Apenas horas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volviera a vaticinar una nueva retracción de la economía argentina para 2019, el presidente Mauricio Macri buscó fortalecer la agenda anti-corrupción que el Gobierno intenta convertir en eje de la agenda política en el inicio del año electoral. Desde la Casa Rosada, el mandatario anunció la firma de un decreto para convertir en ley el proyecto de Extinción de Dominio que propone «recuperar bienes de origen ilícito como los actos de corrupción o actividades vinculadas al narcotráfico y la trata de personas».

Durante un breve acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Macri justificó avanzar con la iniciativa por la vía del decreto porque «su aprobación es urgente y los proyectos están estancados» en el Parlamento. «La Justicia necesita de este mecanismo ya mismo», puntualizó el jefe de Estado, acompañado por los ministros de Justicia, Germán Garavano; y de Seguridad, Patricia Bullrich.

«En la Argentina de hoy, el que las hace las paga», subrayó Macri.

Y agregó: » Estamos dando una lucha fuerte y voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la Extinción de Dominio para que la Justicia pueda avanzar más rápido con recuperar los bienes. No alcanza con condenar a los que lideran bandas criminales».

 Macri argumentó que «mientras tengan recursos los criminales van a seguir operando». Y, en ese sentido, subrayó: «Tienen que devolver hasta el último centavo».

El DNU -que tendrá efecto retroactivo a los procesos iniciados hace 15 años- saldó una vez más por la vía del decreto un debate que había presentado obstáculos para Cambiemos en el Parlamento.

El proyecto de Extinción de Domingo tuvo un fallido derrotero en el Congreso Nacional . Impulsada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, la iniciativa había sido votada en la Cámara de Diputados en junio de 2016, pero no consiguió sortear la discusión en el Senado. En agosto de 2018, el oficialismo ni siquiera consiguió un dictamen de mayoría para llevar el proyecto al Senado.

La Cámara alta finalmente aprobó una iniciativa diseñada por Rodolfo Urtubey (Argentina Federal) que nunca tuvo el visto bueno del poder central.  

«Es un proyecto enteramente civil, a diferencia (de la iniciativa) tratada en el Senado que avanza con algunas regulaciones específicas para el Código Procesal Civil y asigna competencia al fuero civil federal», subrayó Garavano tras la breve intervención del Presidente.

Por su parte, Bullirch señaló que el Gobierno pretende que «la justicia civil pueda avanzar independientemente de la justicia penal para lograr esto que reclama la gente».