La fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín quemó las naves en el expediente por la presunta quiebra fraudulenta de la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de la familia del ex presidente Mauricio Macri.

En un tremendo dictamen de 18 páginas, pidió el desplazamiento definitivo de la conducción privada de la empresa y la designación de un interventor que pueda determinar, después de 18 años de concurso de acreedores, cuál es la deuda real, explorar definitivamente la posibilidad de un salvataje o, en caso contrario, dictar la quiebra.

“Nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”, acusó Boquín.

La fiscal viene denunciando maniobras presuntamente defraudatorias por parte de la empresa que administraba la gestión privada del correo desde que detectó un intento de acuerdo ruinoso para el Estado argentino.

Con Macri como presidente, el Estado había acordado con la empresa Correo Argentino -de la familia Macri- una quita de más del 98 por ciento de la deuda, en un supuesto convenio para evitar la quiebra.

Desde entonces, Boquín sufrió presiones que llegaron, incluso, a un intento de apartarla de la causa que naufragó en la Corte Suprema.

En setiembre del año pasado fue designado por parte de la Cámara en lo Comercial un “coadministrador actuante”, para controlar maniobras “relativas al aumento del pasivo posconcursal e incertidumbre sobre su real cuantía”. La designación advertía que “podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores en un eventual escenario falencial teniendo en cuenta la posibilidad de fracaso del cramdown (procedimiento de salvataje, ndr) y la inmediata quiebra de Correo Argentino S.A.”.

Pese a que hace casi cinco meses que está en funciones, el coadministrador no pudo aún determinar la deuda real de la empresa.

La fiscal pidió, ante ese escenario, la designación de “un interventor judicial con desplazamiento total del órgano de administración hasta que concluya el procedimiento de salvataje, sin que ello afecte la legitimación de la concursada y de sus órganos naturales para recabar nuevas conformidades a la propuesta de acuerdo”.

La intervención, lisa y llana, de la empresa.

¿Por qué lo pidió?

Porque durante todos estos años de insólitamente extenso trámite judicial la fiscal detectó “la presentación de conformidades fraudulentas para obtener la homologación del acuerdo preventivo” que resultaba ruinoso para el Estado argentino.

Además, “el presunto vaciamiento progresivo de la empresa mediante pagos que se encuentran cuestionados y en investigación (pago de cifras millonarias en concepto de honorarios profesionales por ‘asesoramiento legal concursal’, como a estudios jurídicos de los cuales forman parte integrantes del propio directorio de Correo”. Dicho de otra manera: se pagaban a sí mismos.

La fiscal también detectó “otros egresos por importantes” como “sumas a favor -en su gran mayoría- de consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con los letrados de la concursada, sus directores y/o apoderados, montos elevadísimos en concepto de ‘anticipos al directorio’ en infracción a la normativa societaria”.

“Ello ha perjudicado a los acreedores pero también al accionista minoritario (Estado Nacional)”.

“El régimen concursal no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación, responsabilidad y acciones persecutorias, si hubiere lugar”, resumió Boquín.