó incontrolable. “Nosotros estamos trabajando de forma articulada con la Escuela de la Familia Agrícola Ñande Roga, ahí es donde tenemos todo nuestro centro de operaciones”, afirma Miguel Quiróz, secretario de Bomberos Voluntarios de San Miguel.
Marcelo Guzmán, rector del colegio, detalla que tuvieron que dejar de lado las actividades de preparación para las clases y transformar este espacio educativo en un centro de operaciones de combate contra incendios. “Esto fue tomando una magnitud muy importante, empezaron a llegar brigadistas de diferentes provincias, Policía Federal, Vialidad Nacional, Ejercito”, relata apresurado. Hoy todo es velocidad, y las novedades se cuentan de a minutos.
Pablo Caló trabaja en el Portal San Nicolás en San Miguel, uno de los ingresos al Parque Nacional Iberá, cerrado debido a los fuegos que sufrió en gran parte de su terreno: “ya no hay mucho para hacer. Si bien hay varios civiles ayudando, esa es ayuda amateur, hay que estar preparado para combatir el fuego y es desesperante. Se tuvo que evacuar a gente de los parajes en las zonas rurales. Hay muchísimas forestaciones en nuestra localidad y hay viviendas cercanas, con la quema de pastizales eso avanza y pone en riesgo a las familias, además de que con los pastizales hablamos de ecosistemas que están realmente amenazados”.
El 22 de enero el gobierno de Corrientes anunció una inversión por 40 millones para asistencia a los bomberos voluntarios. Finalmente fueron 34 millones a abonar en dos cuotas para 47 asociaciones. Y ese dinero se dirigió, en palabras del ministro general de Coordinación y Planificación de Corrientes, Miguel Olivieri, a “bienes consumibles, hasta los alimentos que comen cuando combaten los incendios”. Nada de equipamiento o vehículos. Esta semana le sumaron 30 millones más. En total, el Ejecutivo provincial destinó el 15% de fondos para ayuda y asistencia por los fuegos en comparación a lo que le envió Nación: 75 millones contra 500 millones.
El jefe de Bomberos de Santa Rosa, Arnold Servín, alerta que, ante la falta de planificación, ahora les exigen ser quienes deban apagar los múltiples incendios: “desde abril-mayo se preveía esta seca, y la Dirección de Recursos Forestales brilló por su ausencia, entonces ahora nos quieren exigir como si fuésemos empleados de la Provincia, no somos brigadistas”. Y describe las deficiencias y peligros diarios a los que están expuestos: “en cada salida se rompe el equipamiento, la autobomba, modelo 69, que todavía está en funcionamiento. ¿Cuál es la solución que podemos dar si apenas cumplimos con el ejido urbano y pretenden que luchemos contra un incendio donde el 90% es combustible maderero?”. «
Una visita electoralista y una imagen de lo que ya no existe
El jueves, en un momento crítico de los incendios, Gustavo Valdés recibió a Horacio Rodríguez Larreta en la gobernación, en un encuentro del que también participó Diego Santilli, el encargado de armarle la campaña presidencial 2023 al jefe de Gobierno porteño por el país. Y Corrientes se vuelve un punto estratégico: Valdés es uno de los posibles acompañantes de Larreta para su fórmula. El tema es que el momento elegido coincide con la provincia prendiéndose fuego. Paradójicamente, firmaron un convenio de colaboración en materia ambiental con el objetivo de preservar las especies nativas entre los centros de conservación, a cargo del Ministerio de Turismo de Corrientes, y el Ecoparque de CABA, en días en los que la mayoría de las especies provinciales luchan por sobrevivir. Ante este contexto, el gobernador correntino obsequió al jefe de Gobierno porteño y al diputado un ejemplar del libro Iberá, que recorre a través de fotografías los paisajes propios de los humedales (o, en realidad, lo que quedan de ellos), aunque esas imágenes ya quedaron desactualizadas.
Al tiempo que los funcionarios posaban, en la localidad de Santa Rosa una forestación en llamas ponía en riesgo decenas de viviendas y en Paraje Galarza los vecinos eran evacuados.
De los diez portales del Iberá, cuatro están cerrados por los incendios. Se estima que las pérdidas podrían llegar hasta el 80% de la reserva.
