María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), llegó a Amenábar 23 cerca de las 3 de la madrugada, en momentos en que la presencia policial obraba como un impedimento para el ingreso de los trabajadores al edificio, mientras la patota de Mariano Martínez Rojas destruía las instalaciones. De acuerdo a lo que les habían informado a los compañeros, la policía tenía instrucciones de la fiscal de desalojar el edificio y dejar una consigna explica la referente de la lucha antirrepresiva. Pero después de un tironeo con el subcomisario Aparicio, de la Comisaría 31ª, para que hiciera una nueva consulta con la fiscal contravencional Verónica Andrade, se logró que la fiscal modificara el temperamento y aceptara hacer entrega del edificio a los trabajadores del diario. Y después de suscribir ese acta, que firmaron el presidente y el secretario de la cooperativa y también yo como patrocinante en la causa penal en la que los trabajadores de Tiempo querellarán a la patota y Martínez Rojas, lamentablemente la fiscal tomó la decisión de limitarse a identificar y constatar el domicilio de los 16 integrantes de la patota, más Martínez Rojas, para luego dejarlos ir del edificio. Posteriormente Martínez Rojas fue sacado en un patrullero con el subcomisario, lo que no implica que fuera detenido; lo que hizo la policía fue ponerlo a resguardo de la muy normal y razonable bronca de los laburantes.
¿Cómo caracterizás la actitud negligente y de sospechosa pasividad de la policía?
Decir negligencia es ser demasiado condescendiente y echarles un manto de comprensión que sin duda no merecen. La policía, según supimos luego de conversar con los tres compañeros que estaban en el edificio durante el turno noche y fueron violentados por esta patota, fue informada de lo que estaba sucediendo antes de la 1 de la mañana. Sin embargo, cuando llegaron, lo que menos hicieron fue detener a las personas que claramente estaban cometiendo un ilícito, irrumpiendo en un inmueble en el que no tenían ningún derecho a estar. Indudablemente fue necesario que los trabajadores se reunieran en la puerta, que viera el subcomisario la masiva decisión que había de parte de los compañeros de no abandonar el edificio, para que finalmente la fiscal decidiera entregarlo nuevamente a la cooperativa. Lo que interpretamos desde Correpi es que esto ha sido un claro intento de, a través de la acción de esta patota y de la presencia del provocador Martínez Rojas, al igual que ocurrió en la planta transmisora de Radio América, forzar la salida de los trabajadores del lugar para neutralizar lo que más les molesta, no solamente al empresario sino fundamentalmente al propio gobierno, que es la existencia de un diario que es la voz y la palabra de los trabajadores, sin intermediación, y que además viene dando cuenta de su propio conflicto y del conjunto de los conflictos de los trabajadores de prensa y de los trabajadores en general. Evidentemente, si no hubiese habido la reacción que hubo, que en poco más de una hora se reunieran aquí más de 150 compañeros, probablemente ahora estaríamos denunciando el haber perdido el resguardo del edificio por parte de los trabajadores.
Hoy se presentará una denuncia penal contra Martínez Rojas y el resto de los usurpadores.
Sí. Esto debería haber seguido con la detención e indagatoria de quienes irrumpieron en el edificio, causaron destrozos, amenazaron, lesionaron compañeros, etc., y además con un móvil muy puntual, el de interrumpir la salida de un medio de comunicación, lo que ya constituye una violación mucho más importante todavía que la enorme cantidad de daños que se pueden ver en las fotos y videos. Como eso no ocurrió a través de la intervención de oficio, los compañeros de la cooperativa se van a constituir como querellantes en esa causa, y desde Correpi vamos a proveer el patrocinio solidario. Y en esa querella vamos a tratar de impulsar la investigación del conjunto de los delitos y el juicio y castigo a los responsables. Naturalmente, por el tipo de delitos que se van a imputar seguramente se va a plantear una cuestión de incompetencia del fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, y esto pasará a la órbita penal de la Nación.
