Organismos de Derechos Humanos y antirrepresivos advirtieron esta mañana la peligrosidad de la implementación generalizada de la denominada doctrina Chocobar. “Es la conversión en ley del gatillo fácil”, dijo María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que “el gobierno está poniendo en práctica la teoría del «enemigo interno». Ambas organizaciones salieron a repudiar el protocolo que autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas sobre situación de fuga y que se publicó hoy en el Boletín Oficial. La decisión del gobierno fue adelantada por Tiempo en su edición del domingo. 

Verdú recordó que, antes de la Cumbre del G20, el Ministerio de Seguridad había asegurado que el uso de armas letales estaría limitado a una situación de peligro contra los líderes presentes en Argentina para participar de las deliberaciones en Costa Salguero. “A partir de la publicación en el Boletín Oficial vemos que quieren ampliar esa resolución para uso general. Es la conversión en ley del gatillo fácil”, sentenció.

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La abogada explicó que “cada una de las hipótesis que ponen para justificar el uso de armas letales son las excusas que dan los efectivos en los juicios por fusilamiento de gatillo fácil: delito de lesiones (caso Chocobar), o que la policía suponga que el otro está armado aunque no lo esté (caso Céspedes)”.

“En las normas del manual de capacitación de la Policía Federal, vigente de marzo 2002, establece que tiene que haber una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio en enfrentamiento con personas armadas con el mínimo de riesgo posible para terceros. Y también se establece que, en caso de fuga, no se justifica el uso de armas excepto que en su huida el agresor continúe haciendo fuego. Prescribe que entre matarlo o dejarlo escapar, hay que dejarlo escapar. Todas las técnicas y tácticas policiales privilegian la vida de las personas. Disparar es el último recurso disponible sólo para protección propia y de terceros”, explicó.

La abogada recordó que “hay dos tratados internacionales de la Asamblea de la ONU, uno de 1979 y otro de 1999, incorporados a la normativa de aplicación interna, que son los códigos de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que contemplan sólo usar arma de fuego cuando otros medios sean ineficaces, respetando y protegiendo la vida”.

En tanto, Carlotto señaló que «el gobierno está poniendo en práctica la teoría del «enemigo interno» que se utilizó durante la dictadura». “No vamos a tener miedo como ellos quieren. No nos deprimimos, seguiremos luchando por recuperar el pais”, concluyó la referente de Derechos Humanos.

Desde el Parlamento, la diputada Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) sostuvo que la resolución es “muy grave, Bullrich autoriza el uso de armas de fuego, permiso de fusilar a pibes, pobres y disidentes”.

Por otra parte, el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, aseguró que «en lugar de proteger la vida de los ciudadanos, el Estado impone la violencia”, y señaló que el reglamento “comete un fraude de etiqueta ya que incluye, bajo el ropaje del cumplimiento del deber y la legítima defensa, situaciones en que el peligro ha cesado (…) Este supuesto permitiría absolver al policía Chocobar por el asesinato de Pablo Kukoc, perpetrado cuando este huía sin representar grave e inminente peligro la vida de terceros”. Advirtió además que la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich “viola los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana en 1990″.

HIJOS Capital expresó: “Lo dijimos y ella lo confirma: Patricia Bullrich es el brazo armado de la miseria planificada”. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos publicó: “El gobierno, de manera inconstitucional, legaliza el gatillo fácil y la Doctrina Chocobar. ¡No podemos permitirlo!”, llamó.


Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analizó y adviertió: “Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial. A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”.

A su vez, AGD UBA manifestó: “Llamamos a las y los docentes a pronunciarse en contra de esta resolución, que significa un retroceso en nuestras libertades democráticas y un aval a la barbarie de los aparatos del Estado”.