Con la cuenta regresiva a cuestas para iniciar el operativo de vacunación contra la covid-19 en enero, esta semana el Gobierno concretó los principales trazos de la relación económica y política que mantendrá con las provincias durante el año electoral. El presidente Alberto Fernández construyó este viernes en Casa Rosada una escena que, por la cantidad de presentes, no se repetía desde hace al menos seis años. Reunió en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, conducido por Eduardo «Wado» De Pedro, a todos los gobernadores. Fue para firmar la suspensión del pacto fiscal de 2017, que en ese año contó con la presencia de 19 mandatarios. Esta vez fue sin el gancho del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que pegó el faltazo para exhibir su desacuerdo. Sin embargo al mismo concretó una medida compensadora para las finanzas capitalinas con tres objetivos: sumar recursos en medio de la tensión que mantiene con Nación, no cortar por completo los puentes con la Rosada y reducir su aislamiento político con las demás provincias, incluso las aliadas.
Casi a la misma hora de la foto en Rosada, el alcalde ordenó a su ministro de Hacienda, Martín Mura, que presente a la Legislatura porteña un proyecto de ley para denunciar el pacto fiscal de 2017. Así, la Ciudad dejará de ser signataria de este acuerdo que el macrismo considera modélico, aunque obligaba a los estados provinciales a reducir progresivamente sus impuestos locales, como parte de los ajustes fiscales acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el gobierno porteño confirmaron a este diario que la denuncia de ese pacto fue presentada este viernes y será tratada la próxima semana junto con la aprobación del presupuesto capitalino. Se trata de una salida alternativa para frenar la reducción progresiva de impuestos que los demás gobernadores, incluidos los tres radicales, acordaron con la Nación este viernes. Les permitirá contar con una recaudación adicional de unos 70.000 millones de pesos para utilizar en 2021, el año donde el oficialismo y la oposición volverán a medirse electoralmente.
Larreta contará con un aumento en la recaudación cuando sus legisladores voten esta semana salirse del pacto fiscal 2017. De ese modo, el alcalde afrontará con mayor respaldo local la contienda con la Rosada, que ahora transita en soledad porque sus aliados radicales en Cambiemos, el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez no lo acompañaron en la parada.
Morales se sumó además al pedido de suspensión de las PASO en 2021 realizado por una decena de gobernadores peronistas en el encuentro con Fernández. El presidente se mantendrá expectante. Les pidió que sumen consensos al respecto y no descarta la posibilidad. Además de los argumentos económicos, la supresión provisoria de las primarias nacionales podría complicar a la oposición en distritos calientes, como la Capital o Córdoba, pero contar con escaso alcance en la provincia de Buenos Aires. En la tierra gobernada por Axel Kicillof la ley sólo podría ser reformada con acuerdo de Juntos por el Cambio que tiene mayoría en el Senado bonaerense.
Los tres mandatarios que tiene la UCR firmaron la propuesta fiscal del Gobierno y acordaron, entre otros puntos, abstenerse de judicializar las diferencias con la Nación y retirar cualquier planteo presentado a la Corte. Larreta está en medio de un tirante conflicto por la reducción de la coparticipación federal que Fernández aplica en dos tramos. Es una quita del 2,1% que se hizo mediante un DNU y el establecimiento por ley del monto que le debe girar por la transferencia de una parte de la Policía Federal.
La primera medida fue impugnada por Larreta ante la Corte. La segunda avanzó esta semana en Diputados, en una ajustada aprobación que consiguió el oficialismo con el apoyo de los cuatro representantes del bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti.
En ese apoyo radica otra característica del juego que arma la Rosada con las provincias en la previa del 2021. El esquivo cacique cordobés gozó de una excelente relación con Mauricio Macri durante su mandato presidencial. El acercamiento con Fernández se terminó de encaminar esta semana. Fue primero con la reelección del intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, que el domingo pasado se transformó en el primer justicialista reelecto al frente del segundo distrito más importante de Córdoba. Continuó el martes en Diputados y concluyó el viernes con la firma del pacto fiscal.
Los tres movimientos cayeron como una piedra en los ánimos de Juntos por el Cambio. Generaron bronca en el entorno de Macri y decepción en Larreta. Sus funcionarios ahora se preparan para que el proyecto de recorte de coparticipación vuelva al Senado donde la mayoría del Frente de Todos ya le dio dictamen favorable y lo transformará en ley el próximo jueves 10 de diciembre.
En la Corte susurran que no se expedirán sobre la impugnación que presentó la Ciudad hasta que el Congreso defina el proyecto de ley. En el Gobierno porteño temen que el máximo tribunal opte por una salida intermedia que no los satisfaga. Acotan sin embargo que puede resultar mejor que la instancia de negociación entre partes por 60 días que fue incluida esta semana en Diputados por iniciativa de Schiaretti.
Esa instancia cuenta con la intervención de la Comisión Federal de Impuestos donde están los ministros de las 24 provincias. «Ésa instancia es ficticia. Es una cancha inclinada y mientras estemos negociando en esos dos meses seguiremos perdiendo 150 millones de pesos diarios», bramó una alta fuente porteña.
Al igual que su jefe, observa el escenario con discreta resignación. Una parte de la coparticipación que les dio Macri en 2016 está virtualmente perdida, pero insiste que las instancias de negociación no están cerradas. En términos jurídicos, Larreta tiene hasta el 31 de diciembre para firmar el pacto 2020 y la decisión de salirse de la versión 2017 confirma que el duelo de desconfiados todavía no ha terminado. Sólo transita otra etapa crítica.
