La Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de emprolijar y corregir el vergonzoso proceso concursal del Correo Argentino, administrado por la empresa históricamente vinculada con la familia del presidente Mauricio Macri, que encontró en la Justicia en lo Comercial la puerta de entrada a todas las chicanas imaginables. Un concurso preventivo de acreedores debe durar unos dos años; tres sería una exageración al límite de lo tolerable sin que haya que considerar que se están cometiendo algunos delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación. El proceso del Correo Argentino se inició en 2003, es decir que lleva ya 16 años. No hay doctrina de ningún tipo en la teoría del Derecho que pueda justificar tamaño disparate.
El Correo Argentino (ahora virtualmente intervenido por una tardía decisión judicial) es, también, la puerta de acceso para inaugurar la lista de funcionarios de alto rango del actual gobierno que podrían terminar condenados en la Justicia penal. Un fallo de la Cámara Federal de Casación liberó las manos del juez Ariel Lijo para que resuelva la situación procesal de, entre otros, el actual ministro de Defensa y ex de Comunicaciones Oscar Aguad. El hombre al que se le perdió un submarino con 44 tripulantes a bordo y se enteró de eso leyendo un portal de Internet fue indagado (junto con el presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, y al abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher) en marzo pasado. Los jueces disponen de un plazo ordenatorio de diez días hábiles para resolver si procesan, sobreseen o dictan falta de mérito a un acusado por un delito. Queda claro que ese plazo está largamente excedido. Ello fue posible porque Aguad puso todas las piedras posibles en el camino de Lijo y el juez no supo, no quiso o no pudo, removerlas por sí mismo.
Aguad consintió una «negociación» entre la empresa de la familia Macri y el gobierno de Mauricio Macri para perdonar el 98,5% de una deuda estimada por la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín en 70 mil millones de pesos. El juez Lijo ordenó un peritaje (que podría durar más de un año) para determinar si ese acuerdo –que finalmente no se concretó por el escándalo que generó– es «abusivo». Y, de paso, determinar cuál es el monto de la deuda, ya que la empresa del todavía presidente objeta el monto.
¿Aguad puede ser procesado? Sí. ¿Cuándo? Como siempre y más que nunca, esas decisiones parecen ahora atadas al escenario político más que a los manuales judiciales.
¿Qué papel juega la Corte en este entramado? Cuando Macri «ordenó» dejar sin efecto el acuerdo que beneficiaba multimillonariamente a la empresa familiar se inició un nuevo dispendio de tiempo, de recursos y de excusas. Correo Argentino entró en concurso en 2003; en 2005 un juez en lo Comercial decretó su quiebra pero ese mismo año la Cámara revocó la decisión y dio inicio a una maraña procesal imposible de explicar mediante el raciocinio. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos los tiempos se precipitaron a favor del negocio familiar, pero Boquín pateó el hormiguero y los funcionarios que antes se hacían los distraídos tuvieron que despertar. Así el propio Macri, el secretario de Modernización, Andrés Ibarra; su director de Coordinación, Fernando Viola; y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se excusaron de intervenir en el procedimiento.
Correo Argentino presentó entonces una propuesta «mejorada» de acuerdo. Consistía básicamente en pagar a valores históricos la deuda de 2003, un total de 296.205.376 pesos. Al cambio del viernes, unos cinco millones de dólares. Pero si se tomara como referencia la cotización de la divisa estadounidense en el momento de la convocatoria, el monto trepaba a unos 75 millones. La iniciativa incluye una alquimia rocambolesca sobre los intereses, que además deberían compensarse con los reclamos de la empresa de los Macri al Estado Nacional y al menos otros cuatro procesos en los que el Correo Argentino le exige pagos al erario.
El Estado pidió un plazo de 120 días hábiles (en términos de calendario, unos siete meses) para responder si acepta o no la propuesta. La Cámara en lo Comercial, en julio último, le otorgó 15. El Estado apeló y consiguió llegar hasta la Corte. Los 15 días ya se esfumaron; de los 120 que pidió el Estado, ya transcurrieron cuarenta. Cuando la Corte se pronuncie, probablemente todos los plazos estén superados y lo único que habrá pasado será el tiempo.
El máximo tribunal tiene una opción de máxima y varias de mínima. Podría, por ejemplo, decretar la nulidad del proceso desde un punto determinado (acaso 2005 en adelante) y emplazar al Estado a que acepte o rechace la propuesta para así acelerar la definición de un expediente que ya supera los tres lustros. Podría incluso ordenar a la Cámara que inicie el «cramdown», es decir, abrir la posibilidad de que un tercero formule una propuesta superadora a los acreedores y se quede con la empresa. Pero también tiene herramientas intermedias y de relevancia ciertamente menor, que en los hechos poco menos que perpetuarían el trámite judicial. «
