A. M.
En dos textos enérgicos y venenosos, la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó en contra del pedido del gobierno para suspender por 120 días la tramitación del acuerdo de pago por la deuda que el Correo Argentino propiedad del Clan Macri mantiene con el Estado, que preside Mauricio Macri. Pero no solo eso: en los extensos documentos, la fiscal vuelve a arrojar sospechas sobre el trámite del concurso y retoma los vínculos del Correo-gate con el banco offshore que usó Odebrecht para pagar sus coimas.
Boquín que en dictámenes anteriores destapó un intento de condonación multimillonaria consideró que la suspensión propuesta por el gobierno implica «una demora injustificada del trámite en perjuicio de los acreedores y un tratamiento desigual».
La fiscal también indicó que «con la retractación formulada por el Estado Nacional, resulta evidente que la concursada no ha alcanzado las mayorías necesarias para forzar un acuerdo que involucre a todos los acreedores». En ese punto, la fiscal recordó que para conseguir las mayorías para llegar a aquel acuerdo «ruinoso» para las arcas públicas, 354 acreedores vendieron o cedieron su voto a un grupo de 14 personas, en su mayoría vinculadas al Grupo Macri, y algunas incluso integrantes del directorio del Correo.
Como informó este diario en febrero pasado, las maniobras para obtener las mayorías involucraron al Banco Interamericano (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) que cedieron sus créditos al Meinl Bank Antigua. Según se descubrió en el Lava Jato, la entidad, propiedad en un 51% de la constructora Odebrecht, fue clave para el pago de 1600 millones de dólares en sobornos de esa empresa. «
